Movilizaciones en Oaxaca ante los crímenes paramilitares

Por Iker García

Es tiempo de vacaciones y turismo en la ciudad de Oaxaca y las calles del centro urbano se encuentran rebosantes de visitantes. Aprovechando esta época de gran afluencia de público, las organizaciones que conforman el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA) se han movilizado para denunciar y dar difusión a la situación que se está dando en este estado, donde cada día se están incrementando los asesinatos políticos y de luchadores sociales a manos de grupos paramilitares cercanos al Partido de la Revolución Institucional (PRI), como nos explica Ana María miembro de Organizaciones Indias por los Derechos  (OIDHO).

Las organizaciones sociales denuncian que «el gobernador Gabino Cue, el secretario general de gobierno Alfonso Gómez Sandoval (del PRI), el secretario de seguridad pública estatal, Alberto Esteva Salinas, y el procurador general de justicia, Joaquín Carrillo, se dedican a reprimir y despojar a nuestros pueblos, obedeciendo a los intereses de los ricos del estado y del país. Además advierten de que el PRI nuevamente está ganando influencia y poder dentro del gabinete del Gobierno del estado y que “es el PRI que hoy de facto gobierna el estado de Oaxaca».

Las organizaciones sociales, indígenas y campesinas que conforman la COOA son el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), la Unión Campesina Indígena de Oaxaca ‘Emiliano Zapata’ (UCIO-EZ) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Reciente asesinato de dos indígenas zapotecas en la comunidad de San Andrés Lovene

Dentro de este clima de creciente violencia política hacia las comunidades indígenas en Oaxaca, el pasado 6 de abril fueron asesinados Isaías López Hernández, regidor de obra y Pedro López Cruz, dos indígenas zapotecas vecinos de la comunidad de San Andrés Lovene, municipio de San Juan Ozolotepec, Miahuatlan, Oaxaca, resultando además heridos los indígenas Eugenio Martínez Sánchez de 19 años y Edelberto Sosa. El crimen perpetrado por una familia de priístas  se da dentro de un conflicto municipal donde la población exige la celebración de elecciones extraordinarias para restablecer los usos y costumbres y que se retire el administrador que el gobierno dispuso. El administrador entre tanto ha declarado que no abandonará el cargo, ya que está apoyado por los diputados priístas regionales y estatales.

Las organizaciones denuncian que esta creciente violencia, intimidación y amenazas hacia las comunidades busca crear el clima de inestabilidad a fin de justificar la presencia del administrador  en las comunidades indígenas, continuando de esta forma el despojo de sus recursos y el mal uso de los fondos públicos de las mismas.

Fotografía: Iker Gracía

Fotografía: Iker Gracía

Detenciones arbitrarias y despojo de tierras comunales en varias comunidades

Otra expresión de las agresiones hacia las comunidades indígenas se está dando en forma de desalojos y despojos de tierras comunales.

Tal es el caso de la comunidad de Cacalotillo en la costa Oaxacaqueña donde el pasado 11 de marzo «la policía estatal en contubernio con los caciques de  la región desalojó de forma totalmente ilegal y por demás violenta, deteniendo arbitrariamente a siete personas, la mayoría de ellos indígenas chatinos, a fin de despojarles de sus tierras comunales para venderlas a grandes empresarios del sector turístico». Según denuncian las organizaciones firmantes del volante de la COOA, durante el desalojo «la policía amenazó a las mujeres con violarlas y quemaron chozas, manglares y palmeras en flagrante violación de todos los derechos fundamentales de nuestros pueblos». En el caso de Cacalotillo cabe mencionar el amparo judicial fallado a favor de la comunidad por el cual legalmente los territorios pertenecen a la comunidad, decisión judicial que hasta la fecha está pendiente de ejecución, impedida por los caciques de la región.

Parejo es el caso del municipio de San Miguel del Puerto, Pochutla, también en la costa oaxaqueña, cuyas tierras comunales le fueron despojadas y entregadas a los grandes emporios nacionales y transnacionales del turismo. Ante estas expropiaciones que comenzaron a darse en los años 80 las comunidades se han organizado y se han dado las primeras tomas y recuperaciones de tierras.

Comunidades amenazadas por megaproyectos mineros y eólicos

Ana María nos recuerda que los mencionados no son más que dos de los casos más recientes de ataques a las comunidades indígenas pero advierte de la amenaza continua de destrucción masiva, tanto de sus recursos como del tejido social, a la que se ven sometidas las comunidades indígenas en Oaxaca por parte de grandes empresas transnacionales.

Como ejemplo representativo de las amenazas de la minería en Oaxaca, está el caso de las comunidades de la sierra sur donde el gobierno federal ha entregado concesiones a empresas mineras de más de 120,000 hectáreas por cincuenta años.

Cabe mencionar también la confrontación que se está dando en la región del istmo de Tehuantepec, entre las transnacionales energéticas y las principales organizaciones regionales frente al megaproyecto por el que se pretende implantar el parque eólico más grande de Latinoamérica. Las organizaciones y comunidades ponen en tela de juicio la buena voluntad de las multinacionales y se oponen a estos megaproyectos que amenazan la continuidad de sus formas de vida tradicionales.