Por Graciela López/Periódico Luciérnaga
El 23 de febrero del 2014 se llevó a cabo la asamblea regional convocada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de los Pueblos Fundadores, en la comunidad de El Potrerillo, municipio de Malinaltepec, región Costa-Montaña del estado de Guerrero. La asamblea contó con la presencia de más de 23 autoridades agrarias y civiles, además de consejeros, policías, comandantes regionales y ciudadanos en general. En las intervenciones se hizo un balance del camino andado a un año de la fractura del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia.
Antecedentes
Exactamente un año antes, el 23 de febrero de 2013, se realizó una asamblea regional para elegir una nueva coordinadora, en la que no se respetó el reglamento interno de la CRAC-PC, ni los usos y costumbres de esta institución. Tras muchas asambleas locales para el análisis de la descomposición, la corrupción, el cerco mediático y la intromisión del gobierno, los pueblos Me’pháá y Ñu Savi –fundadores de este sistema de impartición de justicia– concluyeron que tanto los que impusieron a la nueva coordinadora, como el gobierno, llegaron a dividir y a confrontar a las comunidades para controlar el proyecto de los pueblos.
En los meses siguientes se vivió una tensa situación ligada a la existencia de varias CRAC-PC. Además de complicar la lectura del proceso para la mayoría de las organizaciones solidarias con los pueblos organizados de Guerrero, el concierto de acusaciones opacó la voz de las autoridades indígenas formalmente constituidas en asambleas agrarias y civiles. Los testimonios que se presentan a continuación –resultado de un recorrido realizado por SubVersiones en julio de 2013– restituyen la palabra de quienes fueron descalificados por todos los medios y quienes, paradójicamente, han construido a la CRAC-PC desde sus raíces.
Hacia la reconstrucción
El 16 de junio del 2013, en una asamblea regional convocada por autoridades comunitarias y realizada en Santa Cruz del Rincón, se eligieron nuevos coordinadores, revocando y desconociendo a los que operaban en la casa de justicia de San Luis Acatlán. Este proceso se dio a conocer como la reconstitución del proyecto original de la CRAC-PC de los pueblos fundadores. Además de retomar en el reglamento interno de la Policía Comunutaria (PC) que estas mismas autoridades crearon en 1995, se reconsideraron las bases organizativas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), tal y como se habían planteado desde 1998.
Estos principios fueron reiterados durante la asamblea del 23 febrero de 2014. Recuperándolos, la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores busca diferenciarse de cualquier otro proyecto que pretenda adjudicarse su historia.
- En la CRAC-PC se respeta la voluntad del pueblo y no la del gobierno.
- La asamblea es la máxima autoridad de toma de decisiones.
- La justicia se aplica a través de la reeducación: trabajo comunitario, servicio al pueblo y los detenidos reciben consejo de los ancianos.
- La libertad o reincorporación del detenido a la comunidad se decide en asamblea.
- Se respeta la dignidad de los detenidos, no se les humilla rapándolos como lo hace el sistema judicial del gobierno y no se permite la tortura.
- La comunidad con su comisario tiene que investigar antes que el detenido llegue a la coordinadora, no deben ir los comandantes directo a la detención sin tener fundamentos.
- Para que la justicia alcance para todos, cero privilegios, el que la deba que la pague. Se le da la razón a quien la merece, sea pobre o rico, buscando siempre la verdad a través de la investigación y el careo.
- No se alarga el proceso de aplicación de justicia sin razón, porque esto desgasta la economía de la gente.
- No se cobran multas, ni fianzas, no hay dinero de por medio, porque la justicia no es mercancía.
- Cuando se pierde el principio democrático, se pierde el respeto, la justicia, la lealtad al pueblo, ya no hay confianza, como quien dice se impone un pensamiento individualista y esto debe corregirse a través del diálogo y de fortalecer las asambleas.
- Los cargos no se promueven, no hay planillas, ni promoción o campañas; la asamblea lo decide, se respeta la voluntad del pueblo.
En la asamblea también se recordó que el proyecto de la CRAC-PC ha trascendido a nivel nacional e internacional y que es conocida su lucha autónoma para brindar seguridad, paz y justicia de acuerdo a sus usos y costumbres como pueblos indios. «Pocos han logrado percibir el esfuerzo que hacen por recuperar su dignidad, después de una ruptura que caracterizan no sólo como diferencia política, sino como una posible infiltración desde el Estado a más de 18 años de insistencia por desaparecer el derecho colectivo, las luchas indígenas, no solo en el estado de Guerrero», aseguró un asistente.
«Los pueblos indios que nacimos la CRAC-PC aquí estamos, tenemos voz, historia y sobre todo dignidad, no nos hemos vendido, no nos hemos rendido», Cirino Plácido Valerio
Nuevamente se hizo un llamado a los medios de comunicación honestos, a las organizaciones sociales y a los pueblos de nuestro país, para que su criterio sea responsable, con fundamentos; para que se acerquen a las asambleas, al proceso, y que pregunten para poder juzgar, que no se haga caso a los rumores. En este sentido, Cirino Placido Valerio cuestionó: «¿Dónde están los que nos acusaron de traidores o paramilitares? En los medios de comunicación se llenaron la boca de mentiras. Hoy ha pasado un año, a ellos los credencializa el ejército y les paga el gobierno y nosotros no nos hemos vendido, seguimos resistiendo y comprometidos con nuestros pueblos. Seguimos construyendo el proyecto original de la CRAC-PC». Por su parte, el Consejero Apolonio Cruz Rosas, dijo ante la asamblea que no había ningún compromiso con el gobierno, «porque el que paga manda y nosotros no somos subordinados, hay compromiso con el pueblo».
Aunque el gobierno y algunos medios de comunicación les llaman “los disidentes de la CRAC”, estos pueblos reafirman los principios y la lucha que dignifican su caminar lento pero firme. Hoy, ellos reiteran que este año cumplirá 19 años su camino por una justicia que le devolvió la confianza y la tranquilidad a los pueblos, disminuyendo los delitos en el territorio comunitario.
Donde trabaja la CRAC-PC de los pueblos fundadores no hay narcotráfico, «aquí no vivimos el horror que se vivió en el estado y en el país», se dijo. También se aclaró que ante la imposición de hace un año, el 23 de febrero de 2013 en San Luis Acatlán, se vieron en la necesidad de agregar al nombre de su proyecto original el lema «Pueblos Fundadores», debido a que las comunidades que dieron origen a la Policía Comunitaria fueron las que se volvieron a reorganizar sin perder sus principios y valores. De hecho, ellas disponen del acta de constitución de 1995, donde están agregados con firma y sello los pueblos fundadores de la Policía Comunitaria.
«Nos despejamos por la manipulación de personas ajenas que se fueron dibujando el signo de pesos en la mente y eso corrompe los principios de nosotros como pueblos», Bartolo Mejía Ruiz
Las más de veinte comunidades que se han reorganizado para preservar la tranquilidad, reconstruyendo todo el sistema de impartición de justicia –resguardo de presos, guardias comunitarias, cambio de brazo para resguardo de las fiestas y eventos regionales, operativos para la prevención de delitos–, lo han hecho con cooperaciones de las propias comunidades, además de buscar la solidaridad de organizaciones sociales para sostener la Casa de Justicia provisional de Santa Cruz del Rincón.
Nuevas amenazas
Sin embargo los pueblos Me’pháá y Ñu Savi enfrentan otros peligros. El gobierno y las empresas trasnacionales colaboran y avanzan en los territorios comunitarios promoviendo el despojo y la explotación. La CRAC-PC de los Pueblos Fundadores ya no sólo tiene que velar por la seguridad de sus pueblos, sino también por la defensa de su territorio, en rechazo a proyectos como la Reserva de la Biósfera de la Montaña de Guerrero y las Áreas Naturales Protegidas, que van de la mano de varias concesiones mineras que amenazan con iniciar la explotación a cielo abierto. En la comunidad de Paraje Montero –comunidad integrada a la Casa de Justicia de Espino Blanco–, ya se dio un primer paso en este sentido, pues sin información ni consentimiento de toda la comunidad, se firmó un contrato minero en 2014.
En respuesta, los pueblos se están organizando a través de un Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, que lleva 12 foros realizados para el análisis de propuestas y posibles movilizaciones que frenen el avance de las mineras. A este consejo se sumó la CRAC-PC de los Pueblos Fundadores para acompañar y unir fuerzas frente a esta situación que afectará a todo el territorio comunitario.
La valoración de la asamblea es que quienes se intentan apropiar del nombre de la CRAC-PC y que se quedaron –por la vía de la represión a civiles y autoridades comunitarias– con la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, tienen una relación cada vez es más estrecha con el gobierno, no sólo porque han recibido mensualmente recursos millonarios del gobierno estatal, sino porque dichos recursos han servido para generar lo que el gobierno había intentado por más de 17 años: la división y la ruptura de la institución indígena. La credencialización que continúa realizando la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de elementos del ejército mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, es el acto de sumisión que durante décadas habían deseado los distintos órdenes de gobierno. Pero lo que va profundizando las diferencias entre ambos proyectos, es la forma de toma de decisiones y el derroche de esfuerzos de aquellos por convencer mediáticamente a todo el mundo de que su proyecto es legítimo.
Un día común en la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón
Es de mañana, el sol asoma para dar su luz de vida. Mientras los niños corren con mucha libertad en los distintos espacios de este pueblo, las actividades no paran en la Casa de Justicia de Santa Cruz del Rincón. Los presos trabajan al servicio de la comunidad escarbando para la construcción de letrinas; los coordinadores siguen de pie, resolviendo denuncias y los casos de los detenidos. No todo se puede resolver al momento: llevan los casos a la investigación, se trasladan a diferentes comunidades para resolver conflictos o entregar a los liberados, se consulta en asamblea regional los delitos más delicados para definir el tiempo del proceso de reeducación. Según los comunitarios, este proceso ya se había perdido, sin embargo, ellos mantienen su convicción por recuperarlo, porque aseguran que es la mejor forma para alcanzar una sociedad con menos delincuentes, menos violencia, donde el diálogo, el acuerdo y el consejo de ancianos sea la palabra que forme jóvenes, mujeres y hombres más justos y preocupados por buscar alternativas más dignas para vivir.
Las palabras de estos hombres y mujeres que dan un servicio a la comunitaria son de respeto, de consulta, de tolerancia, por un futuro mejor para las futuras generaciones y por que éstas hereden un corazón de lucha y organización. En la cocina, mientras se preparan alimentos para los asistentes, el coordinador regional Alfonso Basurto comenta: «No es fácil la tarea de aplicar la justicia, somos ya viejos, estamos enfermos, pero si el pueblo nos puso tenemos que cumplir, y así lo hacemos».
Las jóvenes que prestan su servicio como equipo de apoyo, agilizan sus manos entre archivos y máquinas, elaborando actas, constancias y solicitudes. ¿Quién les paga?, ¿Cómo logran levantar todo un sistema de justicia sin recursos? Las respuestas podrían ser variadas, y no todo pinta de maravilla para estos indígenas. «En ocasiones no hay tiempo o no hay comida y hay que trabajar con el estómago vacío, comiendo tortillas apenas con un poco de sal», comenta el coordinador regional Daniel Calleja.
Son las 12 del día y no se nota listo el almuerzo, los policías que están de guardia buscan cafecito, sin hallar nada. Las donaciones llegan, pero rápido se acaban, lo que hay son costales de arroz y frijol, otra vez a comer lo mismo. Si las condiciones se tornan tan difíciles y aun así el trabajo se hace ¿qué los puede detener en esa dura tarea de reconstrucción del sistema de seguridad y justicia?