Sueño y catástrofe en la Nicaragua de Ortega

por Michelle Carrère y Valentina Valle

Durante los últimos meses, las calles de Managua sólo ostentaban los coloridos afiches del actual presidente Daniel Ortega. Único candidato por la presidencia, a una semana de las elecciones su tercer mandato consecutivo parece inevitable. Esto a pesar de que, desde su reelección en 2006, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha generado diferentes focos de descontento a lo largo y ancho del país.

Daniel Ortega continua gozando de un fuerte apoyo popular. Sin embargo, las acusaciones de acaparamiento del poder a través del control del congreso, de las urnas electorales, del sistema judicial, de la policía nacional y de los medios de comunicación tienen cada vez más eco entre los nicaragüenses. La concesión otorgada a un empresario chino para la construcción de un canal interoceánico, reorganizó al movimiento campesino que se perfila hoy como la cara más visible de la resistencia al “Orteguismo” como han preferido llamarle algunos sandinistas.

“Canal sí, canal no”

En 2013 el gobierno de Nicaragua entregó la concesión para la construcción de un canal interoceánico a la empresa privada china HKND, dirigida por el empresario Wang Jing, mediante la aprobación de la ley 840, también conocida como Ley Canalera: una concesión otorgada sin haberse realizado una licitación internacional, exonerada de todo tipo de tributación, exclusiva por 50 años y prorrogable por otros 50 para el desarrollo del canal y otros siete sub-proyectos. Para ello, cualquier propiedad ya sea privada, comunal, indígena o pública, ubicada en cualquier parte del país, que sea requerida para la construcción de todo el proyecto o una parte de él, será expropiada, afectando a más de 100 mil personas.

La ley canalera contempla, además del canal para naves, la construcción de dos puertos, uno en la costa Caribe y otro en la costa pacífica; de un oleoducto que conecte ambos litorales; un canal seco para la construcción de una vía férrea; dos zonas de libre comercio; y un aeropuerto internacional. Más la posibilidad de construir cualquier otra infraestructura que el inversionista considere necesaria. Conforme a esto, otros proyectos se han ido sumando a la lista: cuatro complejos turísticos, plantas de electricidad, nueve ciudadelas para los trabajadores del canal, una hidroeléctrica y un lago artificial.

Seis años son los que tiene Wang Jing para conseguir el financiamiento y otros diez para construir el paso interoceánico. Luego de eso, los 50 años comenzarán a descontarse. El tiempo pasa y desde la inauguración de los trabajos de inicio del Gran Canal en el diciembre de 2014, donde Daniel Ortega brilló por su ausencia, sólo 6 kilómetros de un camino de tierra han sido construidos. Mientras, la inversión inicialmente calculada en 40 mil millones de dólares ha alcanzado los 70 mil, según los analistas de la empresa McKinsey & Company, expertos internacionales coinciden en que el proyecto no es viable y los nicaragüenses casi han olvidado los inmensos beneficio prometidos por el proyecto, y muchos ahora piensan que ni siquiera se construirá.

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Adrián Uriarte Bermúdez, coordinador de Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas de la Universidad de Ciencias Comerciales de Managua, define el proyecto como una “cortina de humo” para encubrir el expropio de la tierra y “minimizar los problemas estructurales y las tensiones en el país”. En su tesis, sustentada por el análisis de los discursos públicos emitidos por el Presidente durante el periodo 2012-2015, y fielmente replicados por los medios alineados, Ortega habría desviado la atención nacional de los grandes temas sociales que siguen sin resolverse -como la escasez de empleos, el acceso a la vivienda o al agua potable, entre otros- vendiendo el sueño de un salvífico megaproyecto. Además, a través de una estrategia de comunicación que omitió sistemáticamente la palabra “desarrollo”, habría logrado que en ningún momento el Canal se relacionara con otras obras de igual envergadura pero de matriz neoliberal. En pocas palabras, el Canal sería un proyecto de “neoextractivismo progresista, concebido en un modelo meramente neoliberal pero disfrazado con un discurso socialista”.

En los territorios afectados por el proyecto, a la fecha no se ha realizado una consulta pública, ni se ha presentado una propuesta detallada para la adquisición de tierras, reubicación y compensación. “Ortega vende patria” reclaman los carteles de las 65 marchas organizadas por el Movimiento Campesino que exige la derogación de la ley a la que acusan de “poner en riesgo la soberanía de Nicaragua”. La concesión, de hecho, establece que el Gobierno de Nicaragua renuncia a cualquier derecho de inmunidad soberana[1], comprometiéndose a indemnizar al inversionista ante cualquier “evento desestabilizador” que impida el normal desarrollo del proyecto o de cualquiera de los sub-proyectos. Y por otra parte, en lo que concierne al inversionista, éste no será sujeto a acciones penales por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas, puesto que no le pueden ser aplicadas las leyes nacionales y que su responsabilidad legal esta diluida en más de 15 sociedades registradas entre 2012 y 2013 en China, Hong Kong, Holanda, Islas Caimán y Nicaragua, y de las cuales ninguna supera los 50 mil dólares de capital. Según Mónica López, la concesión “se constituye en una especie de cheque en blanco en el que el Gobierno ha dejado como garantía las reservas del tesoro de Nicaragua”. A cambio de una participación inicial del 1 por ciento de las acciones de HKND más un máximo de 10 millones de dólares anuales durante 10 años, cabe agregar.

Todo esto, más la posibilidad de proponer nuevas leyes o modificaciones a las existentes para garantizar el éxito del Canal indigna al Movimiento en Defensa de Nuestra Tierra Lago y Soberanía y, en cierta medida, también a la población urbana. Sin embargo, evidentemente, aún no de una manera suficiente.

El Movimiento Campesino entre fuerza de oposición y debilidades políticas

Nemesio Mejía es campesino y ganadero de Punta Gorda, una localidad en la costa Atlántica al sur de Nicaragua. No entiende cómo su Presidente haya optado por un proyecto que le dará migajas cuando podría, con una inversión mucho menor, obtener un entero pastel.

“Sólo de Punta Gorda, metemos al mercado de Managua, por semana, alrededor de 700 quintales de queso, 500 reces en pie, 400 cerdos en pie y 600-800 quintales de quequisque. ¿Cómo cree el gobierno que el 1 por ciento de los ingresos del Canal, que nosotros hicimos un calculo y al parecer serían 10 millones de dólares al año, pueda ser más ventajoso de todo lo que se genera con las exportaciones de lo que producimos allá?”

Según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), la ganancia generada en el país por las exportaciones de alimentos y oro tan sólo en los primeros seis meses de 2016 alcanzaron los 1.036 millones de dólares, así que los campesinos no entienden la lógica de las decisiones presidenciales, cuando ellos mismos estaríana listo para apoyar proyectos de verdadero desarrollo.

“Nosotros hemos propuesto alternativas, por si el gobierno quiere invertir en esta zona, por ejemplo nos faltan carreteras, muchas de nuestras comunidades no tienen caminos de penetración y muchos perdemos hasta el 30 por ciento de la cosecha. Nunca nos opondríamos a la construcción de estas infraestructuras, o de un puerto profundo, y estas obras serían una ganancia nacional porque Nicaragua es un país exportador, exportamos maíz, frijol, yuca, quequisque, carne, queso, malangas, en todo Centroamérica”.

nica-17Para los protagonistas del principal movimiento contestatario al gobierno, el proyecto del gran canal es un ataque personal, a sus bienes, a sus modos de vida y también a su ideología. “Nos sentimos traicionados”, dice Medardo Mairena mientras espera que comience la asamblea en la que deberá explicar en qué consiste la ley 840. Medardo también es campesino de Punta Gorda y es vicecoordinador del Movimiento de lucha contra el canal. “La gente siente ser sandinistas, pero el Frente no está respondiendo a las promesas que les hicieron y lo que están haciendo es quitarles lo que ellos tienen, lo que a ellos les ha costado”.

Desde la reelección de Daniel Ortega en 2006, diferentes movimientos contestatarios han surgido en el territorio nacional y los nicaragüenses coinciden en que el movimiento campesino de lucha contra el canal, es el más representativo de todas estas luchas. En las comunidades del Atlántico del sur ya no se cree en “la ayuda que vendrá”, para la población de estas zonas el presidente ya no es un protector y el discurso de apoyo a los pobres sobre el que Ortega sostiene su popularidad “por primera vez es enfrentado, de forma directa y descarnada, por militantes mismos del Frente Sandinista que están entre ese campesinado”, asegura el sociólogo Manuel Ortega, director del Centro de Análisis Sociocultural (CASC) de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua.

Los pequeños propietarios muestran orgullosos su desafiliación partidista y no procuran ser cautelosos para criticar a los partidos de oposición. En octubre de 2015, más de 2 mil 500 personas llegaron desde varias comunidades a Managua para reclamar la derogación de la ley 840, en la tercera marcha nacional convocada por el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra Lago Y Soberanía. Para muchos este viaje significó una remarcable inversión en términos de tiempo y dinero, un esfuerzo que, junto con la independencia política, el surgimiento de portavoces locales y la capacidad organizativa, ha levantado simpatía en la ciudadanía y asombro en el Gobierno. Sin embargo, pese a la solidaridad suscitada entre los nicaragüenses, ese día de noviembre los únicos a marchar por las calles de Managua fueron los campesinos enfurecidos mientras los capitalinos sí aplaudieron, pero con prudencia y desde sus casas.

Por ahora “el hecho concreto es que el movimiento campesino no ha logrado encontrar un eco en los sitios urbanos”, asegura Manuel Ortega. Las demandas consideradas puntuales a los intereses de los campesinos, mantienen al movimiento alejado de la ciudad donde se concentra el apoyo al Frente. Esto, según el sociólogo, se inscribe en una situación generalizada en la que “la gente no se está movilizando por motivaciones que vayan mas allá de motivaciones muy puntuales”. Y es que el miedo de la población a revivir hostilidades del pasado es también “un elemento desmovilizador”.

Así, el descontento de los campesinos “es una herida grande, la más grande que pueda haber tenido el frente en los últimos diez años de gestión” como afirma la feminista María Teresa Blandón, pero las opiniones convergen en que la creación de un nuevo liderazgo político, que logre competir con el régimen de Ortega, debe tener como protagonistas a sectores que se reclaman sandinistas y que hoy apoyan al régimen porque no tienen otra alternativa.

Así, quienes anhelan un cambio para Nicaragua aguardan el noviembre electoral en la resignación. “Nosotros no sentimos que el cambio lo vamos a lograr a través de las elecciones porque el Gobierno tiene controlado todo (…) no tenemos ninguna garantía, ninguna esperanza” dice el campesino Mairena.

La pregunta que flota en el aire es qué sucederá luego de que Daniel Ortega asuma su tercer mandato consecutivo. Mónica López espera “que el gobierno sepa rectificar y no cometa el error de arrinconar a las comunidades que han estado protestando y arrinconarlas a tal punto que ponga en riesgo la paz social en Nicaragua”. El aumento del autoritarismo del Estado, la debilidad de la oposición política y la presión de los movimientos sociales tienen preocupados a los nicaragüenses. Temen que la falta de alternativas por la vía cívica pueda derivar en situaciones de violencia y que, como dijo Manuel Ortega, se abra para Nicaragua “una etapa de inestabilidad, ingobernabilidad, polarización y conflicto”.

[1] Propio del derecho internacional, se ha desarrollado y puede ser explicado a partir del principio par in parem no habet imperieum, en cuya virtud un Estado no esta sujeto a la jurisdicción de otro, su par.