Por Grupo de Trabajo Topos 1102**
Pues ahora la confusión ideológica y analítica se convierte en una realidad estructural, mucho más que en una variable accidental. Ya que la economía está sujeta hoy a virajes mucho más abruptos que a los que el mundo anterior nos tenía acostumbrados, virajes para los que no existen explicaciones sencillas. Además de todo esto, la entera construcción social, nos parece cada vez menos confiable, y las instituciones en las que hemos confiado para que garantizaran nuestra seguridad inmediata, comienzan a colapsar seriamente. Entonces el crimen antisocial, igual que el así llamado terrorismo, parece expandirse ampliamente, y esta percepción genera amplios niveles de miedo. Y uno de los reflejos extendidos de este miedo incrementado, es la expansión de medidas de seguridad privadas, implementadas por fuerzas mercenarias no estatales.
Immanuel Wallerstein, traducción Carlos Aguirre Rojas, «Los movimientos antisistémicos y el futuro del capitalismo» en Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, Tomo II.
El noreste mexicano, la ciudad de Monterrey; tierra con historia en donde luchadores y luchadoras incansables han entregado su vida por la construcción de un mundo en donde la libertad y la dignidad sean realidades que atraviesen nuestras vidas.
Sin embargo, los políticos y empresarios de la ciudad de Monterrey, con ahínco y por más de tres décadas, han buscado fortalecer una cultura de la desmemoria, consumo, explotación y más recientemente la de desaparición y muerte. La indignación –motor de este trabajo informativo– es el camino que mantiene encendida la llama de la esperanza, la llama de la vida, permitiendo así la resistencia de muchas familias neoleonesas que día a día buscan justicia y dignidad verdadera.
Pero la guerra que sofoca a todas y todos ha tomado formas distintas, formas sofisticadas y Monterrey ha servido como buen laboratorio de experimentación para ello, llegando así a estar sometidos a una política o bien, a la que se le ha llamado necropolítica: una forma de ejercer la política en donde mujeres, hombres, niños y niñas llegan a ser sólo cifras y cuerpos vendibles o sacrificables, una política expresada desde ciertas esferas y en donde la decisión sobre la vida y la muerte de miles no es una complicación, es en sí, el sustento del poder. Quién puede vivir, quién debe morir y quién puede decidirlo en caso de ser necesario, análisis central de la tesis de Achille Mbembe.
A fines de 2006, después de la declaración de guerra por parte del gobierno de Felipe Calderón, las cosas han cambiado de manera abrupta para los habitantes de Nuevo León, en donde –como es sabido– la gente común y sencilla es la que más ha sufrido la ejecución de esta guerra. Podemos observar el incremento de la violencia con claridad a partitr del 2010 y cómo, poco a poco, se les escapa de las manos a los goberanantes (tal vez sea ésta la mejor manera de funcionar del laboratorio), dejando al descubierto la influencia de empresarios sobre la ciudad y evidenciando la triada –narcotráfico, empresa y Estado– que hace funcionar el status quo capitalista en su fase criminal, sin problema alguno.
Fotografía: Heriberto Paredes
No es un misterio saber quiénes están detrás de todo esto, basta una breve mirada a las sociedad regiomontana para poder observar los efectos de la guerra y su violencia, el posicionamiento de las fuerzas dominantes y sus actores principales: quienes trataron de enterrar el caos en el cual se sumerge la ciudad, algo que a estas alturas es ya imposible.
Similar al resto del país, encontramos un gobierno que opera siendo la clase empresarial, son ellas y ellos quienes mueven los hilos de lo que pasa en esta cuidad. Capital industrial mexicano, Monterrey es sede de una conglomeración de corporaciones multinacionales como FEMSA (la embotelladora de botellas más grande en Latinoamérica y la más grande de productos Coca-Cola en el mundo), CEMEX (la tercera cementera más grande del mundo), Grupo Alfa (industria petroquímica y de alimentos), Cydsa, entre otros, cuyo poder se ha concentrado en tan sólo diez familias. Es así que a través de fidelidades familiares, de poder y de intereses económicos el sector empresarial se encuentra notablemente cohesionado.
A comienzos del sexenio de Felipe Calderón, y bajo el gobierno estatal del panista Fernando Canales Clariond, la ciudad de Monterrey estaba catalogada como una de las ciudades más seguras en Latinoamérica. Hoy ya no es lo mismo. Particularmente, 2011 fue un año en donde el terror y las masacres cimbraron a la sociedad, para muestra algunos botones:
Julio, 2011. El Sabino Gordo –salón de baile popular–, cifra oficial, 21 muertos, las voces a las afueras contaban muchos más.
Agosto, 2011. Casino Royal –salón de apuestas y exparcimiento que es incendiado– 52 personas pierden la vida.
Mayo de 2011 a Febrero de 2012, 70 muertos en penales en el estado de Nuevo León a causa de riñas, «motines» y conflictos entre grupos narcotraficantes.
19 de Febrero, 2012. Huyen 30 internos y se realiza una masacre en el penal de Apodaca, mueren 44.
Fotografía: Heriberto Paredes
Para octubre de 2015, a menos de una semana de que el nuevo gobernador «independiente», Jaime Rodriguez Calderón, «Bronco», tomara su puesto, se podía ver a un gabinete y equipo en donde era notoria la presencia de empresarios, únicamente, entre ellos Carlos Garza Ibarra como secretario de finanzas, ex ejecutivo de CEMEX y mano derecha del «Bronco», Fernando Elizondo Barragán como coordinador ejecutivo del Estado, ligado al Grupo Alfa, Grupo Salinas y Rocha, y una cara conocida en la élite empresarial neoleonense.
Con el fortalecimiento del crimen organizado, las alianzas del sector privado con el gobierno se han fortelcido en los últimos años al grado de fusionarse. La lucha por el control del territorio –antes una actividad casi exclusiva del crimen organizado– ahora se ha convertido en el terreno de contubernio, en donde las líneas entre narco y gobierno, entre crimen organizado y los cuerpos policiales han desaparecido para entrelazarse, trayendo de la mano y facilitando la privatización de todo a través del modelo extractivista de la tierra, de lo urbano y la supuesta «guerra contra el narco» –por cierto, un efectivo distractor social. Hoy podemos ver un Nuevo León plagado de megaproyectos, tales como Monterrey VI, la presencia corrosiva del fracking, parques eólicos, nuevos gaseoductos, además de una no menos sospechosa construcción de un nuevo (y privado) Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) en el municipio de Mina.
No es casual que algunas de las empresas más grandes de Monterrey como FEMSA, CEMEX, Vitro, Empresas Santos y Grupo Alfa fueran elementos fundamentales en la creación de la Fuerza Civil al finales de 2010, ofreciendo la infrastructura necesaria para desarollar el reclutamiento, los protocolos, entre otras inversiones, y arreglos con empresas como Axtel y Senda para facilitar la trasportación de los recién reclutados. Al final, esta inciativa –dirigida por empresarios con la fachada de seguridad– cumple la necesidad de ese triángulo de poderes –privatizar los servicios públicos, militizar las calles, y callar a la gente– que trae como consecuencia un campo abierto y disponible para extraer y despojar en donde sea y como se pueda, en este caso, posibles recursos hidráulicos.
Fotografía: Heriberto Paredes
El Estado es un engrane más de esta necropolítica. Su poder se desvanece, las empresas siguen su funcionamiento e incrementando sus negocios y finalmente, el «narcotráfico» hace las veces de grupos paramilitares, de creadores de pánico en la sociedad, control y sometimiento de barrios marginados, dando como resultado una parálisis social.
Mientras esta guerra construida con complicidades devora al territorio entero de arriba a abajo, es inquietante darse cuenta de la ausencia de contrapesos que resistan con presencia, de organizaciones de, para y por la gente. Exponiendo por un lado un vacío de expresiones civiles y cuidadanas, y por el otro, de un sistema de justicia inexistente y la fragilidad del Estado en derechos humanos. Además, la desgarradora situación de miles de personas desaparecidas representa una herida que sigue profundizándose, sea por la eterna negativa institucional a resolver esta situación o por la cruda negación de esta problemática. Lo cierto es que miles de mujeres y hombres no aparecen y siguen desapareciendo.
Fue precisamente en un comunicado emitido por Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos en Nuevo León (FUNDENL) en el cual mencionaban que: «La tragedia humanitaria que vive Nuevo León por la desaparición de personas es enorme y fue ocultada y administrada por el gobierno de Rodrigo Medina [2009-2015] y organizaciones afines. Las víctimas pueden llegar a 10 mil personas por los casos no denunciados y si se toma en cuenta a la población migrante».
A 10 años del incio de esta guerra y a causa de los miles de desaparecidos en Nuevo Léon, son las madres de hijxs desaparecidxs quienes han resistido fuertemente y continúan la busqueda de sus familiares, y además, también continúan la busqueda de justicia, encontrándose con que son ellos y ellas mismas quienes las construyen en cada búsqueda, en cada hallazgo, evidenciando así lo obsoletas que son las instituciones estatales, terminando como meros cascarones que incubren el núcleo criminal de la necropolítica.
Fotografía: Heriberto Paredes
Habla una madre
Las cárceles son un buen reflejo del estado de cosas en la sociedad en general. Nos muestra y nos previene de lo que puede ocurrir o de lo que ya está sucediendo. El Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) Topo Chico cuenta con 73 años de antiguedad, está ubicado dentro de la colonia Nueva Morelos, aunque se le conozca mejor como «el Topo». Su nombre hace referencia a la montaña y al lugar en donde este barrio se desarrolló. «El Topo» fue bautizado así por los pueblos originarios –ahora extintos– de la zona ya que señalaban que el cerro tenía forma de este roedor.
La privatización de todo. Estas tierras hoy urbanizadas solían ser un centro de sanación para los pueblos originarios debido a que las aguas que emanan de él tenían propiedades curativas, es decir, era una montaña sagrada; es a finales del siglo XIX que con el surgimiento de la embotelladora de agua mineral Topo Chico, esta montaña pierde su valor sagrado. El día de hoy esa agua se ha convertio en una marca más de la refresquera Coca-Cola, embotellada por FEMSA en Monterrey y Latinoamérica, misma que actualmente lucha por posicionarse en el mercado sureño estadounidense y en algunas otras regiones de aquel país.
De ser un lugar sagrado, a la vuelta de un siglo, «el Topo», se ha convertido en tierra bañada por sangre, desaparición, miedo y territorio lucrativo para la necropolítica.
Fotografía: Heriberto Paredes
El 11 de febrero de 2016, la ciudad de Monterrey amaneció con una de las masacres más crueles y terribles en la historia de la ciudad. Las cifras oficiales señalaron 49 muertos y 12 personas heridas, las voces y gritos afuera del penal decían que había más de 100, ¿y quién puede pedir justicia? ¿en dónde se encuentra? Las historias tras la masacre son múltiples, la violencia al interior sigue siendo la constante, la engañosa guerra contra el narco es también la guerra contra el pueblo y contra los cientos de familias que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos o bien luchan y trabajan horas extras para poder financiar su viaje a algún CEFERESO al que fue trasladado su familiar.
«Ese día, se escondió en las alcantarillas y vio cuando estaban matando a los muchachos, tanta gente que perdió a sus hijos. Antes de que pasara lo que pasó, uno de ellos decía ‘algo va a pasar en el penal, má’ … y me le quedaba viendo como si fuera adivinanza y me dijo ‘en serio, algo va a pasar en el penal yo lo presiento’ y sí, al día siguiente pasó todo lo que pasó. Y el que acaba de salir dice que había dos muchachos en la celda de él, que se escondieron debajo de la cama y los sacaron de los cabellos y los mataron enfrente de él, que a uno le cortaron la cabeza y a otro no sé qué tanto le hicieron, que iba gritando en todo el pasillo e iba llenando todo el pasillo de sangre», relata una madre que vivió de cerca la desesperación de tener a sus hijos presos dentro de Topo Chico.
Si algo fue posible observar de inmediato fue el alcance que tienen las organizaciones criminales al interior de este penal, en donde, por muchos años, ha sido el control de los Zetas el que ha sobresalido. No estamos hablando de las cárceles en Honduras y El Salvador, lugares en donde ha sido la cobertura mediática la que ha llevado a la fama a centros penitenciarios controlados por pandillas, estamos refiriéndonos a un penal en el corazón del epicentro industrial de México. Cuotas y extorsiones son los mecanismos a través de los cuales, tanto internos como custodios, operan y consolidan el control de la organización de la última letra.
Fotografía: Heriberto Paredes
«Una señora dice que casi vendió hasta su casa porque le pidieron 50 mil pesos o le iban a matar a su hijo. Dice este niño que les echaban a los perros, varias veces que yo entré al penal me llevaban al área donde tienen muchos muchachos y señores secuestrados. Decía mi hijo que ya tenían años encerrados porque su familia no pagaba la cuota. Decía que a veces ni dormía porque se oía mucho el gritadero, yo creo que los golpeaban o quien sabe qué tanto les hacían», continúa el testimonio de la madre que nos ha permitido concoer algunas historias de primera mano.
Tras el supuesto motín, las autoridades penitenciarias y el gobierno del estado pretendieron que todo se había calmado, aseguraron en declaraciones a diversos medios que la situación al interior del penal estaba controlada, que todo se debía a pleitos internos y que en adelante mejorarían las condiciones de vida de los reclusos, sin embargo, poniendo atención a lo que nuestra entrevistada –quien pidió guardar su anonimato por temor a represalias contra ella y contra sus hijos– accede a relatarnos, la situación posterior a la masacre de Topo Chico no mejoró: «También él [su hijo] comentaba que después de lo que pasó todavía pasaban cosas adentro del penal. Tardaron más de 15 días par darles de comer y agua, yo iba y me decía que no había comido, que ni un vaso de agua. Yo duré dos días sin dormir, ahí me la pasé en el penal con mi mamá, mi papá y mi hermana y él decía que no les habían dado de comer y el «Bronco» decía que sí y nada. Ni un bote de agua y veías por atrás que gritaban que querían agua, que tenían sed. Un día que nos quedamos nosotros se escuchaba en el área de mujeres que las estaban golpeando y todos corrimos para atrás y se oían bastantes gritos de las muchachas. Unas gritaban que ya no les pegaran y mi mamá decía que era el área de mujeres. Ni si quiera dejaron hablar por teléfono a los que se quedaron ahí para avisar que estaban vivos, ya después de 15 días los dejaron».
Tal parece que se trata de empeorar la situación aún más. ¿Qué otras cosas sucedieron dentro de este centro penitenciario que fueron solapadas y promovidas por el Estado criminal al momento del motín? Cuenta la señora que «cuando entró fuerza civil les quemaron la ropa, les quitaron los colchones, todo les quemaban, les dejaron sin garras, les dieron un uniforme y ya cuando volvieron a entrar otra vez les volvieron a decir que se podían poner ropa normal y les empezaron a dar colchones. Les quitaron hasta los tenis. De hecho yo le acababa de comprar tenis y lo dejaron descalzo y se los quemaron. Los dejaron descalzos porque tenían que traer zapatos negros con el uniforme anaranjado».
Fotografía: Heriberto Paredes
La situación al interior del penal parecía explicarse como un ajuste entre dos organizaciones de largo alcance en el noreste mexicano, los ya mencionados Zetas y el Cártel del Golfo, los segundos apoyados por el gobierno estatal para destruir a los primeros en un supuesto ajuste de cuentas. Algo lógico y típico en un contexto como éste, y precisamente por ello, sospechoso de ser la explicación de los hechos. Existen varios elementos a considerar dentro de este entramado de sangre y reclusión: en primer lugar la subdivisión de los Zetas y la aparición del Cártel del Noreste como nueva fuerza criminal; además, las complicidades entre organizaciones criminales y sectores empresariales y gubernamentales van más allá de simples pactos económicos o de tráfico de influencias, por lo que un motín de estas características (ocultas y evidentes) necesita un análisis más fino. Lo más preocupante, finalmente, es que lo ocurrido el 11 de febrero en Topo Chico vino a desencadenar nuevas situaciones de violencia, reacomodos y tal vez un panorama aún más complejo en donde la privatización del sistema penitenciario así como la localización geográfica del propio penal, son cartas esenciales.
Según el Centro Nacional de Seguridad, Topo Chico tiene una capacidad para 3,685 reos, pero su población hasta finales de 2015 era de 3,965, es decir, tiene un déficit de más de 200 presos, sin que estas cifras contemplen la cantidad de muertos reportados y no reportados en los hechos del 11 de febrero de 2016. A pesar de la insistencia por parte del gobernador del estado y de las autoridades por asegurar que la situación estaba bajo control y que a partir de ese momento se acababan los autogobiernos (el control de las organizaciones criminales) y las condiciones mejorarían, este 1 de junio, nuevamente, la violencia fue la máscara al interior del penal: a partir de varias declaraciones de familiares de internos, luego de que «Bronco» hiciera una visita express y no pública, se desató una cacería en donde fueron asesinadas 3 personas y otras 19, heridas.
Uno de los presos asesinados fue Javier Orlando Galindo, «el Maruchan», supuesto líder del Cártel del Noreste al interior del penal y que no habría logrado cubrir las cuotas que los Zetas le impusieron. En apariencia se trata de una pelea entre organizaciones criminales, muy a la usanza de lo que se muestra en otros contextos y se informa, «es un conflicto intercomunitario», «es una riña entre organizaciones enfrentadas», es decir, se descontextualiza el hecho para minimizar, no sólo sus causas sino sus consecuencias. ¿Qué relación existe entre la visita de «Bronco» y el asesinato de «el Maruchan»? ¿Es este acontecimiento en su conjunto, tan sólo un punto de anclaje en una lógica superior que esconde lo más complejo del Estado criminal?
Miguel Ángel Osorio, secretario de gobernación, dijo que se está trabajando para rediseñar los penales que están a cargo de los gobiernos estatales, donde se ha encontrado que no hay administración, pero sí «impunidad y corrupción». La situación no para y la violencia cada vez es más grave. Se pone de nueva cuenta en primer plano la posible construcción de nuevos CEFERESO en todo el país. Donde lo visible es la necesidad de un nuevo lugar capaz de contener a la delincuencia, lo no visible es el gran negocio que ésto representa y sus beneficiarios inmediatos, constructores, transportistas, encargados de alimentos empacados y, por supuesto, los responsables de la infraestructura eléctrica e hidráulica. ¿Serán estos los únicos beneficiarios? ¿serán estos los únicos beneficios?
Fotografía: Heriberto Paredes
Disputas de poder al interior del penal, más y más muertos que se convierten en números para las autoridades y ciudadanos, y a las afueras las familias siguen sufriendo las consecuencias
**Nace de la preocupación e indignación creada por la violencia de esta guerra, nace ante la necesidad de informar y no callar las voces que en silencio reclaman justicia y vida en el noreste del país. Buscamos ser un medio por el cual las voces que hoy construyen la realidad de abajo puedan ser escuchadas, para así desenmascarar la ficción con la cual se pretende mantener cautiva a la sociedad.
