Por Juliana Bittencourt y Zuiri Mendez*
Mapa de Geografía Radical Centroamericana
Fotografías de Juliana Bittencourt, Lucia Ramírez y Aldo Santiago
Documental por Caravana Climática
El histórico referendo del Tratado de Libre Comercio en Costa Rica movilizó instituciones, organizaciones, universidades, comunidades e individualidades en el compromiso de realizar un trabajo informativo que antecediera la consulta del Plebiscito, para contar a la población nacional sobre las consecuencias de aprobar un área de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La intención de la multiplicidad de organizaciones era promover un amplio debate público para reflexionar acerca de las secuelas de un sí en la consulta del 7 de octubre de 2007. En este contexto una generación de activistas se encontraron en la reflexión y problematización del “modelo de desarrollo” impulsado por las redes corporativas de los estados nación y “naciones desarrolladas”, lo cual contribuyó al surgimiento de algunas conclusiones colectivas, especialmente en las preocupaciones socioambientales de diferentes actores, que evidenciaron un gran tema de lucha en común: la mayoría de comunidades en el país están sufriendo conflictos por tenencia de territorio y sus bienes comunes, donde el discurso del conservacionismo es ajeno a las luchas y está al servicio del mercado, marcando un giro al movimiento ecologista predominante, del que Costa Rica tiene larga historia, para empezar entonces, a alejarse del discurso conciliador ambientalista, y a optar por movimientos ligados a la defensa del territorio.
Pese a ello el TLC fue aprobado después de un agitado proceso que culminó con la imposición de tratado, acompañado por una fuerte campaña por parte de los grandes medios de comunicación para promoverlo, hecho que representó un paso importante hacia la transnacionalización neoliberal de la economía costarricense. Sin embargo el trabajo político realizado para el referendo dejó marcas en distintos sectores de la sociedad y permitió la articulación de nuevos agentes en la lucha al sumar procesos de comunidades indígenas y campesinas.
En las elecciones de febrero de 2014 se reconfiguró el escenario político en Costa Rica; el Partido Acción Ciudadana (PAC) gana las elecciones después de realizar una campaña que alzó la bandera de la diversidad sexual y presentó un programa de gobierno aparentemente antineoliberal. En su discurso se dibujaba como una alternativa, al continuismo de la política neoliberal, que en los últimos años impulsó el capital transnacional y los grupos dominantes costarricenses con el consecuente aumento de la concentración de la riqueza, exclusión y desigualdad social.
Sin embargo, el nuevo gobierno reafirmó las políticas económicas al grado de vender al país como una marca: «Costa Rica Esencial» un paraíso tropical atractivo a los organismos financieros internacionales; a los especuladores e inversores del mercado de carbono; a los megaproyectos turísticos que arrasan la costa Atlántica y Pacífica y sobre todo el proyecto de plantear Costa Rica como un modelo de “desarrollo” para toda América Central. En este caso la influencia neoliberal se estructura de otra forma, no es a través de la violencia y militarización como en México, Honduras o Colombia, sino de alianzas entre empresarios y políticos corruptos afianzados en la afirmación de una imagen y de un modo de vida a ser exportado: la mercantilización de la naturaleza.
En la careta se trazan la conservación de los bosques como un paisaje verde inhabitado. Sin embargo en la realidad, los pueblos originarios y campesinos enfrentan amenazas de despojo de las tierras que han habitado ancestralmente por la promoción de megaproyectos, la expansión de los monocultivos, la violación de derechos básicos de las comunidades campesinas e indígenas y la privatización de sus bosques.
Existen 24 territorios correspondientes a pueblos indígenas en Costa Rica y cerca del 40% de estos territorios están en manos de no indígenas. De acuerdo con el Censo de 2011 más del 50% de los indígenas del país no viven en sus territorios, han sido despojados de sus tierras por la presión de los finqueros, sikuas (no indígenas en bribri) que compraron las tierras a precios bajos y que hoy en día ofrecen trabajos mal pagados a los pueblos en el sistema de pago por jornada de trabajo. Actualmente se vive en Costa Rica una intensa lucha por la recuperación de las tierra; una de ellas es el caso de la Reserva Salitre de Buenos Aires, en Puntarenas, donde la población enfrenta la violencia y el constante acoso por parte de los finqueros como la agresión sufrida la noche del 5 de julio de 2014 por una turba de 80 agresores quienes quemaron tres ranchos.
La mercantilización de la vida se realiza desde múltiples direcciones. Mientras por la costa pacífica el turismo a gran escala se vuelve depredador de las pocas fuentes de agua y de los cuerpos de pueblos pescadores y campesinos, en la zona Sur y Norte del país los monocultivos de palma africana, banano y piña avasallan con la tierra y los ríos, y al mismo tiempo, aparecen proyectos de financiarización de la naturaleza, como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) donde planean impedir el uso colectivo de los bosques a las poblaciones indígenas a cambio de pagos por permisos de contaminar, o mercantilizar la vida hasta el punto de lo absurdo. La imagen de Costa Rica como producto de comercialización, no cuenta del despojo.
El movimiento ecologista tiene importantes desafíos como el de frenar la expansión de los monocultivos, especialmente el de la piña, impedir la entrada en el país del maíz transgénico y la implementación del programa REDD+; apoyar las comunidades indígenas en el proceso de recuperación de tierras, frenar el modelo de desarrollo neoliberal, unilateral e injusto y principalmente deconstruir la imagen de Costa Rica “ecologista-conservacionista” como un modelo a ser emulado por otros países. Una estrategia encontrada para frenar proyectos de alto impacto socio-ambiental es la declaración de moratorias. En el caso de la explotación minera la moratoria se convirtió en un instrumento eficaz porque se mutó a un proyecto de ley que impide permanentemente la instalación de minas a cielo abierto pero en el caso de los demás proyectos de declaración de moratorias como en lo referente a los transgénicos y a la expansión piñera son apenas frenos que postergan importantes decisiones donde la apuesta por otros modelos de desarrollo que sean socialmente justos comienzan a idearse en la articulación de distintas colectividades.
El programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) fue creado para supuestamente “mitigar los efectos del cambio climático”. Su origen data de las negociaciones durante la 13a Conferencia de las Partes (COP13) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) realizada en Bali, Indonesia, como un método para “recompensar” a países que conserven sus bosques. Este tipo de mecanismos permiten que los agentes que actúan como principales responsables por el cambio climático, es decir los países industrializados, se conviertan en potenciales inversionistas en el especulativo mercado de carbono e impulsores de la “conservación de los bosques”. Sin embargo lo que está entrelineas del programa es la incorporación de jugosos negocios madereros y la siembra de áreas de monocultivos como zonas potenciales para el secuestro de carbono, permitiendo la deforestación y tala de bosques además de eximir de la obligación a las industrias del norte sobre la disminución de sus niveles de contaminación y la reducción de la dependencia en combustibles fósiles.
El proyecto de REDD+, impulsado bajo una óptica mercantilista por entes como el Banco Mundial, la ONU, corporaciones trasnacionales y ONGs conservacionistas, han iniciado talleres para operar con las comunidades y sus bosques como una iniciativa extendida del por si ya operante proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), mecanismo que en Costa Rica se viene implementando desde 1997 y que representa los pagos hechos a las comunidades por cuestiones de “conservación y reforestación”. Estos “retribuciones” han servido para dividir a las comunidades y sembrar discordia al interior de las mismas ya que el uso y administración de los pagos es discrecional por las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIIs, figura no tradicional ni legímita, impuesto por el gobierno) y no se está de acuerdo en la triangulación y uso que se ha dado al dinero por parte de éstas. Otra de las consecuencias derivadas de la operación de los PSA ha sido la pérdida cultural y de relación con el bosque que vivían las comunidades antes de la implementación de los pagos, ya que se limita el uso del bosque y la gente deja de convivir con él; usa el dinero del programa para aumentar su consumo en pulperías y tiendas comerciales, olvidando los procesos de recolección, siembra y convivencia con el bosque.
Las comunidades indígenas Bribris, Borucas, Terrabas y Cabécares de las regiones del caribe y pacífico, han analizado los ejes principales del proyecto REDD+ y las implicaciones que tendrían para sus territorio y formas culturales de relación con la vida y el bosque. Entre los puntos más polémicos brota el de las representatividades indígenas que manipulan la opinión pública y las decisiones de la comunidad indígena en su conjunto, reduciéndola a las decisiones de autoridades no elegidas ni legitimadas moralmente por las comunidades y que son quienes exponen de manera fragmentada y no representativa la voluntad de participación en este y otros proyectos. Además de la falta de información clara y oportuna que provoca confusión en las comunidades para entender las dimensiones completas de la propuesta han identificado irregularidades en el proceso de consulta del proyecto pues el sólo hecho de asistir a una junta informativa ha sido usado por las autoridades y representantes intermediadores como una prueba de la aprobación de las personas hacia el proyecto. Es así, que las comunidades que ahora se organizan contra REDD+ denuncian procesos amañados y manipulados de consulta y reiteran su rechazo al proyecto completo y a estos procesos de pre-consulta y consulta que serán usados para pasar los proyectos por encima de la voluntad de los pobladores.
El proyecto de pago a las comunidades por conservación de los bosques simula promover el desarrollo de los pueblos pero no es así, ya que impone procesos de desvinculación del bosque y aunque el tema de la conservación suena positivo, es una propuesta de los mercados internacionales que pretenden poner marcos para la mercantilización de los bosques y la negociación del oxígeno, pues lo que está detrás es la usurpación del poder de los bosques, en tanto que la floresta es un espacio de vida para las comunidades que habitan en él, pues allí se encuentra la potencia y posibilidad concreta de vida para ellos, desde la medicina tradicional, fuente de vivienda y alimento, aprendizaje, origen y muerte de los indígenas que ahí se asientan desde antes de la aparición del Estado de Costa Rica.
Desde 2010 Costa Rica elaboró una propuesta para la experimentación de REDD en su país para explicar cómo este podría aplicarse en un entorno nacional, en donde los bosques, reducidos a la visión de meros absorbentes de carbono, puedan ser una solución para compensar las emisiones de carbono mundiales. En donde un bosque o una plantación (y aquí está también lo grave), son vistos como activos ambientales que pueden prestar un servicio a modo de transacción, incluso económica, transferible. El punto anterior violenta aspectos fundamentales de la ley indígena que prohibe la transferencia de territorios de poblaciones originarias. Y en ese sentido Costa Rica viola la ley pues desde el año 2013 ya entraba al mercado con la negociación de créditos de carbono por montos de hasta 63 millones de dólares, sin que existiese una consulta a los pueblos dueños de los territorios y guardianes de los bosques. A partir de 2014, iniciaron en el país procesos de pre-consulta en las poblaciones de Talamanca y se preparan las pre-consultas para el resto de las comunidades indígenas con la intención de integrarlos activamente en la operación de REDD+; esto aunque desde el año de 1997 se empezó a implementar la estrategia de mercantilizar el bosque (PSA), y que desde 2005 iniciaron formalmente los trabajos de REDD+ en sus territorios.
Las familias y poblaciones afectadas por REDD+ han empezado una lucha para sacar estos proyectos de sus territorios, recordando las luchas antañas en que también sacaron a las empresas bananeras y mineras de sus pueblos, rememorando los procesos de defensa contra las mineras que pretendían usurpar sus recursos naturales para la explotación comercial de la industria eléctrica.
Actualmente REDD+ representa en Costa Rica una propuesta dentro de las estrategias de financiamiento de la naturaleza promovida por los gobiernos locales e internacionales que tienen intereses ligados al valor de cambio de la naturaleza como bienes intercambiables, ideas que propician el despojo. Este país ha promovido fuertemente el uso del adjetivo verde a procesos de explotación de la naturaleza, como por ejemplo, ha llegado al grado de llamar a los procesos de extracción minera como “Minería Verde” y promueve fuertemente proyectos como REDD+ y BIOFIN, como una trampa que facilita el despojo de los bienes comunes naturales. Los gobiernos han promovido la implementación de campañas de neutralidad como marketing para Costa Rica, como fomento para motivar la transacción de bonos de carbono en el marco de las estrategias globales ante el cambio climático.
Después de tantos años de que gobierno, organizaciones y comunidades han aceptado el pago por servicios ambientales, REDD+ parece un tema difícil de posicionar y analizar, al punto de que muchas comunidades también están aceptando sin mayor crítica la propuesta de operar bajo la conservación financiera de los bosques.
Esto es una total realidad a la que nos enfrentamos los países Latinoamericanos. Denuncia, organización y lucha