Reconociendo Chimalapa

Por Valentina Valle

 

El día 23 de febrero de 2015 los habitantes de San Francisco la Paz, municipio de Santa María Chimalapa, Oaxaca, detuvieron a tres personas supuestamente provenientes del estado de Chiapas, quienes estaban invadiendo el predio conocido como La Reforma o Arroyo Pescado, a unos 10 kilómetros de dicha localidad. El pasado 18 de mayo dos personas fueron heridas con armas de fuego y cuatro fueron retenidas durante un enfrentamiento ocurrido en San Antonio, Municipio de San Miguel Chimalapa, con habitantes de poblados chiapanecos. Este artículo pretende ser un primer acercamiento a la «cuestión Chimalapa», con el objetivo no sólo de entender las razones de los chimas sino de contextualizar el así llamado «conflicto territorial» en el marco de una agresión al territorio del pueblo zoque que viene desde un enemigo mucho más poderoso del estado de Chiapas.

Santa María Chimalapa. Fotografía: Valentina Valle

Santa María Chimalapa. Fotografía: Valentina Valle

La mejor versión de la historia de Chimalapa la escuchamos en el patio de don Conrado, con los muchachos de la casa yendo y viniendo de la calle, en una calurosa tarde de la cabecera municipal de Santa María. Los acontecimientos no son muy diferentes de los que relata la prensa cada vez que «los chimas» se movilizan: en vez de contextualizar sus protestas en un marco de histórico despojo y reubicación forzada de campesinos, vuelven a contarnos la historia del pueblo zoque que en 1687 compró a la corona española una tierra que ya era suya, pagándola con la jícara de oro que le dio el nombre.

Lo que diferencia  la versión de don Conrado son los detalles, las palabras en zoque, las leyendas detrás de los lugares que, lejos de ser puros nombres geográficos, son testigos de la memoria de la comunidad. Su habilidad es concentrar cuatro siglos de historia en tres horas de narración y, sin perder el entusiasmo, usar esta misma historia para demostrar y denunciar como en muchas comunidades de la zona oriente las luchas entre terratenientes y campesinos no son cuentos del pasado sino realidad del presente. En la versión de don Conrado, está la conciencia de que la historia de Chimalapa es sobretodo una historia de despojo, de un territorio donde el sistema vigente sigue siendo el caciquismo, las luchas de poder van de la mano con la invasión de la tierra y los paramilitares, versión contemporánea de los mercenarios al sueldo de los finqueros, quienes siguen amenazando la población.

Fotografía: Valentina Valle

Fotografía: Valentina Valle

El «conflicto Chimalapa» no surge a raíz de un problema de límites territoriales, los bienes comunales están delimitados claramente desde hace más de tres siglos. Este conflicto es artificial y se configura siempre más como una fuente necesaria de división y tensión entre los habitantes del lado oaxaqueño y chiapaneco del territorio Chimalapa, un conflicto pensado para disfrazar de invasión las que han sido reubicaciones forzadas, y luego utilizar este argumento para minar la resistencia de quienes defienden uno de los territorios más ricos de México.

El temor es que se repitan experiencias como aquellas en las que  jornaleros de las madereras, mestizos, tsotsiles y zoques de Chiapas con zoques de Chimalapa, en 1970 se unieron dando origen a una reivindicación territorial en contra del sistema caciquil imperante y que derivó a que  en 1977  se expulsara a la maderera Monroy. O como en los Ochenta, cuando una nueva unión entre ex trabajadores de las empresas e indígenas zoques y tsotsiles formaron el Frente Chima, estableciendo las comunidades de Río Frío, Benito Juárez, Chocomantlan y San Antonio Encinal, en el Municipio de San Miguel Chimalapa, como una forma de delimitar el territorio; ahora se teme que una nueva unión de los habitantes del área pueda obstaculizar algunos de los nuevos negocios y proyectos de interés en el Istmo de Tehuantepec, como la minería y el sistema de vialidad.

Río de los Milagros, Santa María Chimalapa. Fotografía: Valentina Valle

Río de los Milagros, Santa María Chimalapa. Fotografía: Valentina Valle

Cabe destacar que toda la región del Istmo, de la que los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa son parte, tiene un papel central en la implementación y realización del Proyecto Mesoamérica, un plan surgido en junio de 2008 por iniciativa del gobierno Mexicano para «articular los esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración entre los países de Mesoamérica, fortaleciendo la capacidad de ejecución de proyectos en materia de infraestructura económica y social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región».

Recopilar informaciones prácticas sobre el Proyecto Mesoamérica no es tarea sencilla, pues esta iniciativa no tiene «historia», porque es la continuación de otro «plan de desarrollo»: el Plan Puebla Panamá, y parece no tener rostro, porque en los documentos oficiales los proyectos en ejecución, aunque estén divididos por macro áreas, no son detallados ni por ubicación geográfica ni por el nombre con el que luego aterrizan en el territorio. Si fue posible inscribir obras como la Hidroeléctrica El Paso de la Reina  o los Parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, en el marco del Proyecto Mesoamérica, ha sido sólo gracias al trabajo de los pueblos organizados contra el despojo y la explotación que estos proyectos implican, y cuya denuncia suele ser ocultada por las autoridades gubernamentales y la prensa oficial, para no dañar la imagen de la iniciativa.

La raíz de el Proyecto Mesoamérica es la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que México firmó con Estados Unidos y Canadá en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; luego el Plan Puebla Panamá, su antecedente directo, que fue impulsado  por el ex presidente Vicente Fox y lanzado el 15 de junio de 2001 en San Salvador, durante la sesión «Cumbre Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla».

Los gobiernos de los países involucrados en el Proyecto Mesoamérica (Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana) se jactan  al decir que  el Proyecto es promovido sin ingerencias externas, pero cuando todavía se llamaba Plan Puebla Panamá, contaba con un Grupo Técnico Interinstitucional formado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Español de Crédito Oficial (ICO) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. O sea, no era en absoluto  independiente y sus financiamientos actuales demuestran que así sigue.

Además, en los documentos oficiales de  fundación, se especificaba que el Plan era un primer paso hacía la conformación del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, misma que los Estados Unidos intentan imponer al resto del continente desde finales de 1800 y cuya realización ha sido obstaculizada hasta la fecha por diferentes por países pertenecientes al  Mercosur. El investigador del Colegio de la Frontera Sur-Villahermosa Jorge Luis Capdepont Ballina, define el ALCA como «un megaproyecto de bloque económico para crear un mercado libre, teniendo como beneficios la reducción de impuestos a las importaciones y la promoción de inversiones privadas», y destaca como el único papel que juega Centroamérica en este tipo de acuerdos como exportador de materias primas, siendo imposible para los países de la región introducirse en el comercio internacional a gran escala como lo hacen Estados Unidos o Canadá. Que el Plan Puebla Panamá se llame ahora Proyecto Mesoamérica, no le quita su origen estadounidense y su finalidad explotadora.

El jueves 27 de noviembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto presentó un plan para consolidar el Estado de Derecho e impulsar las zonas del país con un «alto potencial de desarrollo», y con Lázaro Cárdenas en Michoacán y Puerto Chiapas, citó el Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Pronto el gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo retomó el anuncio presidencial, y el 18 de enero de 2015 afirmó que este año se habrá de concluir un conjunto de obras de infraestructura de gran calado, entre las que destaca las carreteras que unirán a la Ciudad de Oaxaca con las regiones de la Costa y el Istmo de Tehuantepec, la modernización de la supercarretera transístmica Acayucan – La Ventosa, y el inicio de las obras del aeropuerto de Ciudad Ixtepec, para habilitarlo como terminal mixta comercial y militar. Sin necesitad de nombrar el Proyecto Mesoamérica es evidente que estas iniciativas se mueven en este marco, como también «el eje vertebral de la integración mesoamericana», el Corredor Mesoamericano de Integración, 3 mil 210 kilómetros de carretera que inician en Puebla y terminan en Ciudad de Panamá, y pasan, en su recorrido mexicano, muy cerca de la parte oriente del territorio Chimalapa, precisamente la que está invadida por supuestos campesinos chiapanecos.

Casualmente, a un mes del compromiso del gobernador Gabino Cué a cumplir con las expectativas del Ejecutivo Federal, el «conflicto» se reactivó en Chimalapa y el 23 de febrero, los habitantes de San Francisco la Paz, municipio de Santa María, detuvieron a tres personas no pertenecientes a la comunidad que estaban invadiendo un área de 200 hectáreas de selva virgen conocida como predio La Reforma, con la finalidad de instalar sus viviendas, en el marco de la fundación de un nuevo poblado formado por 60 familias supuestamente procedentes de Chiapas.

La movilización masiva de los comuneros de Santa María Chimalapa, cabecera donde fueron trasladados los presos y cuyos habitantes bloquearon por tres días el Mezquite, punto neurálgico de intersección entre la Panamericana y la Transístimca, hizo que el gobernador de Oaxaca acudiera a la asamblea comunal de dicha localidad, y se comprometiera por enésima vez a atender sus problemáticas. Pero nada se supo de quiénes eran realmente los detenidos, o de qué paso al señor Oscar Gordillo, de quien ellos se dijeron ser «peones». Así que entre acuerdos no respetados y promesas pre-electorales, quedó como siempre la pregunta de quiénes son los verdaderos invasores de los bienes comunales.

De desplazados, invasores y demás corridos

Don Conrado no es sólo una fuente de memoria de el pueblo, es también su cantor. Los versos de su último corrido, dedicado a los hechos de febrero, fueron la banda sonora del plantón del Mezquite, cuando los chimas volvieron a pedir lo que básicamente piden desde aquel 10 de marzo de 1967, cuando el Estado Mexicano los reconoció una vez más como sujetos de derecho agrario y dueños ancestrales de su territorio comunal. Piden respeto, y cuentan las mujeres de Santa María que esta música les daba coraje, porque por enésima vez se sentían atropelladas, y sentimiento, para seguir adelante en el bloqueo, cocinando para más de mil comuneros y unos cuantos chóferes de traileres que, parados desde horas en la carretera, acabaron por ir a escuchar las razones de lo chimas. Porque los chimas, por lo menos desde un punto de vista legal, tienen toda la razón y a toda nstitución a la que se han dirigido, siempre han obtenido respaldo: la ONU con la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, la OIT con el Convenio 169, el ex-presidente Díaz Ordaz con la resolución del ’67. Los chimas piden respeto, porque desde años se les reconocen sus derechos en la teoría y se los atropellan en la práctica.

De San Francisco la Paz, tres talamontes traían
Decían que eran chiapanecos, pero uno era de Matías
El pueblo les preguntaba, que dijeran la verdad
Ellos con mucho temor, pues no quisieron hablar

Dicen que los amenazaron, si hablan los van a matar
Oscar Gordillo es el hombre, de Tres Picos los llevó
Eran 60 individuos, que por canal los pasó
Todos pagaron su ingreso, medio millón recibió 

Dicen que el municipal, también el comisariado
hombres de muchos valor
A la ranchería invitaron que se fueron al plantón
y a los tres días regresaron

El pueblo de Chimalapa, como un solo hombre está unido,
Toditos quieren saber, y escuchen lo que le digo
Quien pudo ser el cobarde, que le autorizó a Gordillo?

Los enviados del gobierno, a Chimalapa llegaron,
En la mesa de trabajo, los acuerdos se firmaron
Se llevaron a los presos, pues en eso habían quedado
Llegando a Salina Cruz, en libertad los dejaron.

La riqueza de la vegetación en la cabecera municipal de Santa María Chimalapa. Fotografía: Valentina Valle

La riqueza de la vegetación en la cabecera municipal de Santa María Chimalapa. Fotografía: Valentina Valle

Los intereses en juego no han cambiado con el tiempo, siguen siendo la madera, el agua, los minerales y la biodiversidad. En pocas palabras, los recursos naturales que México desde años promete a las compañías transnacionales con la firma de tratados para la realización de proyectos que la resistencia de los comuneros puntualmente obstaculiza.

Presas hidroeléctricas, autopistas y plantaciones forestales fueron megaproyectos lanzados ya con los presidentes José López Portillo, Miguel de La Madrid y Carlos Salinas de Gortari; ninguno tuvo éxito. En los años ochenta los comuneros lograron detener la construcción de una serie de presas hidroeléctricas pertenecientes al proyecto Chicapa Chimalapa. Luego, a principio de los noventa, la alianza con sectores de la sociedad civil hizo que se pudiera detener el proyecto de un tramo carretero de autopista de cuatro carriles que pretendía cruzar el corredor biológico natural de las selvas altas, compuesto por el Uxpanapa (Veracruz), Chimalapas (Oaxaca) y la reserva El Ocote (Chiapas). A finales de la misma década, la resistencia se concentró de un lado contra la propuesta de convertir los bienes chimas en un reserva de la biósfera y, del otro, contra al Plan de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, que consistía, entre otros, en 164 proyectos de vías de comunicación, que implicaban la reubicación de las poblaciones periféricas a las carreteras en los bienes comunales Chimalapas. Las amenazas siguen con proyectos como el Mesoamérica y el Corredor Industrial Interoceánico; lo que falta ahora es la unidad entre los habitantes, cómplice una mala información que presenta el «conflicto chima» como un enfrentamiento entre indígenas zoques en defensa de su territorio y pequeños empresarios y ganaderos chiapanecos favorables al «desarrollo», mientras en realidad se trata de una oposición entre víctimas de un mismo sistema, funcional a la penetración del interés transnacional.

La procedencia de los invasores es de hecho un punto central. Históricamente se trata de campesinos desplazados de otras comunidades, cuyo origen remite a una historia de múltiples despojos, muchas veces compartida con los chimalapas de la zona oriente.

Fotografía: Valentina Valle

Fotografía: Valentina Valle

Los mismos habitantes de San Francisco la Paz, que en febrero detuvieron a los talamontes, hasta la segunda mitad de los años setenta no tenían nada que ver con los bienes comunales zoques: son indígenas chinantecos originarios de Tuxtepec, Oaxaca, localidad de donde fueron desplazados como consecuencia de la implantación de la presa «Cerro de Oro». Esta obra, la primera realizada según el modelo Tennesee Valley Authority, es una corporación propiedad del gobierno federal de los Estados Unidos creada en 1933 para el desarrollo económico del Valle de Tennessee; causó la inundación de 43 ejidos y la reubicación forzada de más de 1,661 campesinos indígenas, que fueron trasladados a lo que Josefa Sánchez define como el  «desierto verde», refiréndose a la franja de selva virgen entre Oaxaca y Chiapas.

En Santa María Chimalapa recuerdan los tiempos cuando esta gente llegó, y «era pura gente humilde que se puso a trabajar. Vinieron sin nada y ahora son gente ganadera, bien agradecidos con la comunidad que los recibió, y muy atentos a la naturaleza y su conservación». Tal vez fue por bondad de los chimas, o porque los chinantecos demostraron respeto y buena voluntad, pero el caso de San Francisco la Paz demuestra que los zoques de Chimalapa realmente están dispuestos a dejar vivir en su territorio quien realmente lo necesite, siempre y cuando reconozcan los bienes comunales y los defienda de las agresiones exteriores. Que al aceptar las autoridades de Chimalapa los que vienen de afuera pierdan su origen o identidad es una mentira, los chinantecos no se volvieron zoques, mantienen su lengua y sus costumbres, como no se volvieron zoques, y mucho menos oaxaqueños, al igual que los tzotziles chiapanecos que desde años ocupan pacíficamente algunos territorios de San Miguel Chiamlapa. Esta supuesta perdida de «identidad estatal» es un mito forjado por los que siguen distribuyendo ilegalmente la tierra para que los campesinos, cuya supervivencia depende de las ayudas del gobierno estatal, no se sumen a la resistencia chima.

A raíz de los acontecimientos de febrero pasado, sin embargo, los invasores detenidos opusieron mucha resistencia al hablar de su origen y se demostraron mucho más preparados ante la eventualidad de caer presos de lo que unx se esperaría de un «simple peón». Las autoridades municipales de Santa María que los interrogaron reportan que la información proporcionada no fue mucha, lo único relevante fue el nombre de quién los contrató como peones, un tal Oscar Gordillo, líder ganadero operante en el municipio de Cintalapa, Chiapas, conocido desde  tiempos de el gobernador Patrocinio González Garrido por haber sido de los fundadores de la Coalición en Defensa de la Zona Noroeste de Cintalapa y que al parecer, ahora va reubicando gente en los bienes Chimalapa, con sellos y autorizaciones de una agencia municipal fantasma.

La desolación de los parques eólicos de La Ventosa en el camino para Santa María Chimalapa. Fotografía: Valentina Valle

La desolación de los parques eólicos de La Ventosa en el camino para Santa María Chimalapa. Fotografía: Valentina Valle

Además, resultó que los «peones» tuvieron que pagar a Gordillo una cuota de ingreso por cada una de las 60 familias que se iban a instalar en la nueva colonia, por un total de más de un millón de pesos, y que los acuerdos preveían que quien no podía pagar la cuota, habría trabajado por Gordillo el tiempo necesario a cubrir la deuda. Así que cabe preguntarse quiénes son estos «nuevos invasores», dispuestos hasta a pagar para instalarse en una propiedad ajena y aceptando condiciones que parecen feudales. Ya no se trata de los «invasores originarios», cuya mayoría eran campesinos chiapanecos chamulas desplazados en los tiempos del gobernador Absalón Castellanos, por supuestas motivaciones socio-religiosas que escondían en realidad razones políticas. Como canta don Conrado:

 El pueblo les preguntaba, que dijeran la verdad / Ellos con mucho temor, pues no quisieron hablar / Dicen que los amenazar, si hablan los van a matar.

Esto es el conflicto Chimalapa, un conflicto donde desplazados chinantecos de los años setenta, ahora comuneros, rechazan invasores que hasta pagan para invadir, en el marco de un sistema caciquil respaldado por algunas autoridades en la sombra. De los acuerdos todavía pendientes con Gabino Cué, así como de las resoluciones de las controversias constitucionales, depende también la postura de los Chimalapa hacía el gobierno del Estado y su abertura hacía los proyectos que el gobierno federal tiene guardados para esta «zona económica especial». Don Conrado dice que no puede parar de escribir corridos, porque los corridos son como libros de lo que está pasando. Ojalá algún día pueda cantar sobre la defensa de los bienes en Chimalapa y la unidad entre todos sus habitantes.

La «otra resistencia»

 «El Bachillerato Integral Comunitario (BIC) de Santa María Chimalapa ya tiene 11 años, es más viejo del de San Miguel, este es el primero». Es bien orgulloso Tizoc, cuando habla de la institución que dirige desde hace tres años y que está empezando a dar los resultados para qué todos y todas hemos estado trabajando tanto. El joven antropólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e História (ENAH), después de cinco años en una comunidad zapoteca de la Sierra Sur y otra experiencia en Jaltepec de Candayoc, llegó a la cabecera Chimalapa en 2012 y empezó una «renovación» del BIC, hasta lograr la reactivación del vivero de orquídeas, un proyecto de cría de pollos y una cocina comunitaria. Todo con el objetivo de originar un desarrollo verdaderamente sustentable, generando oportunidades para los jóvenes que quieren quedarse en la comunidad y ofreciendo posibilidades a los que quieren seguir estudiando.

Fotografía: Valentina Valle

Fotografía: Valentina Valle

Los BIC’s de hecho nacen con esta finalidad: pensados como parte de este subsistema de educación media superior que es el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIO), estas instituciones «se enfocan a que los estudiantes vinculen su desarrollo personal con el comunitario, buscando identificar y resolver problemas de la realidad socio cultural a través de una educación intercultural». Palabras políticamente correctas pero que parecen no tomar en cuenta la distancia que separa este tipo de institución de la realidad universitaria y que causa lo que el director llama un «verdadero choque». El problema consiste en que mientras hay apoyo para las iniciativas que tienen que ver con el «desarrollo rural», no hay herramientas para que los estudiantes puedan prepararse para el mundo universitario y, a lo mejor, elegir universidades donde no estén obligados a borrar el conocimiento aprendido en la comunidad para encajar en una dimensión totalmente ajena:

El CSEIO propuso el proyecto de la cría de pollos, y nos pareció bien. Para los alumnos que se quieren quedar en la comunidad está bien que sepan criar pollos. Sin embargo aquí el problema es que, después del BIC, la mayoría de los jóvenes se muda a la Ciudad de México o a Coatzacoalcos, que son los lugares donde más hay posibilidad de trabajar en taquerías o similares, mientras nosotros queremos que sepan que existen alternativas, como la de seguir estudiando. Y que hay lugares donde tal vez no se va a dar tan fuerte este choque entre lo que han aprendido en los últimos tres años y la realidad de las grandes universidades del país. Por eso lo de Chapingo.

«Lo de Chapingo» es un acuerdo pensado entre el BIC y la Universidad de Chapingo, que en los meses pasados ha estado monitoreando el proyecto del vivero de orquídeas. El acuerdo prevé un intercambio de informaciones y visitas, para que los estudiantes del BIC tengan la oportunidad de conocer una institución donde hay posibilidad de aprovechar los saberes adquiridos en la preparatoria. Algo parecido a lo que el director quiere intentar con la ENAH, para que los estudiantes del Distrito Federal que hacen sus investigaciones sobre Chimalapa vengan a la comunidad y vayan construyendo su proyecto con los alumnos del BIC, que saben mucho de su historia y lucha política.

Resulta de hecho que los estudiantes del BIC están no sólo enterados sino al pendiente de los acontecimientos que sacuden la comunidad, algunos de ellos en el mes de marzo se sumaron al plantón del Mezquite y otros participan regularmente en la Asamblea Comunitaria. Este conocimiento, del ordenamiento comunitario, de su lengua materna, de los límites de su territorio, es lo que constituye el «planteamiento otro» al qué se refiere el director cuando habla del programa académico del BIC, que quiere proporcionar un tipo de educación con otras concepciones de desarrollo y donde el conocimiento se pueda encontrar en diversas formas.

Cabe recordar que en México son muchas las realidades escolares «en resistencia», es decir que luchan para mantener un equilibrio entre la dimensión comunitaria donde se ubican y el mundo de las grandes ciudades donde sus estudiantes, si quieren, deben tener el derecho de ir a estudiar. Cada una de estas instituciones se rige con ritmos y necesidades propias, lo que comparten son la escasez de fondos, la dificultad en conseguir maestros y la poca atención que les proporciona la Secretaría de Educación Pública (SEP), a pesar de su compromiso de «contribuir al crecimiento de la oferta educativa en el nivel medio superior, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013–2018». Este Plan, entre otras estrategias, establece «garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo» e «incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior». Sin embargo, el director denuncia que el único gasto que el CSEIO cubre es el pago de los maestros, y todas las demás necesidades quedan al pendiente del éxito de una solicitud metida por el BIC mismo, cuando abren las convocatorias: «en la última convocatoria donde Santa María tuvo la suerte de obtener fondos, de todos los 44 BICs que hay en el estado de Oaxaca y que metieron su solicitud, solo tres salieron beneficiados». Así que las dudas sobre el Plan Nacional de Desarrollo no conciernen tanto cuanta gente se propone de educar, sino más bien qué tipo de educación se le quiere proporcionar.

Fotografía: Valentina Valle

Fotografía: Valentina Valle

Una inquietud que, el otoño pasado, llevó a un grupo de jóvenes zoques del municipio de San Miguel Chimalapa a convocar el primer foro informativo «Chimalapa, situación de proyectos extractivos en territorio zoque», para cubrir esta necesitad de educación a la conservación de los bienes comunales y esta falta de información sobre los proyectos que interesan el territorio.

La depredación minera es de hecho una de las mayores amenazas al territorio de los pueblos originarios del estado de Oaxaca (y del país entero), y los bienes comunales de Chimalapa no son excepción. El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas (CNDCC), institución creada por los chimas durante las luchas de los noventa, denuncia que la Secretaría de Economía Federal desde 2008 comenzó a otorgar la expedición de tres concesiones mineras ubicadas en el sureste del territorio comunal Chimalapa, en los límites de San Miguel con los municipios de Zanatepec y Tapanetepec, y en la zona limítrofe con el estado de Chiapas. Se trata de concesiones que abarcan un total de 30 mil hectáreas, repartidas en cinco títulos mineros, a favor de las empresas Zalamera S.A. de C.V., Maya Minas y Minerales S.A. de C.V. y Radius Gold-Geonorte.

La primera concesión consta de dos proyectos, el «Mar de Cobre», con una extensión de cinco mil 610 hectáreas en la Congregación denominada La Cristalina, en los límites con Chiapas, área de selva baja y mediana; y la Jackita, con una extensión de mil 500 hectáreas, ubicadas entre los bienes comunales de San Miguel Chimalapa y los bienes ejidales de Santo Domingo Zanatepec, zona de conflictos agrarios. En los registros federales, los dos resultan propiedad de la sociedad anónima Minera Zalamera, pero en la realidad son manejados por la canadiense Minaurum Gold Inc., que los compró y fusionó en un solo proyecto denominado Santa Marta, (según un comunicado de prensa de la misma empresa). Cabe destacar que la Minaurum, cuyo director David M. Jones es también presidente y propietario de la Zalamera, es también concesionaria de los proyectos Vuelcos del Destino, con una extensión de ocho mil 831 hectáreas ubicadas a 25 kilómetros de Chilpancingo, en el llamado Cinturón de Oro de Guerrero; La Adelita, con ocho mil 449 hectáreas al colinde entre Sonora y Sinaloa; y la Aurena, con mil 035 hectáreas en el sur de Oaxaca, a unos 40 kilómetros de Salina Cruz.

Fotografía: Valentina Valle

Fotografía: Valentina Valle

La segunda concesión fue otorgada a la empresa Maya Minas y Minerales, sociedad «aún más anónima» que la Zalamera, que obtuvo los lotes conocidos como Maya Frac I, de dos mil 311 hectáreas, y Maya Frac II, de dos mil 445 hectáreas. Según el CNDCC, toda esta zona está considerada por expertos ecólogos como de Diversidad Biológica Alfa, o sea con alta presencia de especies endémicas y en peligro de extinción.

En fin, en el medio de estos dos lotes, se encuentra la tercera concesión, el Tapanatepec 2, de 17 mil 350 hectáreas, propiedad de la Radius Gold–Geonorte. La compañía, una fusión empresarial canadiense-mexicana, a diferencia de la inencontrable Maya Minas y Minerales, es conocida en el estado de Oaxaca por el proyecto minero en Tlacolula, que desde 2009 maneja en conjunto con la Fortuna Silver Mine, otra empresa que a su vez es concesionaria del proyecto en San José del Progeso, cuyo rechazo por parte de la población ha llevado a varias movilizaciones y en 2012 le ha costado la vida al activista Bernardo Vásquez Sánchez, integrante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO).

El foro organizado por los jóvenes chimas el año pasado denunció por primera vez este plan de explotación y muerte, no sólo frente a la comunidad zoque, sino también en presencia de las comunidades binizá e ikoots, pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec que desde años luchan en contra de los proyectos eólicos y que tienen muy claras las consecuencias nefastas de la implantación de minas a cielo abierto en los Chimalapas. El involucramiento de estas comunidades ha sido uno de los logros más importantes del foro, donde la consigna «SI A LA VIDA, NO A LA MINA», más allá de ser una mera denuncia a las concesiones, se volvió un llamado a organizaciones y colectivos, nacionales e internacionales, para que apoyen la resistencia zoque contra este sistema de «capitalismo de despojo».

El compromiso de estos jóvenes para defender su tierra no es un caso aislado, y en este México donde se mata estudiantes para que no interfieran con los «planes de desarrollo», la presencia de instituciones como el BIC de Santa María o de San Miguel, y como en todas las realidades parecidas, constituye una en sí mismo una resistencia. Una resistencia «otra», donde el rechazo de las políticas neoliberales tal vez no se expresa con marchas o pintas sino con un trabajo cotidiano de defensa de la vida y de la naturaleza, retomando las enseñanzas del Congreso Nacional Indígena y del EZLN. Olvidar estas realidades es condenar a la desaparición a muchos más de 43 estudiantes.