En México los derechos fundamentales individuales y colectivos se violentan de manera cotidiana e institucional. No es una afirmación panfletaria ni mucho menos una difamación. Las y los opositores a los planes gubernamentales son «castigados» con amenazas y criminalización.
Para muestra, la lucha de la Tribu Yaqui, quienes se han opuesto –con argumentos y a través de un camino que legalmente les ha otorgado la razón– a la construcción del acueducto Independencia, el cual desviaría el agua del río Yaqui para abastecer, presuntamente, a la población de Hermosillo, capital del estado de Sonora.
Para esta población indígena, la lucha no intercambia por puestos políticos o beneficios individuales. Para los yaquis la lucha contra el acueducto es la lucha por la defensa del agua y del medio ambiente que asegurará la permanencia de su pueblo y del resto de habitantes en toda esta región del norte de México.
Mario Luna, uno de los dos voceros de la tribu –elegido por usos y costumbres, junto con Tomás Rojo– ha explicado muchas veces y en distintos foros el sentido de la lucha yaqui y el porqué de su resistencia contra el acueducto, ha denunciado a las empresas que están sosteniendo lo insostenible: la cervecera Heineken, Ford, Coca-Cola, CEMEX, y algunas más; ha denunciado a la familia Coppel y a los Beltrones como grupos de poder locales que se beneficiarán con este proyecto mal hecho. En este video Mario Luna explica , en breves 10 minutos, lo absurdo que sería desviar el cauce de un río para abastecer a un sector muy reducido de la población de Hermosillo y dejar a la gran mayoría sin agua. Y todo a un alto costo:
Desde 1940, a través de un decreto presidencial emitido antes de terminar su periodo Lázaro Cárdenas, los yaquis fueron designados como protectores del 50% del río. Con la construcción del acueducto Independencia, no sólo no se les preguntó sino que tampoco se les permitió expresar su opinión al respecto y mucho menos han sido escuchados por las instituciones estatales o federales. El gobierno de Guillermo Padrés decidió ignorar este decreto y además violar el derecho a la libre expresión que en este caso, relacionado a los derechos de agua y saneamiento, tienen los yaquis.
Además, Mario Luna fue detenido el día de hoy a partir de que se activó una orden de aprehensión en su contra y poco después de que se le negara un amparo que mantendría desactivada esta orden. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, a través de su titular, Carlos Navarro Sugich, anunció en conferencia de prensa que el vocero yaqui está ya al interior del CERESO de Hermosillo y que enfrentará el cargo de privación de la libertad (con una pena de 4 a 10 años) y el cargo de robo de vehículo (con una pena de 2 a 10 años). Estos delitos imputados no se han comprobado y su detención tiene ya, tintes políticos, tal y como acontece en el resto del país en donde son los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos y los periodistas, mujeres y hombres, quienes están siendo criminalizados parte de las instituciones.
En entrevista para SubVersiones, Ana Cristina Ruelas, del programa de derecho a la información de Artículo 19, afirmó que en el caso de la Tribu Yaqui, el derecho a la libertad de expresión fue violentado:
No hubo un proceso de consulta en la que se le garantizara al pueblo yaqui información suficiente para tomar decisiones sobre el río Yaqui y sobre el uso del agua en ese río. En este caso, los principios relativos a la libertad de expresión y a los derechos al agua y al saneamiento se violaron uno a uno, a partir de tres áreas generales; primero, la propia libertad de expresión en todo lo relativo al agua, lo que uno necesita saber sobre el uso de los recursos naturales, en segundo lugar la posibilidad de emitir las opiniones al respecto y buscar toda la información necesaria; en tercer lugar, la toma de decisiones sobre los proyectos propuestos. La Tribu Yaqui no fue consultada pese al decreto de 1940 en que se les otorgaba el uso del 50% de las aguas del río. El propio Mario Luna nos comentó que no fueron consultados, que no tenían conocimiento de la construcción del acueducto y por tanto se viola la parte de la participación en los procesos de la toma de decisiones sobre los recursos naturales.
En este sentido, la Tribu Yaqui inicia un proceso judicial para garantizar el derecho a la consulta, se les concede el amparo y se detiene la extracción de agua a través del acueducto Independencia así como la construcción del mismo acueducto, sin embargo empieza una campaña de desprestigio en contra de los yaquis dentro del estado de Sonora. Y esta campaña de desprestigio va acompañada de amenazas en contra de los voceros de la Tribu Yaqui. Hay que recordar que la Tribu Yaqui tiene un sistema de usos y costumbres, entonces para efectos del problema del agua del río Yaqui, las únicas dos personas que están autorizadas para hablar en nombre de la tribu son Mario Luna y Tomás Rojo y estás dos personas son exactamente las dos personas que el gobierno de Sonora está acusando de privación ilegal de la libertad y robo.
Aspecto del río Yaqui, luego iniciados los trabajos de desviación de su afluente. Fotografía: Aldo Santiago
Mario Luna fue detenido por cuatro sujetos que no se identificaron y fue hasta la conferencia de prensa que dio el procurador que se pudo corroborar su paradero. Para la Oficial de Artículo 19, el problema del agua en Sonora, además de estar acompañado de la campaña de desprestigio en contra de los yaquis, tiene una característica particular, «ha sido un motivo para la restricción de espacios cívicos, que es también uno de los principios dentro del derecho a la expresión referidos a estos temas. La restricción de espacios cívicos es usada por gobiernos autoritarios para acallar voces disidentes. En este caso es una grave falta el hecho de que uno de los voceros ya no vaya a poder estar trabajando en pro de esta causa del agua y ahora está sujeto a esperar las acciones que tomen sus abogados y la Tribu Yaqui».
México atraviesa un momento en que la criminalización de la protesta social es pan de todos los días. Para los yaquis, la protesta se origina luego de que no se cumplieron los derechos fundamentales de consulta a los que tienen derecho y se les excluyó de la toma de decisiones; el colmo fue que su lucha jurídica que aparentemente había logrado obtener un amparo y detener las obras del acueducto, fuera desestimada por la intervención de funcionarios del gobierno estatal. ¿Legalidad? ¿Separación de poderes?
Leopoldo Maldonado, abogado de Artículo 19, considera que el caso de la detención de Mario Luna es un ejemplo más de cómo se manipulan las leyes para favorecer los planes del Estado en contra de los pueblos:
Se utiliza las leyes penales, el derecho penal, pues para castigar aquellas voces críticas, aquellas voces que se oponen a las políticas gubernamentales, en el caso de la Tribu Yaqui, al acueducto Independencia, que han querido imponer pese a que se han evidenciado violaciones a sus derechos como pueblos indígenas, empezando por el derecho al agua, continuando por el derecho a la tierra y el territorio. En este sentido cuando estos pueblos y comunidades no se someten a los dictados del gobierno, se utiliza todo el aparato del Estado para reprimirlos y castigarlos, para mantenerlos en una persecución constante que inhibe la movilización social.
Es muy claro, el contexto de Sonora, a la luz de los acontecimientos en donde hubo la contaminación de las aguas en el estado, donde ha habido diversos incidentes donde están implicados grandes grupos empresariales, el gobierno federal y el gobierno local, buscan chivos expiatorios para desviar la atención de todas las corruptelas, específicamente en materia de agua, que es el espacio de disputa de la Tribu Yaqui. Por un lado señalan que la Tribu Yaqui quiere quedarse el agua para perjudicar a millones de personas en la capital del estado, en Hermosillo y por otro lado permiten que las empresas, la minera México, operen sin los mínimos estándares de control ambiental y se generan tragedias como la que ya se ha documentado en las semanas recientes.
Hay un uso diferenciado del derecho, para los empresarios y los grandes corporativos, hay una especie de salvaguardas y protecciones y para los pueblos que están en resistencia, es evidente que todo el peso de la ley y la manipulación del aparato de justicia.
Perspectiva del río Yaqui en su parte no afectada. Fotografía: Regina López
Finalmente, además de señalar las irregularidades existentes en el proyecto del acueducto es preciso apuntar que la lucha yaqui ha permitido el encuentro de muchas organizaciones sociales, académicas, jurídicas y muchos tipos mismas que han conformado la Misión Civil de Observación de la Consulta de la Tribu Yaqui, espacio diverso que dedica sus esfuerzos a la investigación y argumentación de las razones que presentan los propios yaquis para oponerse al acueducto.
La detención de Mario Luna, entendida como estrategia represiva, a decir del abogado de Artículo 19, «busca poner a toda la fuerza social que está apoyando a la Tribu Yaqui se enfoque en la defensa de Mario Luna, quien enfrentará un proceso penal en prisión y desviar la atención de la lucha por la defensa del agua, la tierra y el territorio. Es una estrategia añeja, es una estrategia muy probada por los gobiernos de los estados y por el federal y que ahora la vuelven a aplicar como si tuvieran un manual de operaciones».
Es este el panorama al que se enfrenta la Tribu Yaqui, una nueva etapa de lucha en la que será necesario sumar esfuerzos para conseguir la libertad de Mario Luna y el cese a la imposición del acueducto Independencia.