Por Susana Norman (Centro de Medios Independientes CMI) y Heriberto Paredes (Agencia SubVersiones)
Desde México
José Efraín Ríos Montt fue presidente de Guatemala entre 1982 y 1983, llegó al poder dirigiendo la junta militar que derrocó a Fernando Romeo Lucas García. Le bastaron escasos 16 meses en el poder para desatar una ola de operaciones contrainsurgentes para aniquilar a la guerrilla guatemlateca. Perteneciente a una corriente pentecostal llamada la Iglesia del Verbo, Ríos Montt fue también un asesino, alguien que bajo estricto y total conocimiento de las consecuencias de sus órdenes, dirigió sus acciones a aniquilar poblaciones campesinas indígenas enteras.
Es uno de los mejores ejemplos de la puesta en práctica de aquella estrategia estadounidense que comparaba a la guerrilla con un pez que se movía con toda naturalidad bajo el agua, por lo que para acabar con él había que quitarle el agua. Traducido esto a la realidad, intentó exterminar a poblaciones de civiles de una manera atroz y cruel. Sus creencias religiosas que le conferían –según él mismo- el deber de conducir a la nación guatemalteca, no le impedían aplastar la vida de miles de seres humanos. Tampoco le impidieron engañar, ocultar sus actos y una vez depuesto, intentar el regreso a la presidencia en 1990, en 1995, en 2000 y hasta 2007, año en que logró un lugar en el Congreso. Siempre buscando la inmunidad para que no ser juzgado.
No se trata de hacer una recuento de las atrocidades cometidas bajo su mandato y seguramente con su participación, antes y después de ser presidente. Lo que ahora importa es resaltar la indignación que genera la sola idea de una posible amnistía a favor de él.
En días pasados, promovido por el propio Ríos Montt y a partir del decreto 8-86 que contiene la amnistía a todos los miembros de las fuerzas armadas y guerrilleras que hubiesen cometido un delito en el conflicto armado interno, un fallo favorable de la Corte de Constitucionalidad abre las puertas a que esto se posible.
Tal hecho representa, sin duda, una afrenta a la reconstrucción del tejido social en Guatemala, a la legalidad que también lo condenó en mayo del presente a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la humanidad, pero es sobre todo una falta de respeto histórica que no puede permitirse el pueblo guatemalteco. Una persona como esta no debería ser acreedor a la amnistía, sobre todo después de un juicio tan claro y tan contundente como el que se vivió en meses pasados.
Por eso la acción de H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Guatemala resulta tan pertinente. Es de esta forma que las voces del pasado vuelven a hacerse escuchar e impiden que se les acalle con injusticias legales como las que la Corte de Constitucionalidad está cometiendo.
Con una teatralidad que dosifica el dolor y la memoria, la organización de hijos y familiares de detenidos-desaparecidos durante más de 36 años de conflicto armado interno, presenta un acto de protesta en el que es el rojo de la sangre derramada y los rostros de decenas de miles de desaparecidos los que constituyen la huella imborrable del pasado. Serán estos elementos los que permanezcan decididamente presentes en las paredes, y pisos de la Corte de Constitucionalidad. El pasado, cuando no se ha hecho justicia y se insiste en la afrenta vil, no puede borrarse, no dejará de ser un fantasma que perturbe a funcionarios y magistrados, pero será también alimento de dignidad y fuerza para quienes han decidido luchar hasta reconstruir el camino a una vida distinta, justa y libre.
Desde Guatemala
«Mientras haya impunidad habrá embuscada»
Ciudad de Guatemala. El colectivo HIJOS Guatemala realizó el pasado 26 de octubre 2013 una acción símbolica fuera de la Corte de Constitucionalidad para exigir justicia y protestar ante la la decisión de dicha Corte de abrir las vías para la amnistia al genocida José Efraín Ríos Montt. La acción fue la primera de una serie de acciones que realizará dicho colectivo en el marco de las campañas “Mientras haya Impunidad habrá Embuscada” y “Yo también soy víctima del Genocidio”.
El pasado 10 de mayo, la Suprema Corte de Justicia en Guatemala condenó al general retirado José Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por cometer el genocidio en contra de la población maya ixil en los años 82-83, y por deberes contra la humanidad. La histórica condena fue fruto de una valiente lucha por 30 años de las familias que sobrevivieron a las masacres que el Estado guatemaltéco ejecutó en el marco de las campañas de Tierra Arrasada en contra de la población maya aquellos años, mientras Ríos Montt gobernó el país. Estos dos años se insertan entre los más sangrientos de la guerra sucia, la cual se prolongó por más de 36 años, hasta la firma de la paz en 1996. El saldo de esta guerra es de más de 200 000 mil muertos, 45 000 desaparecidos, y más de millón y medio d epersonas en el exilio o desplazamiento forzoso interno.
Diez días despues de la sentencia, la misma Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia, debido a lo que los magistrados consideraron como “errores en el proceso legal”. La estrategia de defensa de Ríos Montt había sido, desde la apertura del juicio, presentar diferentes recursos de amparos y reacusaciones para entorpecer el proceso. Desde antes del fallo ya se hablaba sobre la politización y la debilidad de la Corte de Constitucionalidad en los corredores de la Sala de Vistas de la Suprema Corte de Justicia.