San Francisco la Paz Chimalapas exige paz, libertad y justicia

Por Josefa Sánchez Contreras

El viaje duró todo el día 10 de enero, hasta llegar sin ningún percance, por la noche, a San Francisco La Paz, donde el pueblo armado nos recibió en la entrada de su comunidad con una manta que expresaba la bienvenida a la caravana. Los guardias comunitarios vigilaban todo el rededor del pueblo y las mujeres, con machetes y palos, cuidaban los dormitorios, mientras otras cocinaban y servían de comer y beber a todas y todos los visitantes y habitantes de la comunidad. Aquello comenzó a tornarse como un pueblo en fiesta y rebeldía, pues los corridos ejecutados por el comunero Conrrado Solano animaron aquella noche lluviosa con canciones que hablaban de los momentos más importantes en que los Chimas han hecho valer y defendido sus tierras comunales. Aquellos corridos trajeron al presente los nombres de los que han dado la vida en la lucha, por lo que cabe mencionarlos: Margarito Fernández, Elia Ignacio, Víctor Escobedo Solís, Ceferino López Mendoza, Sigfredo, Angelita y Ercida Roque Jacinto, fallecida el 3 de enero de éste año, a quienes se les rindió un momento de silencio.

La caravana de solidaridad con San Francisco la Paz fue convocada por el Centro de Derechos Humanos Tepeyac A.C. y Maderas del Pueblo del Sureste A.C. y vio la participación de los comisariados de bienes comunales de Santa María Chimalapas y San Mateo del Mar, el obispo emérito Arturo Lona Reyes, organizaciones de derechos humanos, representantes de las comunidades ikoots de San Francisco y San Dionisio del Mar y de las comunidades Chimalapas, tales como la Libertad, Benito Juárez y San Miguel. Asistieron también las preparatorias comunitarias, José Martí de Ixhuatán y el bachillerato comunitario de San Mateo del Mar. Esta caravana surge ante la emergencia y gravedad del conflicto agrario agudizado desde el 24 de diciembre del 2015 cuando, después de la enésima invasión de su territorio, los Chimas retuvieron a cuatro invasores en tierras comunales.

La comunidad no duerme desde el 24 de diciembre, las guardias comunitarias protegen al pueblo de cualquier intento de agresión, pues existen amenazas de incendiar las casas, como lo hicieron en octubre de 1989, cuando cincuenta pistoleros de San Isidro La Gringa entraron a San Francisco y destruyeron casas, violaron a varias mujeres y detuvieron a tres comuneros quienes, después de ser torturados durante tres días, fueron trasladados a la cárcel de Cintalapa, Chiapas y poco después liberados. Las guardias de vigilancia cuidan el edificio donde tienen encerrados a los cuatro reos. Mientras la policía estatal, instalada en su oficina, observa y graba a los visitantes esperando la partida de la caravana, para acompañarla en la cuarta parte de su viaje.

Al día siguiente, 11 de enero, se realizó una asamblea comunal en la que los solidarios y observadores pudimos escuchar el posicionamiento del pueblo y entender el problema antaño. La presencia de varios pueblos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, vislumbró el fortalecimiento de los vínculos en la defensa de sus territorios y dimensionó que el problema de despojo de las tierras indígenas no sólo radica en un cacique ganadero chiapaneco o veracruzano, sino en otros caciques, más grandes, que no sólo quieren la madera, fuente de enriquecimiento de las empresas de aserraderos, sino también el agua, el oxígeno, el viento, la tierra y el oro, la riqueza de este sistema de acumulación por despojo. Allí, justamente, radica el problema de fondo que ha atentado a los pueblos indígenas desde el inicio de la colonización. Por lo que la lucha es la misma para los pueblos que defienden la vida, la dignidad y la madre tierra. A ello el representante de defensores del mar de San Dionisio atribuyó que este encuentro de las naciones ikoots, zoque y chinanteca, era un hecho histórico.

En los testimonios que nos ofrecieron las comuneras y comuneros de San Francisco la Paz dejaron claro que «luchamos por heredar tierras libres a nuestros hijos y no dejar problemas». Las mujeres denunciaron y señalaron directamente a David Vega como violador, invasor y secuestrador, quien opera como pistolero en el paraje La Gringa desde 1987. Hablaban en su lengua chinanteca, defendiendo tierras ancestrales olmecas-zoqueanas, y exigiendo enérgicamente que «no nos pisoteen la dignidad indígena, porque al hacerlo afectan nuestra salud económica y espiritual».

Lo que las mujeres queremos es que desalojen a esa gente invasora y que el comisariado lleve el mensaje al gobernador que no queremos despensas, ni obras sociales. Lo que queremos es paz, justicia y libertad de nuestras tierras, que vaya el mensaje al gobernador del estado.

Las demandas constantemente enfatizadas fueron la aparición de Pablo Escobedo Méndez, desaparecido en 1992, y que no se soltaran a los reos hasta que los gobiernos de Chiapas y Oaxaca asuman la responsabilidad de desalojar las invasiones. Los comuneros reiteraron que «no nos vendemos con obras, no queremos despensas, queremos que desalojen a los invasores y que se hagan valer nuestros derechos comunales». Finalmente, pidieron que se escuche la voz de los Chimalapas: «vamos adelante en nuestra lucha, nosotros actuamos para ejercer nuestro propio derecho». Además, denunciaron que, en el Poblado 14, los jóvenes no pueden asistir a la escuela y nadie puede salir de la comunidad porque existen amenazas de secuestros en contra de habitantes de San Francisco La Paz por parte de los invasores, con la finalidad de intercambiar rehenes y así liberar a los reos.

La asamblea aprobó que la comisión de derechos humanos visitara a los reos para verificar su salud, y el reporte fue que se encuentran en buen estado. Después de concluir la asamblea, el obispo Arturo Lona Reyes ofició una misa para finalizar la visita de la caravana y dijo estar con los pobres y el pueblo.

Contexto histórico del conflicto agrario

San Francisco la Paz pertenece al municipio de Santa María Chimalapas, Oaxaca se ubica en el punto limítrofe trino de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. La mayoría de las comuneras y comuneros que actualmente habitan y defienden las tierras comunales de esta población son chinantecos provenientes de San Felipe Usila y Ojitlan, distrito de Tuxtepec, Oaxaca, desplazados de sus pueblos en los años setenta debido a la construcción de la presa Miguel Alemán o conocida también como «Cerro de Oro». Como consecuencia de tal proyecto desarrollista, miles de familias fueron reubicadas en 14 poblados asentados a lo largo de más de 60 kilómetros del valle de Uxpanapa, que hasta la década de los sesenta constituía una importante selva al norte de los Chimalapas. Esta medida devasto la selva con la inserción de la ganadería intensiva y no dio solución al despojo de tierras chinantecas, ya que cientos de indígenas no alcanzaron a ingresar a los poblados, de ahí que una comisión de 50 comuneros pidiera el ingreso a las tierras comunales de Santa María Chimalapas, incorporándose al poblado San Francisco la Paz.

La riqueza del territorio Chimalapa. Santa María Chimalapa, fotografía Valentina Valle

Chimalapas. Fotografía: Valentina Valle

Es la historia de vida del comunero Constantino García Toribio, quien fue desplazado de su comunidad perteneciente a San Felipe Usila sin recibir indemnización y tampoco alcanzó tierras en los poblados de Uxpanapa, por lo que él fue parte de la comisión de los 50 hombres que ingresaron a San Francisco la Paz.

Desde el ingreso de los chinantecos a tierras zoques éstos han defendido la tenencia comunal frente a las constantes invasiones de caciques ganaderos y talamontes. Las invasiones a los bienes comunales de Chimalapas se han venido suscitando desde 1950 por empresas madereras cobijadas por los gobiernos en turno, tanto del estado de Oaxaca como de Chiapas, por lo que la resistencia comunal ha tenido que defenderse con sus propios cuerpos y armas, sufriendo enfrentamientos violentos que han dejado muertos y desaparecidos a lo largo de la historia de este cansado conflicto agrario.

En el caso de San Francisco la Paz fue hasta 1994 que el gobierno federal, presionado por el movimiento comunero chima y el temor de que el levantamiento indígena del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se extendiera a territorio chima desalojó a los caciques de las tierras comunales mediante la Secretaría de Reforma Agraria, a cambio de una suculenta indemnización. El  8 de septiembre del mismo año, los gobernadores de ambos estados, Diodoro Carrasco y Javier López Moreno, hicieron la entrega oficial de San Isidro La Gringa a los comuneros chimas, en presencia de la presidenta del Instituto Nacional de Ecología, Julia Carabias Lillo, el secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, el coordinador del Comité Nacional en Defensa de los Chimalapas, Luis Bustamante y representantes de las autoridades comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas.

Sin embargo, no por esta entrega oficial las invasiones cesaron. Por el contrario continúan hasta la actualidad, y agudizadas en este principio del año 2016, debido a las invasiones de aproximadamente 56,000 hectáreas que abarcan los predios conocidos como La Reforma, o Los Pescaditos, La Gringa o Emanuel I y Arroyo Zapote o Emanuel II. Se señala directamente al cacique David Vega, del Poblado 10 La Chinantla, como responsable directo de encabezar las actuales invasiones, como ya lo hacía en las décadas de los ochentas y noventas.

Ante la nula respuesta del gobierno de Oaxaca, los comuneros de Chimalapas en su historia de lucha agraria han tenido que ejercer su propia justicia. Una estrategia vigente hasta la actualidad es la detención de invasores para exigir y hacer valer el respeto a las tierras comunales. De ello la memoria histórica nos trae al presente aquel episodio suscitado en 1986, cuando los comuneros chimas detuvieron, en la finca cafetalera Casa Blanca, a Ernesto Castellanos, perteneciente a la misma familia de caciques chiapanecos de Absalón Castellanos, retenido por el EZLN en 1994, ambos perdonados pese a todas las muertes, violaciones y despojos de tierras indígenas de las que fueron responsables.

Se afirma la nula respuesta del gobierno de Oaxaca por la vía institucional, puesto que desde febrero de 2014 se tienen registrados los primeros comunicados que denucnian las invasiones de los bienes comunales y los oficios dirigidos al gobernador Gabino Cué, donde se solicita su intervención para resolver el conflicto. Las advertencias de radicalizar las medidas de defensa del territorio continuaron ante la sordez de los gobiernos hasta que en el febrero de 2015 fueron aprisionados a tres hombres, que fueron liberados después de un mes, cuando el  gobierno de Oaxaca se comprometió a defender los bienes comunales. La invasión, sin embrago, no se detuvo y la intervención del Estado se siguió resumiendo en la mera presencia de la policía estatal en la zona de conflicto.

El 24 de diciembre de 2015 los comuneros detuvieron a otros cuatro hombres en los predios comunales pertenecientes al territorio de San Francisco la Paz: Roberto Martínez Vidal de 58 años, Joaquín Esclandon Vicario de 29, Leonardo Juan Zarate de 67, pertenecientes al poblado 5; y David Vega Guerrero, de 65 años, del Poblado 10. Éste último resulto herido de bala en una pierna. Desde entonces la posición de la asamblea de San Francisco La Paz ha sido que «los reos se liberarán hasta que se desaloje totalmente las invasiones existentes en nuestros bienes comunales». Cabe destacar que esta es la principal de las demandas de los habitantes de esta porción de territorio Chimalapa, pero no la única.

De hecho, se pide: el deslinde y ejecución total del polígono territorial de los bienes comunales de Santa María Chimalapas y el deslinde limítrofe entre los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca; se exige al gobierno de Chiapas a no atentar en contra de los bienes naturales y comunales de Chimalapas y respetar su biodiversidad ecológica; a la dependencia correspondiente, la ejecución y liberación de las ordenes de aprehensiones en contra de David Vega Guerrero por los delitos que se inculpan –secuestros, desalojo, violaciones, homicidio y devastación de la naturaleza, con los expedientes penales en Oaxaca.90/1/111 y C.N.D.N./121/92.Oax.006614.000; el rastreo del compañero extraviado o desaparecido Pablo Escobedo Méndez en el año 1992; se solicita la intervención ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la sentencia del juicio de amparo de la controversia constitucional y que los militares desalojen a los invasores.

Este último punto resulta muy sensible por las repercusiones que dicha demanda pueda tener. Por el momento la asamblea de San Francisco y Santa María Chimalapas han expresado que la presencia del ejército es finalizada a que se retiren los invasores, como una muestra de que el gobierno de Oaxaca hace valer el respeto a las tierras comunales. De lo contrario, la advertencia es clara: «si los gobiernos no actúan haciendo valer nuestros derechos indígenas y el respeto a nuestra naturaleza, los Chimalapas lo haremos».

Hay 2 comentarios

  1. mariana

    ENTENDEMOS A LOS CHIMALAPAS PERO QUE TAMBIEN HABRAN INVESTIGACION DE QUE COMO LLEGAN LOS INVASORES A ESAS TIERRAS QUE TAMBIEN PUEDE SER POR ENGAÑOS DE QUE DICEN QUE SON DE CHIAPAS Y NO ES ASI

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