Texto y fotografías por Simón Sedillo
La primera estrategia exitosa de las autodefensas, emanadas de la comunidad y en contra del cártel de los Caballeros Templarios en Michoacán, tuvo lugar el 15 de abril de 2011 en la comunidad indígena p’urhépecha de Cherán. Las implicaciones del éxito de este original levantamiento contra la Familia Michoacana y el narcogobierno son incalculables. Sin embargo, lo que hoy es evidente es que esta estrategia se ha desparramado contagiosamente a través del estado e incluso ha inspirado a comunidades mestizas, no indígenas, a replicarlo. Desde febrero de 2013, una variedad de comunidades, tanto indígenas como mestizas, se han levantado en armas, expulsado a la policía municipal de sus localidades, expulsado a los Caballeros Templarios de sus territorios, han comenzado a verse envueltas en estrategias de autogobierno fundadas en el modelo de una asamblea general que toma acuerdos por consenso. La mayoría de las comunidades mestizas del estado de Michoacán son conocidas por su racismo contra los pueblos indios y sus comunidades. Verlas ahora practicar estrategias indígenas para la liberación comunitaria es un hecho histórico y nunca antes visto.
Una comunera de Cherán habla de la importancia del autogobierno y comparte su análisis sobre el movimiento de las autodefensas comunitarias, los partidos políticos y los medios de comunicación.
La opinión pública y el movimiento social
Uno de los mayores obstáculos que han enfrentado los comunitarios (movimiento de autodefensas) en Michoacán ha sido la opinión pública que de ellos se a transmitido a nivel nacional e internacional. Para mala suerte de los comunitarios, su imagen es principalmente fabricada por los medios comerciales que intentan estandarizar y simplificar los movimientos sociales a modo de pequeñas píldoras etiquetadas como buenas o malas, blancas o negras, correctas e incorrectas. Además, el estándar para determinar la validez social y política de un movimiento está configurado por intereses políticos y financieros específicos. El problema es que como sociedad global hemos permitido que los medios comerciales sean nuestra fuente primaria de comunicación a pesar de sus obvias e hipócritas contradicciones. Permitir que los movimientos de liberación comunitaria sean estandarizados y simplificados sofoca la diversidad que hemos encontrado en ellos.
Existe además otro obstáculo para el cabal entendimiento de lo que acontece en Michoacán, que viene esta vez de la mayoría de los académicos, intelectuales e incluso de muchos activistas solidarios que buscan cierto purismo en los movimientos sociales: antes de fijar una postura solidaria, se les exige a los comunitarios que tengan una línea política estricta. Esta solidaridad selectiva ha generado una dinámica de exclusión en términos de quién recibe atención y quién no, en términos de quién recibe apoyo y quién no, y en términos de quién es considerado un movimiento social y quien no. Aquellos a los que se les considera «impuros» son descartados casi instantáneamente.
Históricamente, sectores enteros de la sociedad mexicana han sido desacreditados como movimientos sociales y todo parece indicar que la sociedad civil nacional e internacional no está dispuesta a extender su apoyo, comprensión y solidaridad hacia el pueblo michoacano en su lucha por una vida digna. En los últimos años, incluso, algunos izquierdistas radicales mantuvieron a los llamados «narcoestados» a distancia, como si fueran unos calzoncillos sucios. «Estos lugares están condenados. Esta gente está condenada. No hay nada que hacer aquí. Hay mucha corrupción. Es muy violento. No hay esperanza». Esta actitud despectiva hacia las poblaciones que han sobrellevado una auténtica guerra durante los últimos ocho años, es en parte responsable de las más de cien mil muertes y diez mil desapariciones perpetuadas por una variedad de cárteles coludidos con todos los niveles del gobierno mexicano.
Hoy, tanto indígenas como comunidades mestizas michoacanas se enfrentan al mismo monstruo y, a pesar de que los medios no les favorecen, Michoacán se levanta de su agonía. El movimiento comunitario crece constantemente, obliga al mundo a cambiar su mirada, y conducen al gobierno federal a montar un show donde parece que se está tomando en cuenta a la gente. Hoy se ha vuelto dolorosamente claro que el problema de Michoacán no se encuentra solamente en las drogas, la corrupción y el crimen organizado, sino que está relacionado con el mismo problema que enfrenta el resto del país: es la consecuencia de un sistema militar, político y económico que transforma en desechables a sectores enteros de la sociedad cuando se trata de asegurar el control del territorio, la mano de obra barata, los recursos naturales y las ganancias.
La imposición militar, política y económica
A través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, políticos, banqueros y empresarios transnacionales impusieron una estrategia de economía política militar en México, que ha incluido la privatización de telecomunicaciones, transporte, educación, salud, energía, y por supuesto tierra y recursos naturales, mayoritariamente ubicados sobre territorios ejidales y comunidades indígenas. El gobierno mexicano, con la ayuda del gobierno estadounidense, incrementó el uso de estrategias militares de defensa interna y paramilitarismo. Hoy, una cultura paramilitar prevalece en toda la sociedad mexicana, no solamente a las comunidades indígenas. Por cada grupo social que intenta resistirse y organizarse contra las imposiciones militares, políticas y económicas del neoliberalismo, hay una contraparte paramilitar, dispuesta a actuar como grupo de choque o incluso como escuadrón de la muerte, para descarrilar los esfuerzos del cambio social a través de la amenaza y la fuerza bruta. Podemos reconocer el paramilitarismo a través de los siguientes criterios:
- La organización paramilitar está conformada por civiles con un punto de vista opuesto al que mantiene el movimiento social-civil ya sea cultural, social, laboral, geográfico, religioso o político.
- Está financiada y entrenada por una entidad oficial como los militares, policías u otra entidad de gobierno, transnacionales, bancos o caciques locales.
- Lleva a cabo actos de violencia y brutalidad como la estrategia primaria para tomar el control del territorio y los recursos naturales.
- Opera con completa impunidad de ser procesados por alguna entidad de gobierno oficial.
- Los actos de violencia llevados a cabo por la organización paramilitar funcionan como «atrocidades negables» para que el estado, transnacional, bancos o el gobierno oficial puedan negar responsabilidad o complicidad y alegar disputas civiles internas y, por consiguiente, justificar más intervenciones policiales o militares en una región dada.
El propósito del paramilitarismo es dividir de manera oculta y disimulada a las comunidades, para luego justificar la militarización oficial y lograr el fin último: controlar los territorios y sus recursos naturales. Los casos más relevantes de paramilitarismo en México se encuentran en las disputas por los territorios indígenas, en particular en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde prevalecen diversos proyectos autonómicos.
El ensordecedor silencio del narcoparamilitarismo
Cuando se trata de estados como Michoacán, de alguna manera los medios comerciales, la academia y muchos activistas ignoran las tendencias del crimen organizado hacia el paramilitarismo. Aquí, la gente ha tenido que luchar para sobrevivir siempre al borde de un enfrentamiento violento entre tres diferentes cárteles: la Familia Michoacana, los Zetas y ahora los Caballeros Templarios. Michoacán es conocido en el mundo por el tráfico y cultivo de marihuana pero, con la tendencia hacia la legalización del enervante en Estados Unidos, éste último cártel diversificó sus giros, en particular la producción de metanfentaminas y una industria más lucrativa: el uso de la violencia como herramienta de coerción para obtener el control territorial. A la fecha, dicho cártel continua cosechando terror mediante sus escuadrones de la muerte y mantiene operaciones internacionales de contrabando de drogas. También ha comenzado –de manera silenciosa– a asumir la seguridad de los territorios donde transnacionales, bancos y oligarquías políticas pretenden extraer ilegalmente recursos naturales.
Si aplicamos los cinco criterios anteriormente mencionados, lo que vemos son cárteles con un nivel de paramilitarismo profesional que ya ha sobrepasado a las clásicas formas de las organizaciones paramilitares: el ejercicio del control territorial es absoluto. Además del tráfico de narcóticos, secuestros, tortura, coersión, el cobro de piso, violaciones, asesinatos, trafico de órganos, canibalismo y mutilaciones, los Caballeros Templarios han tomado el control de industrias legales tales como el cultivo del aguacate, el limón y las operaciones mineras. En otros casos, como Cherán y Ostula, el cártel estuvo proveyendo de seguridad armada para la tala ilegal de bosques. Esta es la verdadera cara del narcoparamilitarismo en México.
De la criminalización del movimiento al intento de cooptación
A pesar de las evidencias que muestran que los Caballeros Templarios son el verdadero problema en Michoacán, los medios de comunicación se han empeñado en criminalizar a los comunitarios, tratando de atribuirles supuestas conexiones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Una preocupación de los intelectuales y activistas es que el gobierno federal esté cooptando a los comunitarios. Muchos activistas y académicos los han desacreditado tildándolos de oportunistas, mercenarios e incluso como paramilitares patrocinados por el estado y modelados al estilo de la intervención estadounidense en Colombia. Ellos claman que están funcionando sin el apoyo o involucramiento de la comunidad y que no responden a las comunidades que ellos liberan.
Tal vez, efectivamente, hayan instancias de oportunismo detrás del movimiento comunitario. Puede, incluso, que haya evidencia en casos aislados de que algunos de estos grupos estén recibiendo apoyo económico de algún cártel, o incluso de que miembros de los cárteles se disfracen o actúen como comunitarios. Hay alguna evidencia de la presencia aislada de mercenarios en la primera línea y en algunos de sus avances. También hay evidencia de que el gobierno federal intenta cooptar al movimiento comunitario registrándolos a ellos y sus armas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, hay mucha más evidencia sobre el creciente apoyo de las comunidades a las diversas expresiones del movimiento de autodefensas, mismas que están comenzando a fomentar formas alternativas de autogobierno y autodeterminación basadas en la comunidad, formas que no están desafiando nada más al cártel sino también al gobierno mismo y al sistema de economía política militar que los ha llevado a esta situación.
El gobierno federal y estatal ha comenzado a convulsionar ante la extendida estrategia de liberación comunitaria que se ha venido dando en el último año en los municipios de Tepalcaltepec, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Aguililla, Nueva Italia y Antúnez, entre otros. Mientras los comunitarios comenzaban a rodear el bastión templario en la ciudad de Apatzingán, el gobierno federal respondió con una estrategia de descrédito, criminalización y desarme de los grupos de autodefensa. El 13 de enero de 2014, poco después de ser liberado, el gobierno mexicano llegó al pueblo de Antúnez y comenzó a desarmar de manera agresiva a los grupos de autodefensas. Este no sería ni el primer ni el último intento de desarme de los militares hacia los grupos de autodefensa; ese día, sin embargo, las cosas salieron muy mal. Miembros de la comunidad de Antúnez salieron en apoyo de los comunitarios que estaban siendo desarmados, mientras miembros del ejército mexicano abrían fuego contra una masa de civiles desarmados, matando a cuatro personas incluida una niña de once años.
Luego de meses de una campaña de criminalización por parte de la prensa comercial, repentinamente el gobierno federal empezó a hablar de la legalización de grupos de autodefensas a través de la poco conocida figura de policía rural. El gobierno pidió detener el avance de los comunitarios hacia nuevos territorios, mientras se acordaban los detalles del acuerdo de legalización. El 27 de enero de 2014, varios representantes de los grupos de autodefensas del estado firmaron un acuerdo con el gobierno estatal y federal para dar inicio al proceso de legalización de los comunitarios, el cual incluye el registro oficial de sus miembros y sus armas con el ejército mexicano a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Para comienzos de febrero de 2014, únicamente 500 comunitarios se habían registrado ante la SEDENA, cuando existen más de 15 mil de ellos en todo el estado. A pesar del ahora «transparente» intento por cooptar al movimiento, la estrategia ha sido poco eficaz debido a la desconfianza generalizada hacia el gobierno y en particular hacia el ejército, quien ha sido comisionado para supervisar el proceso de registro. Muchos de los comunitarios temen que en algún punto ellos serán criminalizados por el gobierno federal y estatal. En respuesta al arresto de Hipólito Mora, líder comunitario de la Ruana, el domingo 16 de marzo, el vocero del movimiento, José Manuel Mireles, anunció la ruptura oficial con el gobierno.
Rompiendo la maldición de lugares olvidados: el caso de Peribán
A pesar del cese al fuego acordado con las autoridades, los comunitarios no detuvieron sus avances hacia nuevos territorios. El 27 de enero de 2014 –el mismo día en que se firmaba el acuerdo de paz con el gobierno– avanzaron hacia el municipio de Peribán. La liberación de éste fue pacífica e incluso se vio festiva. Peribán fue liberado por grupos de autodenfesas de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Nueva Italia, Los Reyes, entre otras, como también por habitantes de Peribán que habían sido previamente exiliados por la narcoviolencia y se habían unido a grupos de autodefensa en su avance a través de Tierra Caliente. Muchos comunitarios de Peribán me contaron que se habían unido con las esperanzas de algún día liberar su propia comunidad y el lunes 27 de enero de 2014, ese día llegó.
Después de la liberación de Peribán, la mayoría de los grupos de autodefensa continuaron su avance hacia Los Reyes, mientras otros se quedaron para asistir a los habitantes en las subsecuentes operaciones de recuperación de propiedades, identificación de punteros y miembros del cártel y en el establecimiento de una estrategia de defensa a largo plazo. Ésta es la verdadera cara de un movimiento que tiene por columna vertebral la solidaridad comunitaria.
Junto con la construcción de barricadas de sacos de arena como puntos de control en varios sitios de la ciudad de Peribán, los comunitarios han llevado a cabo operaciones al estilo de guerrilla para liberar casas, negocios y propiedad bajo control templario. Las propiedades que fueron arrebatas a los templarios les fueron devueltas a sus dueños originales. Las propiedades bajo control templario sin un dueño original, fueron expropiadas por los grupos de autodefensas y están entrando en un proceso de distribución colectiva. Una gran cantidad de vehículos y la mayoría de las armas usadas por los comunitarios han sido expropiadas a los templarios. Los constantes viajes a los montes que rodean la ciudad y a los huertos aguacateros para cazar a los templarios y encontrar sus guaridas —hecho que yo presencié— han sido meticulosos, intensos y efectivos. El pueblo de Peribán coincide en que su comunidad es hoy mucho más segura, como no lo había sido en mucho tiempo.
El principal recurso natural de Peribán es el aguacate. El «oro verde», como le llaman los michoacanos, es una industria multimillonaria que se exporta al resto de México, Estados Unidos y Canadá. Sin saberlo, la mayoría de los consumidores norteamericanos de licuados de aguacate y guacamole habían estado consumiendo las exportaciones de Los Caballeros Templarios, quienes dominaban toda la cadena productiva. Terratenientes, cortadores de aguacate, transportistas, revendedores y empaquetadores, eran forzados a pagar una «protección» mensual a los templarios o, de lo contrario, sufrían torturas, asesinatos de parientes y, en última instancia, el asesinato directo. Así controlaron los Templarios los territorios y las ganancias de los cultivadores y exportadores de aguacate. Desde luego, tras la liberación de estas tierras, los habitantes de Peribán –que dependen de la industria del aguacate– muestran su aprecio a través de la solidaridad y el financiamiento directo del movimiento comunitario.
Los comunitarios mantienen un elemento intergeneracional que se ha perdido en la mayoría de los poblados mestizos: viejos y jóvenes colaboran para crear los equipos de autodefensa. En mi estancia por este municipio, conocí a tres jóvenes de entre 18 y 25 años, que no eran de ahí pero que habían decidido involucrarse por un largo tiempo. Habían estado en el frente de batalla con sus comunidades por un poco más de un año y se habían vuelto expertos en «cazar» templarios. Estos jóvenes me dejaron la grata impresión de que a pesar de haber perdido familiares y haberse convertido en respetados asesinos, no habían perdido su humanidad. ¿Cómo alguien vive esas cosas y no pierde su sentido de humanidad? Esta es una cualidad que raramente encontraremos en jóvenes armados con rifles de asalto.
Los jóvenes y viejos de Peribán legitimaron el liderazgo informal en el campo de batalla de estos tres extremadamente humildes, respetuosos y dignos jóvenes. Junto con ellos, los ancianos y jóvenes de Peribán emplearon una estrategia de seguridad que en la mañana del 4 de febrero comprobó ser extremadamente efectiva. Alrededor de las tres de la mañana, un grupo de fuerzas altamente entrenadas de los Caballeros Templarios llegaron a Peribán a través de los campos de aguacate, ubicados en una esquina del pueblo, y abrieron fuego a tres de las cuatro diferente barricadas comunitarias. Quienes se econtraban ahí respondieron al fuego y se mantuvieron firmes en sus puestos. Nadie de su lado fue herido, pero dos templarios murieron en el tiroteo. Al día siguiente los comunitarios peinaron los campos aledaños al pueblo, y encontraron evidencia de la presencia de grandes grupos de fuerzas templarias especializadas. Las huellas de botas militares se veían a simple vista, así como lugares de descanso que incluían árboles de plátanos talados y puestos en el suelo a modo de camas.
Entre las 2 y las 2:20 horas de la madrugada del jueves 27 de marzo, se registró una balacera: una camioneta disparó contra una barricada cerca del centro de la ciudad. Al darse a la fuga, la camioneta fue perseguida por patrullas del grupo de autodefensas. En ese momento se registró otra balacera en contra de otras dos barricadas ubicadas hacia las orillas del pueblo. Reportan saldo blanco por parte de los comunitarios. En las dos ocasiones lograron defenderse y defender a su pueblo de un avance narco-paramilitar en su comunidad. Las fuerzas templarias estaban claramente utilizando tácticas guerrilleras en estas dos incursiones a la comunidad. El hecho de que ancianos, mayores, y jóvenes fueran capaces de resguardarse de estos ataques profesionales y proteger a su comunidad de lo que bien pudo haber sido una masacre, es también un hecho histórico e increíble. Estos dos ataques nunca fueron mencionados en ninguno de los medios comerciales.
EL 27 de febrero de 2014, un mes después del levantamiento de Peribán, los comunitarios organizaron una asamblea general en el centro del pueblo y eligieron a un consejo ciudadano de autodefensa como un cuerpo de seguridad reconocido y avalado por la comunidad. Esto es un primer paso que no solamente ver por la autodefensa y seguridad de la comunidad, sino también por el futuro de Peribán con el fin de que nunca vuelvan a caer en las manos de ningún cartel u organización criminal. Uno de los comunitarios mayores me dice «necesitamos averiguar como retomar el control comunitario de la industria del aguacate. Necesitamos ser capaces de desarrollar pequeñas empresas que puedan procesar y comercializar los productos del aguacate a un nivel nacional e internacional. No podemos volver a las empresas transnacionales que se quedan con todas las ganancias de la industria de la aguacate y nos excluyen del goce del fruto de nuestro trabajo. No necesitamos programas gubernamentales, no necesitamos partidos políticos y no necesitamos cárteles. Lo que necesitamos es ser libres y capaces de ganarnos la vida y proveer trabajo digno a nuestro jóvenes para que nunca estén tentados a involucrarse con el crimen organizado». Peribán puede ahora sumarse a la lista de comunidades en Michoacán donde se empieza a practicar formas alternativas de autogobierno.
Pienso en los guerreros jóvenes y viejos de Peribán, y me doy cuenta que Peribán nos está enseñando, al resto de nosotros, una lección de vida. Nos está enseñando que aunque el mundo de los medios masivos comerciales, académicos y activistas no esté listo para entender y empatizar con su situación, la gente de Peribán es capaz y está dispuesta a hacer lo que sea necesario con el fin de generar un cambio en su realidad. Hay muchos lugares olvidados en este mundo que son desacreditados y estigmatizados como lugares sin esperanza, pero la gente de Peribán está ahora en el frente de batalla de las comunidades de todo el mundo que están activamente rompiendo la maldición de los lugares olvidados.