MAPDER XII: Un ventarrón de protesta se levanta en Jalcomulco

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En 2010 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer los 510 proyectos hidroeléctricos programados a nivel nacional para el periodo 2011-2015, de los cuales 112 corresponden al estado de Veracruz: presas, plantas hidroeléctricas, acueductos, trasvases, todo orientado a la privatización del recurso más vital, el agua. Los pueblos y organizaciones de la sociedad civil que participan en el XII encuentro nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), coinciden en que estos proyectos, lejos de contribuir al desarrollo social de las comunidades rurales y urbanas, son sinónimo de muerte y destrucción.

Los testimonios de resistencia y arraigo que nacen de los pueblos veracruzanos, en particular de Jalcomulco, donde se desenvuelve el encuentro, son tan dolorosos como esperanzadores para los diversos movimientos que acuden de todo el país al evento, pues aquí, a pesar de la represión y del poderío empresarial, muchos ríos siguen corriendo libres.

Escucha la Declaración de Jalcomulco, resultado de tres días de intercambio

 

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Delegaciones de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Estado de México, Puebla y Costa Rica

«Sacaremos a Odebrecht de la barranca»

Melesio García Morales, campesino de Limones, municipio de Cosautlán, inauguró la jornada de intercambio con sus corridos populares dedicados, entre otras, a la empresa brasileña Odebrecht, que desde 2010 amenaza con destruir la cuenca La Antigua. Este vasto sistema hídrico comprende los ríos Pixquíac, Pintores, Paso Limón, Texolo, Río Chico y Tlaltetela; atraviesa 12 municipios y soporta cerca de 1 millón de habitantes. Sus aguas caudalosas descienden por las faldas del Cofre de Perote entre barrancas y cascadas, para confluir a la altura de Jalcomulco y después seguir su camino pausado hasta el Golfo de México, ya como un sólo río: Los Pescados.

Vista sobre el río Jalcomulco

Vista sobre el río Los Pescados, a la altura de Jalcomulco

Por su ubicación geográfica pero sobre todo, por el valor de su gente, Jalcomulco es el centro neurálgico de la resistencia contra las represas proyectada por grandes potentados económicos nacionales y extranjeros sobre esta cuenca. A escasos 3 kilómetros río arriba, es donde la transnacional Oderbrecht planeaba levantar la faraónica presa de derivación Propósitos Múltiples Xalapa.

Los habitantes de este poblado, famoso por su oferta ecoturística, fueron los primeros en desenmascarar este proyecto de muerte cuando en 2010 se acercaron personas desconocidas para hacer una Manifestación de Impacto Ambiental —aseguró Gabriela Maciel, vocera de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), la organización regional anfitriona del encuentro. Fue entonces cuando las y los jalcomulquenses comenzaron a entender el tamaño de la amenaza: no sólo se trataba de construir una cortina de concreto de 100 metros de alto por 700 de ancho a orillas del ejido de Tuzamapan –supuestamente para bombear y vender agua a Xalapa (1000 metros arriba) y generar energía eléctrica para la población–, sino de producir un conjunto de obras río arriba, incluyendo la presa Matlacobatl y el complejo de «mini-presas» Isletas 2, que serviría para impulsar el «desarrollo» de la economía maquiladora y la industria extractiva en la región.

«Nos dimos a la tarea de hacer una labor de información a lo largo de toda la cuenca, que incluyó 42 comunidades albergadas en 12 municipios», explicó Gabriela. El proyecto inundaría 400 hectáreas de tierra afectando las actividades pesqueras, la ganadería, la agricultura (café, caña, mango, limón, naranja, papaya) y el ecoturismo. Lo que es peor, la sismisidad de la zona auguraba un futuro funesto a Jalcomulco y a todas las comunidades ubicadas río abajo.

La lucha se intensificó en octubre de 2013 cuando los pobladores vieron entrar la maquinaria de Odebrecht. Para impedir que la transnacional colocara la primera piedra del gigante de concreto, los defensores del río instalaron un campamento en el predio Tamarindo, bloqueando la pequeña desviación carretera que conduce al sitio previsto para la obra. Así nacieron los «Centinelas del Río», habitantes de toda la cuenca que se turnan para vigilar la zona día y noche, los 365 días del año, desde enero de 2014. Esta lucha pacífica, documentada por el colectivo Espora en La Antigua: Sangre que nutre,  «ha logrado penetrar el corazón de cada uno de los habitantes que están en la cuenca alta y baja» celebró José Luís Hernández, del tal forma que Odebrecht no ha podido empezar a construir su presa.

Además, los defensores del río están llevando una lucha jurídica sin concesiones. Reunidos en la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, presentaron una demanda colectiva contra la empresa, la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Energía y el gobierno de Veracruz, ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Mixta, con sede en Xalapa, por «acción de obra peligrosa» que causa daños al medio ambiente. Las mil 800 personas que firmaron esta demanda siguen esperando la decisión del tribunal.

La presa El Naranjal

La codicia sobre los recursos naturales de Veracruz es enorme. El proyecto que quiere imponer la empresa Hidroeléctrica Naranjal SAPI de CV en el Río Blanco, afecta a las comunidades campesinas de ocho municipios: Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán, Naranjal, Cuichapa, Yanga, Coetzala, Amatlán de los Reyes y Omealca. La empresa «ingresó a nuestras comunidades con engaños y violencia contra ejidatarios y comuneros que poseen las tierras», denunciaron durante el encuentro Lilia Jiménez Romero y Marta Galiote, habitantes de Amatlán de los Reyes y miembros del colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, al cual pertenecía Noé Vásquez Ortiz, asesinado por sicarios durante el X encuentro nacional del MAPDER.

La lucha de Noé y de Defensa Verde también inició en 2010. Las visitas de agentes extraños que pedían permiso para realizar estudios de suelo en sus terrenos los alertó. Estos agentes encubiertos hacían creer a las comunidades que su objetivo era inventar nuevos fertilizantes para mejorar los cultivos y quienes se atrevían a impedirles el paso, empezaron a ser sujetos de intimidaciones, incluso armadas. Por un tiempo la constructora propiedad de Guillermo X González Guajardo, quien encabeza una red de empresas dedicadas al sector energético, consiguió realizar algunos estudios, pero muy pronto se tuvo que enfrentar al rechazo sistemático de los habitantes.

Prevista para 2013, la presa se encuentra parada gracias al trabajo de Defensa Verde, que junto a La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), se dio a la tarea de investigar e informar a las comunidades sobre los impactos del megaproyecto «para que la gente conozca sus derechos» y decidan libremente si van a vender o no sus tierras —dijeron las compañeras.

Según lo asentado en la Pre-audiencia sobre «Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad» del Tribunal Permanente de Los Pueblos (TPP), El Naranjal afectaría mucho más que la vida de los ríos, también mermaría la agricultura, la ganadería y el ecosistema en su conjunto.

Las cuencas del centro de Veracruz bajo amenaza

Las cuencas del centro de Veracruz bajo amenaza

De realizarse, El Naranjal sería la hidroeléctrica más grande de Veracruz y la novena del país. Las aguas embalsadas de los ríos Blanco y Metlac serían desviadas a través de un canal de 23 kilómetros antes de llegar a la casa de máquinas, consistente en 2 turbinas con potencia de 180 megavatios cada una. Sin embargo, ante la creciente oposición de la gente, la empresa tuvo que modificar el proyecto inicial y ahora propone enterrar el canal a unos 100 metros de profundidad. Pero a la gente no le bastó el argumento. «El problema es que el agua del río Blanco es muy sucia porque las industrias descargan sus desechos químicos allí y tememos que contaminen nuestros mantos acuíferos en caso de fisura», explicó Lilia Jiménez Romero en entrevista.

«Tenemos que luchar por nuestras tierras, por nuestra gente, por nuestras familias, por nuestros ríos», insistieron las compañeras de Amatlán ante el pleno. «El objetivo es que la empresa no lleve a cabo el proyecto en nuestras tierras porque no lo estamos pidiendo, son ellos que lo quieren imponer y deben respetar nuestra decisión».

Entre las acciones de defensa jurídica, se interpuso un amparo contra las dependencias que dieron los permisos a la empresa sin informar a las comunidades, pero éste fue rechazado por el juzgado de Córdoba. Ahora está en proceso de revisión ante el magistrado en Boca del Río. Mientras tanto, los promotores del proyecto siguen con su campaña de mentiras esperando así consumar el despojo.

La defensa del río Atoyac contra los trasvases

En el 1998, el ex-gobernador de Veracruz Fidel Herrera manifestó su intención de construir un acueducto para llevarse el agua del río Atoyac, que nace en las alturas del municipio de Amatlán, hacia la ciudad de Córdoba. «Nos movilizamos contra este proyecto porque el río sustenta el sistema de riego de 120 mil hectáreas de cultivos básicos de los municipios de Atoyac, Carrillo Puerto, Yanga, Cuitláhuac y Amatlán», explicó en entrevista José Enedino González Nava, presidente de Pueblos Unidos Pro Derechos Constitucionales A.C. «Iban a sacar muchísima agua: 14 pulgadas por segundo», puntualizó.

Como salido de ultratumba, el proyecto revivió en 2012 y fue necesario instalar un campamento en la localidad de Ojo de Agua Grande para impedir la entrada de la maquinaria. Al igual que en Jalcomulco, el campamento se ha mantenido para enfrentar cualquier reactivación de la construcción y recibe regularmente visitas solidarias de organizaciones veracruzanas, nacionales e internacionales.

Todavía en 2014, el ayuntamiento de Amatlán propuso derivar las aguas del Atoyac hacia la zona industrial vecina donde se ubican empresas como Bimbo, Coca Cola y San Roque. Las consecuencias de la reiterada movilización y rechazo público por parte de los defensores del río fueron claras: «las autoridades nos dejaron sin obras y casi sin programas sociales», aseveró José Enedino.

La cuenca del Bobos-Nautla y las mini-hidroeléctricas

Existen 22 proyectos de hidroeléctricas en esta cuenca ubicada al norte del estado, entre los cuales están las tres «mini-hidroeléctricas» (PH1, PH3 y Ocampo-Cuetzalin) que promueve la española Impulsa Generación Renovable (IGR) sobre el río Jalacingo. «Nuestra lucha ha sido difícil», sopesó Aurora Juárez Barriento, de la comunidad de Epapa, quien forma parte de la Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa del Río Bobos-Nautla.

Desde el 2009, la Alianza ha contenido la construcción de los «mini» proyectos y evitado sus «mega» afectaciones. En abril de este año, los habitantes de Jalacingo ganaron un amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, que ordenó la suspensión provisional de las tres obras, evitando «que se afecte el entorno ecológico de las comunidades indígenas, en específico el derecho humano al agua, impidiéndose un daño irreversible en los manantiales situados en dichos sectores desprotegidos de la vida nacional», como indica el fallo de tribunal.

Aurora Juárez

Aurora Juárez, defensora del río Jalacingo

Ganaron una batalla pero siguen en resistencia contra la campaña de desinformación de IGR. «Hace unos 15 días estuvieron los de la empresa con integrantes de Pronatura (una organización ambientalista). Llevaron oficios a las autoridades comunitarias porque dicen que quieren dar pláticas a los niños y a los jóvenes y hablar de la importancia de la reforestación que están haciendo», contó Aurora. «En ese oficio dice que para aminorar los impactos que van a causar las hidroeléctricas van a reforestar y enseñar a los niños a cuidar a la naturaleza. Que contradicción!» —se ofendió.

Además de enfrentar la hipocresía, los opositores a las presas son señalados por la autoridad municipal que los acusa de estar «en contra del progreso» de su comunidad. «Vamos a seguir en resistencia», aseguró la luchadora.

Teocelo protege al Río Matlacóbatl

Los habitantes del municipio de Teocelo, organizados en la Asamblea Matlacóbatl Teocelo (AMA Teocelo), combaten desde el 2012 la construcción de dos proyectos complementarios de «mini-hidroeléctricas» que fueron autorizados sin la más mínima consulta de las comunidades afectadas. El primero, Sistema de Generación Hidroeléctrica Matlacobatl, es un proyecto de Constanza Energética, SA de CV. sobre el río Matlacobatl (Serpiento Azul), al sur de Xalapa, en la cuenca de La Antigua. El segundo, bautizado «Isletas», está a cargo de Perseveranza Energética, SA de CV. e involucra a los municipios de Coatepec y Xico. Las tres «mini-hidroeléctricas» de Isletas afectarían irremediablemente a los ríos Texolo, Limón y Pintores. Ya que por más «minis» que sean, «el impacto ambiental es el mismo», sentenció Cristel Martínez, habitante de Teocelo e integrante de AMA Teocelo.

En este caso, los empresarios amenazan con destruir la barranca Matlacóbatl, «un lugar de diversidad increíble» reconocido por la Convención Ramsar relativa a los humedales de importancia internacional. A su vez las cascadas del Infiernillo y Tocuapan, reconocidas por la gente del lugar, prácticamente desaparecerán.

Los desplazados de Barranca Grande

En 2008, la comunidad de Barranca Grande, ubicada en las cañadas del municipio de Ixhuacán de los Reyes, sufrió un deslave que destruyó una decena de viviendas y cobró la vida de dos personas. Con este pretexto, la comunidad fue decretada zona de desastre y se dio inicio a la reubicación de 355 familias en la flamante ciudad rural de Barranca Nueva, construida a unos 10 kilómetros de ahí.

Las medidas de presión para forzar a la gente a mudarse a las nuevas «casas lujosas de cartón» —como las califican los habitantes más renuentes al desplazamiento— han ido en aumento: primero se les negó la educación a los hijos de las familias que decidieron quedarse en Barranca Grande de tal forma que la escuela del pueblo se ha quedado sin maestros; ahora el Instituto Federal Electoral se niega a empadronar a estas familias, como una medida para evitar el regreso de muchas otras que empiezan a entender el tamaño del engaño y que lamentan su nueva situación. En efecto, al mudarse a Barranca Nueva, tuvieron que dejar sus tierras y sus huertos, que eran precarias pero verdaderas fuentes de sustento cotidiano.

Escucha todas las ponencias veracruzanas en este link

Hoy, la comunidad se encuentra fatalmente dividida. No son raros los casos de jefas de familia que se mudaron a la ciudad rural para garantizar la educación de sus hijos, dejando a sus maridos a cargo de las antiguas viviendas, más amplias y mejor acopladas a los gustos y necesidades de la gente. Mientras algunos desplazados retornan hacia el paraíso ecológico que dejaron al fondo de la barranca, otros siguen a la espera y comienzan a poner en duda las verdaderas intenciones del gobierno. ¿Desde cuándo las autoridades veracruzanas se han preocupado por la seguridad de los asentamientos humanos? ¿No fueron las propias autoridades de protección civil las que reubicaron en Barranca Grande a las víctimas del huracán de 2008?

El crecimiento de lucha contra las preseas, así como la articulación desde 2010 de Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), no han hecho más que profundizar una sospecha que se lee en el paisaje: tal vez, al desplazar a los habitantes de Barranca Grande, el gobierno estaba preparándose para instalar sus presas e inundar la cuenca alta de La Antigua.

El MAPDER, una lucha nacional y unitaria por la vida

Desde luego, la participación de organizaciones y movimientos de todo México permitió la puesta en común de problemáticas y estrategias. Al encuentro acudieron comunidades que precisamente recibieron al MAPDER en encuentros anteriores, como el de Olintla, Puebla, del año pasado. Por ello, en la Declaración de Jalcomulco el movimiento en su conjunto manifestó su respaldo a la defensa de los ríos Apulco, Cempoala y Ajajalpan, todos parte de la cuenca del Tecolutla, donde la empresa Deselec-Comexhidro pretende imponer una serie de proyectos hidroeléctricos.

Presentación de Miguel Sánchez, de la Organización Totonaca-Nahua en Defensa del Territorio (Puebla)

 

A su vez, se hicieron presentes lxs compañerxsque del Consejo Intercomuitario del río San Pedro Mezquital (Nayarit) y del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Oaxaca), que luchan por la cancelación de los proyectos hidroeléctricos de Las Cruces y Paso de la Reyna, y que habían recibido, respectivamente, al IX y VII Encuentro Nacional del MAPDER. Uno de los más notorios contingentes fue el diverso grupo de organizaciones provenientes de Chiapas, las cuales tomaron el templete mientras daban lectura a su pocisionamiento.

Presentación de Julián López, del Consejo Nayeríh (Nayarit)

 

Presentación del COPUDEVER (Oaxaca)

 

Pocisionamiento de las organizaciones de Chiapas

 

Caída la noche, se hizo presente el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), que mantiene en Guerrero una resistencia incansable contra uno de los proyectos hidoeléctricos más controvertidos de los últimos tiempos. «Hemos padecido la más grave embestida por parte del gobierno en los últimos dos años con la detención de 5 compañeros, entre ellos la compañera María de la Cruz Dorantes Zamora y el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz, a los que se unen más de 80 órdenes de aprehensión y el asesinato del compañero Celerino García Hernández, que se suma a los cuatro compañeros asesinados en los años anteriores» —declaró Rodolfo Chávez, del CECOP. Por su parte, Marco Antonio Suástegui, en su primera aparición pública después de un año y medio de encierro en el penal del Altiplano, pronunció un poderoso discurso en el que rememoró la importancia de su pueblo en la historia del MAPDER, pues fue en Agua Caliente donde se realizó en 2004 el primer Encuentro de este movimiento que hoy confluye en Jalcomulco.

Discurso de Marco Antonio Suástegui, CECOP (Guerrero)

 

Luchas que asistieron al XII Encuentro Nacional del MAPDER

Luchas que asistieron al XII Encuentro Nacional del MAPDER

Finalmente, cabe mencionar la presencia de numerosos académicos comprometidos con la defensa del agua y los ríos, los cuales ayudaron a dilucidar las estrategias privatizadoras del vital líquido.

Declaración de Jalcomulco – Escrito final

Del 10 al 12 de noviembre en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, nos reunimos pueblos, organizaciones y defensores de los ríos y el agua en México para celebrar el XII Encuentro Nacional del MAPDER. El objetivo de este encuentro fue fortalecer las resistencias en defensa del agua, la vida y la tierra contra la política extractiva y diversos proyectos de infraestructura que amenazan la vida de los pueblos y ciudades.

Durante 3 días nos dimos cita, alrededor de 400 personas provenientes de distintos estados de la Republica: Chiapas, Colima, Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, y diversas regiones de Veracruz; así como la presencia de observadores internacionales: Costa Rica, España, Italia, Francia, Holanda, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Cuba.

Desde hace tres años los defensores del agua y los pueblos afectados por represas, analizamos los mecanismos que el Estado ha implementado para la imposición de la privatización de la energía y el agua, disminuir los costos de producción del capital de las industrias y desmovilizar la organización y autodeterminación de los pueblos sobre su vida. Es por eso que nos reunimos para compartir, consensar y decidir cómo y de qué manera continuaremos en nuestra lucha para defender, proteger y reivindicar nuestras alternativas de vida, distintas a las que el Estado pretende imponer sobre nuestro territorio.

Las organizaciones, movimientos, colectivos y personas que fuimos parte del XII Encuentro Nacional de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima y Distrito Federal,

Firmamos:

Los anfitriones del encuentro: Pueblos Unidos en Defensa de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (Pucarl) y Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).

Organizaciones de Veracruz: la Alianza Mexicana contra el Fracking, Coordinadora de Acción Solidaria en Defensa del Territorio de las Huastecas y el Totonacapan (CORASON), el Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, Por un Veracruz Limpio, Asamblea Ama Teocelo.

Movimientos y organizaciones de Jalisco, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Guadalupe Lara e Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.; Colima Bios Iguana A.C, de Nayarit, el Consejo Nayeríh; de Puebla el Consejo Tiyat Tlalli y la Organización Totanaku; de Guerrero, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, CECOP; de Oaxaca, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Copudever, y Servicios para una Educación Alternativa A.C., Educa; de Chiapas, el Comité Comunitario de Derechos Humanos del Valle Tulijá de Salto de Agua, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, el Movimiento Contra la represa de Huistán I y Huistán II, el Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres en la Toma de Decisiones, Chiapanecos en Defensa del Agua, la Voz del Pueblo, el Consejo Autónomo de la Costa de Pijijiapan, Las Abejas de Acteal, Movimiento Campesino Regional Independiente adherido a la Coordinación Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN); las organizaciones Otros Mundos A.C., Casa de la Mujer y las comunidades del municipio de Salto de Agua y San Juan Cancuc; del Distrito Federal, la Coalición Internacional para el Habitat, Oficina para América Latina, HIC-Al; Colectivo Hijos de la Tierra, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C.; de Colima, Bios Iguana.

Comunidades de Veracruz: Boca del Río, Llano Grande, Municipio de Teocelo, Cosautlán, Limones, Nueva Villa Barranca Grande, Municipio Ixhuácan de los Reyes, Coetzala, Municipio de Apazapan, Xalapa, Coatepec, Teócelo, Xico. las organizaciones: SENDAS AC., Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Invitados: Movimiento por la libertad del agua y vida Tlanixco, afectados de Costa Rica por la Presa Reventasón.

Este encuentro se enmarca en la aplicación de la primera fase de la Reforma Energética que impulsa de sobre manera los proyectos de fractura hidráulica y de presas para la generación de energía eléctrica, amenazando severamente los cuerpos de agua de las poblaciones rurales y elevando el costo de la luz a los usuarios domésticos de la ciudad y del campo.

También se contextualiza en la lucha contra la privatización del agua y contra el impulso del agua como una mercancía, muestra de ello es la propuesta de la Ley Korenfeld que aunque se cancelo, siguen presentes proyectos de privatización del agua, como: transvases de cuenca, Proyecto Monterrey VI, las concesiones de los servicios municipales de agua de la ciudad de Medellín, Boca del Río y el Puerto de Veracruz.

Todo esto se da en un contexto nacional de falta de confianza en las instituciones públicas que lejos de proteger la soberanía de los pueblos funciona para las empresas y el poder del Capital: Procuraduría Agraria, SEMARNAT, CONAGUA, Gobiernos estatales, nacionales, etc. de la democracia partidista como forma de participación política, así como en un contexto de injusticia, inseguridad, represión y criminalización de la protesta social, en muchos casos este hostigamiento proviene de empresas y gobiernos vinculados y/o que forman parte de las estructuras del crimen organizado.

La política extractiva que genera proyectos coordinados y de expansión, como en muchos casos, la minería tóxica asociada con la construcción de presas, gasoductos o bajo la técnica de fracking.

Proyectos a los que nos oponemos en Veracruz:

  • El Proyecto Propósitos Múltiples Xalapa, amenaza la cuenca del Río Antigua desde la parte alta de la cuenca hasta la parte media y baja, afectando a más de un millón de personas. Las características de dicho proyecto es una presa de 100 metros de altura por 700 metros de ancho con un embalse de 400 has. Este proyecto pertenece a un convenio entre la empresa Oderbrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz. Además de las concesión de los servicios municipales del agua Boca del Río, Puerto de Veracruz y Medellín.
  • Proyecto hidroeléctrico el Naranjal esta proyectado en el Río Blanco, consiste en una presa de derivación para la producción de energía de 180MW. Afectando a casi 60 mil personas en la región de Córdoba- Orizaba y del municipio de Amatlán.
  • Proyectos de “minihidraúlica” en la cuenca del rio Bobos-Nautla a cargo de la empresa IGR en el municipio de Jalacingo y Tlapacoyan.

DEMANDAS

Río La Antigua: Cancelación de todos los proyectos hidroeléctricos y de fractura hidráulica en Veracruz. Que se declare nulo el contrato realizado por la empresa brasileña Oderbrecht y el Gobierno del Estado de Veracruz. Que se respete la veda de 1935 que protege el río La Antigua y que se ratifique el decreto. Que se retiren las treinta y tres demandas que tienen, ejidatarios, avencidados y los miembros el comité.

Río Blanco: Destitución del delegado estatal de la Procuraduría Agraria Cirilo Rincón, quien ha estado hostigando al ejido de Cuichiapa para que vendan las tierras favor de la empresa Hidroeléctrica el Naranjal. Que el presidente municipal de Amatlán de los Reyes Miguel Ángel Castro Rosas por la intensión de despojar de un terreno comunitario de 20 has a campesinos del Naranjal los miembros del TINANM. Que los asesinos de Noé Vásquez se les dicte sentencia acusatoria.

Cuenca del Bobos-Nautla: Destitución del presidente municipal de Jalacingo, por operar recursos públicos a favor de los proyectos privados hidroéléctricos que hoy se encuentran por Ley suspendidos. Denunciamos la injerencia de la PRONATURA a favor de la empresa IGR. Advertimos la importancia de prohibir la técnica de fractura hidráulica, ya que atenta contra la soberanía alimentaria e hídrica.

Oaxaca: El MAPDER hace suya la exigencia del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever), de cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna, y con él declaramos nuestro rechazo a todo proyecto de desarrollo e infraestructura, en específico a las concesiones mineras previstas para la región costa y sierra sur de Oaxaca, así como a los 13 proyectos hidroeléctricos.

Guerrero: El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sostiene como única demanda la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico presa La Parota. Después de 12 años de incansable resistencia, los comuneros y ejidatarios seguimos en pie de lucha aún cuando hemos padecido la más grave embestida por parte del gobierno en los últimos dos años con la detención de 5 compañeros entre ellos la compañera María de la Cruz Dorantes Zamora y el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz a los que se unen más de 80 órdenes de aprehensión y el asesinato del compañero Celerino García Hernández que se suma a los cuatro compañeros asesinados en los años anteriores.

El CECOP agradece la hospitalidad y expresa la más amplia solidaridad con el colectivo de los Pueblos Unidos de Jalcomulco.

Proponemos que a partir de la toma de conciencia de la cambiante situación nacional, el MAPDER impulse la más sólida unidad con los movimientos sociales democráticos del país y, además de la lucha contra las presas y en defensa de los ríos, nos solidaricemos con las familias de los 43 normalistas desaparecidos; impulsemos la respuesta en contra del cambio climático integrpandonos a la marca mundial contra la COP21 y participemos en la resistencia contra el Acuerdo Transpacífico (TPP) para que se cancele. ¡México no debe entrar al TPP!

Nayarit: El MAPDER respalda y levanta la exigencia no negociable de los pueblos indígenas Nayerih y wixárika de cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital. Falso que las comunidades ya aceptaron el cambio de uso de suelo en consulta y que la construcción empezaría en enero de 2016, no hay tal. Repudiamos la sucia presión que los promotores de la presa hacen sobre los pueblos para intentar doblegarlos. Hacemos nuestra la palabra de nuestros hermanos y hermanas: No queremos una mesa de negociación, ni siquiera queremos ahora la consulta, porque ya lo decidimos, a las comunidades no nos conviene la presa y nosotros no la pedimos.

Jalisco: En el MAPDER exigimos se acate el fallo de la controversia constitucional 93/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aplique su Protocolo de Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, así como se garantice la seguridad y permanencia de las comunidades afectadas, Temacapulín, Acasico y Palmarejo, como el respeto a los Derechos Humanos de sus habitantes. Exigimos la cancelación del trasvase El Zapotillo-León que traería enormes afectaciones sociales y ambientales a Los Altos de Jalisco, una de las regiones productoras más importantes del país. Exigimos, además, una justa indemnización y resarcimiento integral de los daños morales, económicos y psicológicos a la luchadora social María Guadalupe Lara Lara, afectada por la presa de Arcediano, Jalisco.

Puebla: El MAPDER hace suya la exigencia de los pueblos totonaku-nahua-otomí-tepehua para que se cancelen proyectos hidroeléctricos, mineros y de fractura hidráulica en la Sierra Norte de Puebla. Respaldamos la defensa de las cuencas de los ríos Apulco, Cempoala y Ajajalpan, que desembocan en el Tecolutla, y donde pretenden imponer, entre otros, los proyectos hidroeléctricos Puebla 1, Puebla 2 y Puebla 3, de la empresa Deselec-Comexhidro, que afectarían sobre todo a municipios y comunidades de Ahuacatlán, San Felipe Tepatlán y Tlapacoya. Reclamamos la cancelación de las denuncias penales contra 14 compañeros. La decisión de los pueblos es: Si llegan las máquinas vamos a pararnos enfrente y a expulsarlas de nuestros territorios porque ya decidimos el rechazo a los proyectos de muerte.

Chiapas: En Chiapas nos oponemos a los proyectos de infraestructura y despojo de los bienes naturales de la súper carretera San Cristóbal-Palenque, contra la represa del Paso Naranjo y del Valle de Tulijá, contra la represa Huistán I y Huistán II en defensa del río Santo Domingo, contra la presa hidroeléctrica de Tenosique en defensa el río Usumacinta, contra los monocultivos de palma africana y Eucalipto, contra la privatización del agua en Tuxtla, contra la contaminación de un manantial por parte de la empresa de basura PRO-ACTIVA, contra la presa Cuilco y Chispal que afectan al municipio de Huehuetan y Mazatan, del río Cacahuatán y Coatán, contra la presa hidroeléctrica la Boquilla que afectará también a Guatemala, contra la presa Itsantun, Chinin y la explotación petrolera del Naranjo, así como diversos proyectos ecoturísticos.

En la cotidianidad nos enfrentamos a la criminalización de nuestras luchas, asesinatos, encarcelamientos y hostigamiento. En Chicoacén II tenemos al abogado Ortega Luna detenido y 17 órdenes de aprehensión. En nuestras comunidades hay constante intimidación, además de la compra de consciencias por medio de proyectos gubernamentales. Denunciamos la presencia paramilitar en nuestros pueblos que ha traído la muerte de nuestras familias. Esta estrategia de terror que usan los gobiernos para despojarnos de nuestras comunidades, tal es el caso del Pueblo Nuevo Solistahuacán donde asesinaron al compañero Armando Montejo López y a su hijo Celestino Montejo Díaz a mano del grupo Diablos Rojos.

Exigimos justicia para la familia Montejo, los diescisiente detenidos del MOCRI CEMPA MN y también para la familia de Mariano Abarca. Así mismo nos unimos a la lucha por la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos.

Colima: El MAPDER se solidariza con la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Colima, y exige al Registro Agrario Nacional no legalice la asamblea ilegal que promovió la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, para remover de su puesto a Taurino Rincón de la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales legítimamente electo en asamblea convocada en 2014 por la misma funcionaria y ahora lo criminaliza junto a los comuneros Rosalío Martínez y Jesús Martínez bajo denuncias penales de despojo y crimen organizado. Exigimos cese el hostigamiento y criminalización de la organización Bios Iguana, así como reclamamos respeto a la declaratoria de territorio libre de minería que hizo la comunidad indígena en asamblea legal.

Concluimos:

  • Exigimos la cancelación de los proyectos de presas en México, en su lugar demandamos la protección y saneamiento de los ríos.
  • Cesen todos los proyectos de fractura hidráulica en la región Huasteca y Totonoca y sur de Veracruz.
  • Se libere y se atienda la salud de los compañeros de Chicoasén II de Chiapas y nos solidarizamos con la liberación de la compañera Nestora Salgado.

El MAPDER envia un saludo solidarios a las comunidades de la cuenca del río Doce, Brasil, departamento Bento Rodrigues Minas Gerais, donde estallaron dos represas de jales de la empresa minera Samarco Vale & Billiton que ocasionaron la muerte de 16 personas, 200 desaparecidos y contaminan el agua del afluente.

¡¡Ríos para la vida no para la muerte!!
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

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  1. WILSON LOPEZ GONZALEZ.

    LOS ARGUMENTOS CON QUE ABANDERAN SUS PROPOSITOS QUIENES DESEAN CONSTRUIR ESTAS MINIHIDROELECTRICAS OCULTAN LOS DANTESCOS DAÑOS Y CONSECUENCIAS, Y APUESTAN AL SOBORNO DE LIDERES COMUNITARIOS Y FUNCIONARIOS DE GOBIERNO. EL FRACASO DE ESTAS OBRAS SOLO SERA POSIBLE LEVANTANDO UN MURO DE CONCIENCIA DE 200 MTS. DE ALTO Y NO 700, SINO LA LONGITUD DE TODO MEXICO.

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