Por Juliana Bittencourt y Aldo Santiago
En São Paulo, Brasil, el anuncio de la implementación de una reorganización en las escuelas públicas estatales provocó una serie de movilizaciones y actos dentro de los salones de clases y en las calles, promovidas en por lo menos 25 ciudades de todo el estado. Estas acciones son la respuesta al plan de la Secretaria de Educación de São Paulo divulgado en septiembre de 2015, el cual pretende que en 2016 las escuelas atenderán solo un ciclo de enseñanza (Fundamental I, II o nivel medio) y 92 escuelas serán cerradas ocasionando la transferencia de 311 mil estudiantes; cerca de 25% de las escuelas de la red de enseñanza sufrirán con la medida.
Según la secretaría de educación, el plan es adecuar la demanda en las escuelas con la disminución del número total de alumnos en la red. Sin embargo, para los estudiantes la propuesta no es viable una vez que fue elaborada sin diálogo con la comunidad escolar, implementado de arriba para abajo y sin objetivo pedagógico. La reorganización provocó protestas durante septiembre y octubre; en la capital paulistana se realizaron marchas que fueron reprimidas violentamente por la policía militar. Después de negar el diálogo y tras la violencia del gobierno, los estudiantes cambiaron la estrategia de lucha.
Dividir para vencer
Una de las mayores afectaciones de la reorganización será el aumento en la cantidad de alumnos por salón de clase. Según la contraloría del estado de São Paulo, 95% de las unidades educacionales poseen aulas de enseñanza fundamental y de nivel medio atestadas, lo cual contraría lo sugerido por el Consejo Nacional de Educación (CNE) que prevé hasta 30 alumnos por clase.
La superpoblación se agravó aún más al inicio de 2015 con el cierre de más de tres mil salones de clase y de acuerdo al Sindicato de Profesores de Enseñanza Oficial del Estado de São Paulo (Apeoesp) algunas clases funcionan con mas de 50 estudiantes. La precariedad en la infraestructura se evidencia en las 60% de escuelas de enseñanza fundamental y medio que no cuentan con laboratorio de ciencias; 30% de las unidades de nivel medio no poseen refectorio; 60% de los colegios no cuentan con el número mínimo de sanitarios estipulado por el CNE y hasta 30% de las escuelas no tienen ninguna biblioteca.
Otro sector afectado con la reorganización serán los docentes en un aproximado de mas de 74 mil profesores, 30% del total en la red estatal de enseñanza. El decreto 61.466 aprobado en septiembre como parte de las políticas de contención de gastos coloca obstáculos para los profesores que concurrieron en el último concurso público, además de prohibir la renovación de contratos, afectando la red estatal, donde cerca de 20 mil profesores de la “categoría O” (temporales) podrían perder sus empleos durante el proceso de reorganización debido a la precariedad de su contrato y la disminución de la demanda de profesores con el cierre de escuelas.
Otro de los objetivos del plan gubernamental es la separación de los profesores de los niveles fundamental II y medio, pues son ellos quienes más se movilizan en las huelgas. Existe un antecedente creado también por el gobierno del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña) en los años 90. Con ello el actual gobierno pretende disminuir las movilizaciones de los profesores como aquella que aconteció en este 2015, donde se desarrollaron 24 manifestaciones masivas, bloqueos de carreteras y asambleas durante 92 días, la más larga en la historia de la Apeoesp, que entre sus demandas luchaban por un reajuste salarial, un máximo de 25 alumnos por salón de clase, servicio de agua en todas las escuelas, fin de cortes presupuestales para las escuelas, continuidad del transporte escolar gratuito, entre otras.
El miedo con que la administración paulista vio acontecer al mismo tiempo las inusitadas “huelgas escolares”, actos en manifestación de apoyo de parte de los estudiantes a la huelga de los profesores, aumentó el deseo de dividir a los sectores que juntos podrían colocar en jaque las políticas que junto a los intereses privados pretenden transformar el derecho a la educación en un negocio como ya sucede con la propuesta del estado de Goiás donde proyectos piloto de tercerización de escuelas públicas serán colocadas en práctica en 2016 a través de dos modelos: la gestión de unidades escolares por las llamadas OS (organización social) y por la tercerización de servicios escolares por medio de asociaciones público-privadas.
Asimismo, la implementación de cuotas para el transporte gratuito de estudiantes de escuelas y universidades públicas y particulares que comprueben baja renda (hasta 1,5 del salario mínimo nacional) anunciada por el alcalde de São Paulo, Fernando Haddad (PT) en diciembre del 2014, fue resultado de la presión ejercida por los estudiantes en las grandes manifestaciones realizadas en 2013 en Brasil conocidas como las “Jornadas de Junio” y significó una concesión parcial en la amplia pauta de reivindicaciones relacionadas al transporte accionadas hacía por lo menos 8 años por el Movimiento Passe Libre (MPL). Se trata de un beneficio que ofrece un número limitado de pasajes a los estudiantes, concedido de acuerdo con los días lectivos, permitiendoles ir a la escuela y regresar pero no acceder a otros espacios de la ciudad, tema central de discusión de este movimiento social. Este sistema de gratuidad es así un beneficio parcial que busca desmovilizar a estos estudiantes que mantienen una participación fundamental en las protestas actuales, ecos de 2013.
Ocupar es resistir
Con este histórico de cercenamiento de la educación pública y de calidad, después de la negativa del gobierno de São Paulo de cancelar la reorganización escolar y tras la ineficiencia de las protestas de octubre, los estudiantes paulistanos decidieron ocupar los colegios inspirados en la lucha de “La revolución de los pingüinos”, revuelta popular chilena surgida en 2006 contra las normas herederas de la dictadura pinochetista que colocan el rol del estado en la educación solamente como regulador, delegando la responsabilidad de educar a las corporaciones privadas en un modelo de organización basado en el mercado.
La escuela estatal de la ciudad de Diadema fue la primera en ser ocupada por sus alumnos el día 9 de noviembre. En seguida, el día 10, la escuela Fernão Dias Paes ubicada al centro de la ciudad de São Paulo, fue el segundo colegio a ser tomado por los estudiantes. Lo que sucedió después fue una serie de ocupaciones de escuelas en todo el estado de São Paulo que hasta el día 27 de noviembre sumaban 208 escuelas bajo control de los alumnos con la tendencia a que este número progresivamente aumente.
La estrategia de los alumnos se diversificó entre la difusión de un manual con instrucciones de como ocupar una escuela, la elaboración de un periódico escrito por los alumnos que ocupan sus escuelas y el uso de las redes sociales para actualizar la situación de cada una de las ocupaciones apoyado por un mapa divulgado por medios libres donde se colocan un listado de las necesidades para mantenerlas y avisos de amenazas de represión policial.
Los alumnos ocuparon de forma autónoma. Realizaban la entrada en las escuelas durante el horario previsto para el comienzo de las clases, extendían mantas con sus demandas e iniciaban asambleas para discutir las consecuencias de la reorganización escolar y la propuesta de ocupación. En muchas ocasiones la dirección de la unidad y sus funcionarios intentaron impedir la ocupación, removieron las mantas y telefonearon a los padres de los alumnos para que acudieran a buscar a sus hijos. En otros casos la dirección permitió la entrada de la policía militar en la escuela incluso antes de dialogar con los alumnos, desconociendo la legítima acción de protesta. Asimismo, fueron muchas las denuncias de abuso en la actuación de la policía militar, no solo por su incompetencia pero también sus acciones desproporcionadas y abusivas.
Colegios ubicados en las ciudades de la periferia como Diadema y Osasco continuaron ocupadas a pesar de las tentativas de desalojo por parte de la policía en otras partes del interior del estado. Los alumnos permanecieron en los colegios mientras divulgan pedidos de apoyo para el recibo de alimentos y la presencia de apoyadores durante las guardias nocturnas.
Debido a la presión de los alumnos y las interpelaciones del ministerio público, que cuestionaron la respuesta policial al proceso, los estudiantes de la escuela Fernão Dias Paes consiguieron a través del diálogo con el magistrado juez que fuera suspendida la autorización de la orden de desalojo expedida el día 13 de noviembre. “(…) Todo esto llevó a la conclusión de que las ocupaciones, realizadas mayoritariamente a cabo por los estudiantes de las propias escuelas son de carácter predominantemente de protesta (…) se busca la escucha de una pauta reivindicatoria que busca mayor participación de la comunidad en la toma de decisiones y la gestión escolar (…)”. Con esa decisión fueron suspendidas todos los desalojos previstos en la ciudad de São Paulo, sin embargo aquellas ocupaciones en la periferia continuaron bajo amenaza.
Escuelas de lucha
El jueves 19 de noviembre se realizó una audiencia pública de reconciliación donde el secretario de educación estatal, Herman Voorwald, mantuvo la postura de continuar con la reorganización para el inicio del próximo ciclo escolar en febrero de 2016, y sólo propuso escuchar y debatir con los estudiantes dentro de los últimos días del ciclo escolar de 2015.
El grupo de alumnos que asistió a la audiencia rechazó la propuesta, argumentando que el debate con la comunidad escolar para mejorar la calidad de educación no puede ser reducido a un mes. Al mismo tiempo algunos medios de comunicación como el periódico Folha de Sao Paulo, uno de los vehículos de mayor difusión en Brasil que define la acción de los estudiante como una «invasión» y no una ocupación (término utilizado por los estudiantes) anunció que la “Gestão Alckmin suspende fechamento e reorganização de escolas em 2016” desinformando sobre la aparente victoria de los estudiantes brasileños, noticia rápidamente difundida en las redes sociales. La noticia era falsa y tuvo que ser desmentida para que no promoviera una dilución del movimiento estudiantil. Tras lo ocurrido el periódico cambio al menos tres veces el título de su reportaje.
Aunado a las ocupaciones, algunas de las recientes manifestaciones ocurridas en São Paulo tuvieron sus recorridos redireccionados para llegar a la escuela Fernão Dias Paes, en un intento de hacer convergir las pautas que son importantes para los movimientos sociales en Brasil. Este fue el caso de las protestas indígenas ocurridas el 11 de noviembre contra la truculenta tentativa de aprobación de la PEC 215 (Propuesta de Enmienda a la Constitución 215/2000) que transfiere del Ejecutivo al Legislativo la decisión final sobre la demarcación de tierras indígenas; así como la manifestación del 12 de noviembre contra el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha (PMDB) y el conservadurismo legislativo que recientemente intenta aprobar el proyecto de Ley 5069, firmado por el mismo Cunha y otros 12 diputados, para dificultar la realización del aborto en los pocos casos en que es permitido en Brasil, como en el caso de violación sexual, riesgo de vida para la madre y para fetos anencefálicos.
Con la repercusión de la acción de los alumnos del estado fue posible revertir el cierre de dos escuelas: Yolanda Noronha do Nascimento en São Bernardo y Augusto Melega en Piracicaba. Las protestas resaltan el protagonismo de los alumnos además del diálogo y el aprendizaje colectivo; los alumnos de diferentes ciclos escolares se comunican para intercambiar experiencias y han sido quienes difunden la mayor parte de las informaciones sobre las ocupaciones bajo las etiquetas de #OcupaEscola #nãofecheminhaescola #reorganização.
A pesar de las intenciones del gobierno del estado para influir en la opinión pública con una campaña publicitaria en la televisión para difundir el plan de reorganización escolar (dinamizada por el presupuesto en propaganda oficial con el gasto de R$ 9 millones previsto para esto) se difundió como una contradicción frente a la necesidad de contención de gastos en la administración pública, principal argumento del plan oficialista.
Durante los últimos días los alumnos han recibido mensajes de solidaridad de trabajadores de diferentes categorías, profesores y jóvenes de otras escuelas en Brasil y el mundo. Además, la solicitud en línea para donar una clase para cualquier escuela ocupada, rápidamente alcanzó más de mil propuestas para retomar las aulas organizadas por los alumnos, donde incluso actividades culturales para integrar a las comunidades se han multiplicado. El número de escuelas ocupadas creció a diario, generando mayor empuje para una mayor participación en la gestión de las escuelas a través de la construcción colectiva y autónoma de la comunidad escolar para generar cambios reales en la enseñanza pública.
Con más de 200 escuelas ocupadas al finalizar noviembre, los estudiantes decidieron reforzar la estrategia frente a la guerra declarada de los funcionarios estatales con el aumento de protestas simultáneas que llegaron a mas de una veintena de puntos de la ciudad.
La argucia oficial respondió con la publicación del decreto de reorganización el 1 de diciembre (donde se oficializó la transferencia de profesores y funcionarios); a la par y después de afirmar que el objetivo de la reorganización no era cortas gastos, documentos de noviembre demostraron lo contrario así la “gestión financiera” con el fin de “racionar” los gastos públicos en la red de enseñanza siempre fue el objetivo. A su vez el ministerio público y la defensoría de São Paulo iniciaron una acción civil pública para suspender la “reorganización”, argumentando la ausencia del proceso democrático en su elaboración.
A la promesa incumplida de diálogo, el refuerzo rebelde de los estudiantes que marcharon masivamente esparcidos por toda la ciudad durante los primeros días de diciembre, obtuvo como respuesta común la violencia policial que no amedrentó la lucha que se intensificó desde octubre.
Geraldo Alckmin anunció en una conferencia de prensa la suspensión de la reorganización por un año, el mismo día que fue publicado una investigación con el peor índice de popularidad de su gobierno. Trás el anuncio, Herman Voorwald renunció a su cargo, lo que podría ser considerado una victoria de los estudiantes. Sin embargo, Alckmin no revocó el decreto del pasado 1 de diciembre ni dio respuesta a la exigencia de parar la represión y procesar a los policías que agredieron a los estudiantes.
Cuando se menciona “suspensión” ¿Será por cuánto tiempo? ¿Qué quiere decir el gobernador cuando habla de diálogo? ¿Los alumnos detenidos ilegalmente van a responder a procesos judiciales? ¿Será revogado el decreto del 1 de diciembre? ¿Cómo garantizará el gobierno la mayor participación de los estudiantes en la toma de decisiones que afectan las escuelas?…son solo algunas de las cuestiones que deberán ser explicadas si se busca una solución a las demandas estudiantiles que mientras tanto desocuparon paulatinamente las más de 200 escuelas en São Paulo cuando al mismo tiempo surgen tomas de colegios en el estado de Goiás.