Chiapas: Escalada de violencia contra comunidades adherentes a la Sexta

Fotografías por Pandilla y amigxs. Audio por Koman Ilel. Video por Más de 131.

 

El espacio de coordinación y lucha Semilla Digna de los Pueblos de Chiapas, reune algunas comunidades, familias y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Conformado por la comunidad de San Francisco,  la familia organizada El Chivero (Teopisca), familias organizadas de San Isidro Ocotal, Candelaria el Alto, comunidad de Cruztón y San Isidro de los Laureles (Venustiano Carranza) y familia organizada de Alcanfores (San Cristóbal de las Casas), además del Grupo de Trabajo No estamos todxs, son a su vez miembros del Congreso Nacional Indígena. Ejemplos de organización y lucha en la recuperación de tierras contra terratenientes chiapanecos, las comunidades de Cruztón y San Isidro de los Laureles sufrieron una ola de represión durante los días recientes.

Nos disparaban a matar

El 20 de diciembre de 2015, miembros de la comunidad tsotsil de San Isidro de los Laureles tomaron posesión de un total de 165 hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza. El territorio utilizado para el ganado y cultivo de caña acaparado por caciques que dominan el negocio del azúcar en la región, fue recuperado pues «Estas tierras las trabajaron nuestros abuelos, abuelas, padres que eran peones acasillados. Desde el año 1940 han trabajado con un sueldo mínimo, nunca les han dado prestaciones y aguinaldos. Por nuestras familias, porque ya no tenemos donde vivir o trabajar para el sustento de las familias como indígenas, recuperamos las tierras» mencionaron los también adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tras recibir amenazas de desalojo en días posteriores.

Tras 83 días defendiendo el territorio, la mañana del 12 de mayo de 2016, alrededor de 35 camiones con policías y guardias blancas entraron a los predios para desalojar violentamente a la comunidad de San Isidro de los Laureles. Entre los responsables civiles de la agresión se encuentra Octavín Albores, pariente del ex gobernador Roberto Albores Guillén, quien con armas de alto calibre disparó a matar. «Nosotros pues retrocedimos porque ya era mucho, ya estabamos viendo que las balas nos pasaban cerca, ya sentiamos la muerte, los balazos ya casi nos llegaban a la cabeza pero gracias a dios nadie salió herido» relata un miembro de la comunidad tsotsil.

Entre las pérdidas materiales se suman casi 70 hectáreas de milpa listas para cosechar, la cuales están siendo cortadas y transportadas por los agresores. Sin embargo, tras intentar en tres ocasiones mientras eran recibidos a balazos, las 50 familias organizadas consiguieron reposicionarse en el predio de Tres Picos (30 hectáreas), propiedad de Albores, desde donde construyen las estrategias para recuperar las 135 hectáreas restantes atestadas de guardias blancas, propiedad de Francisco y Rodrigo Ruiz, parientes de Jesús Alejo Orantes Ruíz, líder durante 23 años de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (CNC) con sede en el ingenio Pujiltic, tercero del país con mayor producción azucarera, perteneciente al grupo Zucarmex que controla otros ingenios en Veracruz y Jalisco.

Orantes Ruíz, a su vez, heredó el cacicazgo de su padre Carmen Orantes, quien le cedió el control de organizaciones filiales al PRI como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Productores Rurales. Miembro de la familia caciquil Los Orantes, es también propietario de 40 mil hectáreas en la región cañera que incluye los municipios de Venustiano Carranza, Villas las Rosas, Socoltenango, La Concordia, Tzimol, entre otras localidades donde existen seis mil productores de caña.

Considerado el productor cañero más rico del país, el también ex diputado local priísta mantiene bajo su control la mayoría de los comisariados ejidales y autoridades municipales dentro de su zona de influencia, lo cual le ha permitido eludir la responsabilidad por delitos como el fraude en agravio de productores de caña de los municipios de Venustiano Carranza, Tzimol, Las Rosas y Socoltenango por casi tres millones de pesos.

De acuerdo a una publicación de Notimex en junio de 2011, el fraude se concretó por medio de descuentos injustificados y arbitrarios realizados entre Alejo Orantes y los empresarios del ingenio Pujiltic, a los campesinos al término del ciclo agrícola, por los insumos que reciben durante el periodo de siembra, cosecha y entrega a la industria.

Es costumbre que Orantes Ruíz se apodera de la producción de caña y con el pretexto de los insumos entregados paga solamente hasta un 40 por cieto del valor total de la caña entregada al ingenio., un aproximado de 20 mil toneladas de caña por ciclo productivo, del cual un 53 por ciento del valor lo paga a los campesinos mientras acapara el 47 por ciento restante por supuestos descuentos. Aunado al hecho de que los campesinos no se les permite sacar su producción de caña para comercializar con otros compradores del país, el fraude cometido por Orantes vulnera el sustento de miles de familias campesinas.

El recuerdo de hace ya casi 24 años, tras el levantamiento del EZLN, cuando fueron desalojados de estos mismos predios por la marina, revivió el pasado 12 de mayo cuando los caciques intentaron retomar el territorio donde las comunidades realizan trabajos para la construcción de su autonomía. Ni los propietarios ni funcionarios de gobierno se han acercado a los adherentes a La Sexta de los Laureles para reclamar las tierras o para intentar negociar con ellos, en su lugar hablan con el lenguaje de la violencia que sustenta el despojo de tierras ancestrales en esta región de Chiapas.

Si no hacen justicia, a nuestra propia mano lo va haber

Días depués de la celebración por el noveno aniversario de la recuperación de 249 hectáreas de sus tierras, los habitantes de Cruztón, comunidad de los Altos de Chiapas, en el municipio de Venustiano Carranza, recibieron la noticia de que un miembro de la organización había sido retenido y torturado por el grupo Nuevo Guadalupe Victoria en la comunidad del mismo nombre. El origen del incidente se remonta al pasado 21 de marzo cuando se les cerró el paso al panteón, lugar sagrado para las familias.

Los miembros de la comunida de Cruztón relataron cómo la denuncia que levantaron en el Ministerio Público fue ignorada. «Nuestras propias manos son las que harán la justicia como se lo dijimos al MP, si ellos no hacen la justicia, lo que ellos van a esperar que vayan a levantar muertos porque no se vale es algo injusto de lo que ellos están haciendo, el panteón es nuestro, la tierra es nuestra, nuestro territorio, es nuestro propio derecho y eso va a ser nuestro cueste lo que cueste».

El historial de agresiones contra la comunidad de Cruztón va desde el bloqueo del camino que da acceso a su poblado, hasta la invasión de pequeñas propiedades de cinco hectáreas porparte del mismo grupo de Guadalupe Victoria sin que hasta hoy sean procesados ni castigados los culpables de los constantes hostigamientos. «Incluso nos metieron una acusación de que nosotros estabamos de acuerdo con los gringos para explotar lo que es mineria (en el cerro de la Mispia donde se pretende extraer oro) entonces vemos que Guadalupe Victoria es muy conflictiva; ahora nos tapan el camino del panteón y es el cual ahora este proceso como que ya va agarrando mucho más delito; dicen las autoridades que no estan metidas pero sí estan metidos, perfectamente saben» relata un miembro de Cruztón.

Por último, el 8 de mayo pasado habitantes del Ejido San Sebastian Bachajón ubicado en el centro de la selva, en la región zapatista de San José en Rebeldía denunciaron la agresión contra Esteban Jiménez Gómez y su familia por parte del grupo paramilitar encabezado por Carlos Jiménez Gómez e integrada por sus hijos que fungen como policías estatales, actuando impunemente cobijados por la estructura policiaca de la región.

Los pobladores adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en Bachajón,luchan para defender su territorio contra el impulso gubernamental para imponer un megaproyecto turístico en la región de Aguas Azules. Durante el proceso de resistencia desde el 2008 en demanda al legítimo uso y disfrute de su territorio por parte de 2000 ejidatarios de Bachajón, han sido asesinados los coordinadores de La Sexta Juan Carlos Gómez Silvano (2014) y Juan Vázquez Guzmán (2013). Hasta el día de hoy no se han castigado a los culpables de los homicidios.