SÍ a la Vida, No a la Minería. El extractivismo y las alternativas desde los pueblos

Texto y fotografías: Nayeli Jiménez

Las mujeres empezaron a notar que algo andaba mal. El agua estaba contaminada, la gente se enfermaba.
Cuando vimos que los pajaritos se empezaban a morir junto al río fue muy triste.
Los pajaritos son los que nos alegran, nos cantan. Luego muchos animales se empezaron a morir.

[dropcap]E[/dropcap]l actual modelo económico de desarrollo desprecia los saberes de los pueblos y el respeto a la naturaleza. Pone precio y dueño a los bienes comunes, al agua, a la tierra, al aire, a los bosques, a los minerales, a los conocimientos. Privilegia los beneficios económicos por encima del bienestar de los seres vivos, de las comunidades y de las sociedades y de la participación en las decisiones.

Así, la lógica del mercado prevalece por encima de los derechos, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. A pesar de legislaciones nacionales, pactos y tratados internacionales firmados por los Estados, es frecuente que se vuelvan letra muerta frente a la falta de instrumentos jurídicos que permitan a las poblaciones hacerlos exigibles. No obstante, las estrategias de exigibilidad de los derechos van más allá, son posibles cuando se tejen y cruzan las articulaciones, el diálogo, cuando las caras se encuentran y las voces generan propuestas y conocimientos conjuntos, cuando se rescatan los saberes y se hacen concretas alternativas de vida digna.

En Capulálpam de Méndez, Sierra Juárez, Oaxaca

Del 17 al 20 de enero se realizó el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica:“Sí a la vida, no a la minería”,  en la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, ubicado en la Sierra Juárez, Oaxaca, que gracias a su fuerte tejido social, organización político-comunitaria y acciones estratégicas, ha logrado crear alternativas y frenar los proyectos impuestos que amenazan la vida en su territorio. Además de ser un ejemplo de autonomía, las autoridades y la gente de Capulálpam fueron ejemplo de hospitalidad, solidaridad y fortaleza comunitaria.

En este encuentro se compartieron experiencias sobre la situación de la minería en Mesoamérica, región donde los bienes comunes han sido altamente explotados y sometidos al precio que dicte el mercado. También se habló de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Minería, de la generación de estrategias de defensa y de las alternativas que nacen desde los pueblos para el buen vivir. Algunos de los temas centrales fueron las afectaciones a la salud, el impacto ambiental, así como la importancia de la articulación y del marco legal para emprender acciones jurídicas de defensa nacionales e internacionales.

El evento contó con una presencia amplia y diversa, teniendo como asistentes y ponentes a personas y organizaciones procedentes de 12 países, Honduras, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia y España. Asimismo, con la presencia de más de 80 organizaciones sociales y redes, 50 comunidades, autoridades municipales y agrarias, investigadores, estudiantes y medios de comunicación. Los estados de la República Mexicana presentes fueron 13: Estado de México, Chiapas, Puebla, Guerrero, Zacatecas, Distrito Federal, Guadalajara, Veracruz, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, todos marcados por la presencia de proyectos mineros en diversas fases. En total, cerca de 480 asistentes pidieron la cancelación de proyectos mineros que afectan la vida en la región mesoamericana.

El modelo extractivo minero

Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), señaló el uso de la palabra “modelo”, porque se trata de un concepto que nos ayuda a realizar un análisis de lo que está sucediendo. Es decir, el modelo extractivista minero se caracteriza por ser generalizado, estandarizado en todos los países, en cualquier continente. Un modelo “global” que utiliza las mismas políticas, mismas empresas, mismas leyes. Al respecto señaló que dos conceptos claves para entender el extractivismo son el capitalismo y la industrialización. Es decir, el extraer de la tierra se ha hecho desde hace siglos, sin embargo, en el capitalismo se trata de un extractivismo industrializado. El objetivo del modelo es “producir bienes a un ritmo pavoroso”, a gran escala,  maximizar ganancias y disminuir los costos. Las características del modelo son mejorar la tecnología, disminuir empleos, pagar menos a los trabajadores, evitar impuestas, evadir regulaciones ambientales, buscar subsidios del estado, externalizar (o evitar) los costos sociales ambientales.

Alejandro Villamar, también de la REMA, explicó que el extractivismo es un proceso, una forma de producir y consumir basándose en la extracción de recursos de materias primas, biomasa, bosques, energéticos, petróleo, carbón, gas, minerales. Extraer todo, tratar de sacar sin medida ni control los bienes comunes que nos pertenecen a todas y a todos. Las cifras son alarmantes, en un siglo pasamos de extraer 1 millón de toneladas de materiales, a extraer 35 mil millones de toneladas actualmente, es decir, cerca de 20 mil veces más de lo que se extraía antes. Por eso, Villamar resaltó que la lógica falsa del neoliberalismo es creer que se puede crecer ilimitadamente cuando la naturaleza tiene límites y el ser humano también. Para el capital especulativo, se trata de aumentar en el menor tiempo posible esa cantidad de recursos, lo que motiva a los gobiernos a dar permisos a las empresas para sostener esa lógica especulativa.

Daños ocasionados por la minería al medio ambiente y a la salud

La extracción representa una desposesión, un daño a la naturaleza. Cuando hablamos de la minería a gran escala, las afectaciones son muy graves. Es el megaproyecto de mayor impacto hacia la biodiversidad y sus efectos son devastadores. La deforestación y la subsecuente pérdida de capa forestal y sumideros de carbono, además, agudizan la crisis climática. La contaminación del agua con cianuro es la más peligrosa y dura miles de años. Un proyecto minero puede usar desde 6 a 20 millones de litros de agua diarios, y de 6 a 15 toneladas de cianuro diarios. Esto afecta el acceso al agua a comunidades indígenas, campesinas y rurales.

Además de que las compañías mineras hacen uso de los recursos acuíferos de las comunidades, impidiendo el acceso a ellas, la contaminación del agua trae consigo afectaciones a toda la cadena de uso y consumo animal y humano. Es frecuente que por el agua contaminada se tenga que gastar en garrafones de agua limpia, limitar el número de aseos, o bien, utilizar el agua contaminada para beber, cocinar, lavar ropa, trastes. Existe documentación de afectaciones por el uso del agua que refleja la gravedad de las minas a cielo abierto que llevan varios años en operación. Además, el polvo y los metales se dispersan no sólo en la comunidad donde está la mina, sino a comunidades cercanas. Las afectaciones son múltiples e irreversibles: lesiones en la piel por el contacto con agua y polvo contaminados, caída del cabello, llagas, ámpulas en los pies que entran en contacto directo con el agua de los ríos, enfermedades respiratorias, gastrointestinales, abortos prematuros, entre muchos otros daños trágicos, como el cáncer y las afectaciones neurológicas.

Durante el encuentro, Luis Hernández, del Comité Ambientalista del Valle de Siria, mostró fotografías con lesiones severas en la piel en esa población de Honduras; asimismo, Miguel Mijangos, de la REMA, mostró estadísticas sobre afectaciones ocasionadas por la mina de Carrizalillo, en Guerrero, una de las más grandes minas de oro. Además de esto, se encuentran los perjuicios a la salud de los mineros, los problemas en la espalda, las enfermedades respiratorias. Los deterioros en la salud de las mujeres que lavan las ropas de los mineros contaminadas de polvo, que cocinan, que están en contacto con el agua. Se destacó el hecho de que los más afectados son las mujeres y los niños, a veces debido a daños neurológicos y físicos ocasionados desde el embarazo de las mujeres.

Los fuertes efectos sobre la salud de todo ser vivo ocasionan además afectaciones a la salud emocional y comunitaria. Además, las huellas sociales no son menos dramáticas; el otorgamiento de concesiones para exploración y/o explotación de minas ocasiona despojos de tierra, desplazamiento de poblaciones, divisiones comunitarias, que también impactan sobre la salud de las poblaciones. Finalmente, los daños también afectan la cultura, se llevan vidas, se rompe y divide a las comunidades, y finalmente, se arrebata la alegría de los pueblos.

Por tanto, los efectos son irreversibles con el medio ambiente y con las poblaciones, y resulta imposible pensar que el modelo extractivo minero sea sustentable para la vida.

Conflictos sociales y minería

[quote]Sacan plomo que vuelve a nuestros territorios en forma de balas.[/quote]

El contexto en el que se enmarca este encuentro es sumamente grave para los pueblos, comunidades indígenas, rurales y campesinas que se oponen a megaproyectos como la minería. El cálculo de los conflictos ocasionados por proyectos mineros en América Latina es de más de 120. De ellos, Perú es el país donde más hay, con 27 conflictos. Le sigue Colombia con 16, y México con 15.

En varios países de Latinoamérica, entre ellos México, la inversión extranjera en minas ha ido en aumento en los últimos años. La presencia y expansión de la industria minera extractivista viola muchos de los derechos fundamentales de las poblaciones, como son el derecho a la consulta, a un medio ambiente sano, a la tierra y el territorio, al agua, a la salud y a la vida.

En México, a partir de la reforma a la Ley Minera en 1992, las inversiones extranjeras, sobre todo las canadienses, han aumentado en concesiones de exploración y explotación a lo largo del territorio. Actualmente 30% del territorio nacional está concesionado a anos de casi 300 empresas nacionales y trasnacionales, y la tendencia va en aumento, sobre todo la minería a cielo abierto. Además de las graves afectaciones provocadas por tóxicos, la tensión que causan estos megaproyectos trae consigo la fragmentación del tejido social, las rupturas en las comunidades, la corrupción, las amenazas y los asesinatos. Esto ha ocasionado conflictos sociales en Baja California, San Luís Potosí, Nayarit, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Uno de los conflictos más graves ha sido en San José del Progreso, Oaxaca, donde la Empresa Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortune Silver, inició actividades en 2006 para extraer oro y plata. Desde ese momento comenzó a violar diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas. La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), integrada por defensoras y defensores de la región, ha reportado problemas de salud relacionados con la trituración del mineral y la consecuente producción de polvos finos y tóxicos, así como la contaminación de los mantos acuíferos. Además, el clima de tensión social y política al interior de la comunidad, provocado por la presencia de la mina, ha ocasionado continuas amenazas, acosos y actos represivos hacia las y los activistas que legítimamente buscan defender sus tierras y bienes naturales. En 2012, se registraron cuatro ataques por parte de grupos armados vinculados a los intereses de la compañía minera; el 18 de enero de ese año fue asesinado Bernardo Méndez Vásquez, y el 15 de marzo, Bernardo Vásquez Sánchez. Otras 8 personas han resultado heridas, y los hechos han quedado impunes.

Lo mismo sucede con otras personas defensoras de los derechos humanos, quienes son criminalizadas y perseguidas frente a su oposición a megaproyectos eólicos, hidroeléctricos, o mineros.

Estrategias y alternativas desde los pueblos

El continente americano posee una gran riqueza y diversidad natural que durante siglos ha estado sujeta a los precios que pongan los países desarrollados o los grandes capitales trasnacionales. Bajo conceptos de generación de ganancias, creación de empleos, progreso, desarrollo, crecimiento, extracción de recursos y otros tantos, poblaciones enteras, comunidades campesinas y pueblos indígenas han sufrido despojos y violaciones a sus derechos, a su identidad, a sus modos de vida.

No obstante, existen voces de defensa y resistencia, de alternativas de vida digna, sustentable, respetuosa de la naturaleza y en armonía con ella. Desde la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas, rurales y campesinos, existe la comunicación con la madre tierra. Esta concepción, desde la no acumulación, cuestiona el concepto de desarrollo capitalista y la lógica impuesta sobre los territorios para el control de los bienes comunes, que desde esa lógica se les pone precio, llamándoles recursos naturales.

Las y los asistentes al encuentro destacaron ese cuestionamiento al modelo actual, rescatando los saberes y el concepto del buen vivir, desde lo que para cada comunidad, rural o urbana, significa construir un modo de vida distinto y en armonía. Desde la necesidad de repensar los modelos de consumo que actualmente llevan a la sobreexplotación de los bienes comunes. Las alternativas construidas desde los pueblos para el buen vivir, destacan el diálogo sin jerarquías, valores como la solidaridad, el respeto, la participación de hombres y mujeres, compartir y expandir los saberes colectivos. Desde lo cultural, se habló de la importancia de revalorar la riqueza que no está en términos del mercado. De empoderarse a través de la salud y la alimentación, sobre todo mediante el rescate del maíz nativo, sustento principal de las comunidades.

Desde lo local, las personas participantes enfatizaron la organización comunitaria, la importancia de las asambleas, el fortalecimiento de las autonomías, la toma de decisiones participativa e incluyente como la fortaleza para defender los derechos. Como ejemplo, destaca el caso de Capulálpam, con una organización comunitaria y alternativas para la población, que logran frenar el megaproyecto minero en su territorio.

Para emprender acciones estratégicas, se acentuó la importancia de seguir exigiendo el efectivo derecho a la consulta, que los  gobiernos de todos los niveles consideren las necesidades, modos de vida y saberes de los pueblos para construir alternativas sustentables y de vida digna. Se requiere también demandar el derecho de acceso a la información, ante a la desinformación y manipulación sobre lo que está pasando en México y Mesoamérica en el tema de minería.

Frente a las acciones de los gobiernos latinoamericanos que privilegian las concesiones y beneficios para las compañías mineras, nacionales o trasnacionales, en vez de cumplir con su deber de respetar, proteger, garantizar y cumplir los derechos humanos de la gente, es necesario seguir haciendo uso de recursos jurídicos para demandar a los Estados el cumplimiento de sus obligaciones y de los derechos suscritos en leyes nacionales y tratados internacionales. Además, impulsar reformas legislativas que se vinculan con el derecho a la tierra y el territorio, como son la Ley Agraria, la Ley Minera, la Ley de Áreas Protegidas, la Reforma Fiscal.

El riesgo de continuar con el actual modelo, es aumentar los conflictos sociales y políticos, así como profundizar las violaciones sistemáticas de derechos humanos, a los pueblos indígenas, comunidades rurales y campesinas, frente a la ausencia de Estados fuertes que velen por sus derechos y no por los beneficios para el poder económico representado en las empresas nacionales y trasnacionales que promueven el modelo extractivista minero. Por eso es necesario voltear a ver que más allá de las ganancias económicas, el extractivismo acaba con las posibilidades de alternativas de vida sustentable no sólo para las regiones rurales, sino para la sociedad en su conjunto.

Ver: DECLARATORIA, ENCUENTRO DE PUEBLOS DE MESOAMERICA “SI A LA VIDA NO A LA MINERIA”. Disponible en http://endefensadelosterritorios.org/2013/01/21/declaratoria-encuentro-de-pueblos-de-mesoamerica-si-a-la-vida-no-a-la-mineria/