La lucha por la autonomía en Eloxochitlán de Flores Magón (1 de 2)

Eloxochitlán de Flores Magón, cuna del anarquista mexicano Ricardo Flores Magón, es un municipio de aproximadamente 5 mil habitantes ubicado en la región Cañada del estado mexicano de Oaxaca. El municipio de Eloxochitlán, como casi dos terceras partes de los municipios en el estado de Oaxaca, se rige bajo el sistema de usos y costumbres o sistema normativo de las comunidades indígenas.

Cada tres años se lleva a cabo la elección de las autoridades municipales así como de representantes de barrio; la comunidad se conforma por 24 barrios y dos agencias municipales o rancherías. Los agentes municipales son elegidos por usos y costumbres por periodos de un año; entre sus principales funciones están la de representar a la agencia dentro del ayuntamiento y ser gestor de los asuntos de su comunidad. La Asamblea General es el órgano de toma de decisiones,que se da por medio del voto a mano alzada. A diferencia de otros municipios del estado de Oaxaca, en Eloxochitlán, también hay participación de las mujeres en la toma de decisiones.

La intromisión de los partidos políticos

A principios del año 2010, con vista a las elecciones comunitarias de noviembre, comenzó la intromisión de los partidos políticos en el proceso comunitario; la compra y coacción del voto con el fin de ganar el apoyo de la comunidad fueron sólo algunas de las acciones emprendidas por los partidos políticos y sus representantes con el fin de ganar las elecciones en una clara violación a las formas tradicionales de toma de decisiones.

Luego de la derrota de Eviel Pérez Magaña, candidato del PRI a la gubernatura del estado en contra de la coalición «Unidos por la Paz y el Progreso», integrada por PAN, PRD, Convergencia y PT; Manuel Zepeda, priísta originario de Eloxochitlán, fue cobijado por Convergencia para buscar la presidencia municipal y por medio de la compra de votos y alianzas con líderes barriales, logra el triunfo en la asamblea de una forma muy ajena a las formas tradicionales de toma de decisiones con tan sólo una tercera parte de los votos.

Las partes inconformes pidieron una integración en los espacios del cabildo –como es tradición en la comunidad, donde el segundo y tercer lugar en las votaciones forman parte del gobierno con el candidato vencedor–, pero ante la negativa y cerrazón del candidato electo, los inconformes acuden a la Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGEGO) y las autoridades competentes, de quienes no reciben una respuesta favorable. Así inicia un conflicto post-electoral y el surgimiento de la asamblea comunitaria que realiza manifestaciones y acciones de presión con el objetivo de que se respeten las formas tradicionales de toma de decisiones e integración del cabildo.

Para el 31 de diciembre de ese año y ante el conflicto post-electoral, Eusebio Morales Alfaro, presidente saliente, decide no dar posesión a Manuel Zepeda. Ello deriva en el cierre del palacio municipal y la toma durante dos días de la carretera Puente de Fierro, que comunica los poblados de Teotitlán de Flores Magón y Huautla.

Ante la falta de acuerdos y las movilizaciones en contra de Manuel Zepeda, encabezadas por integrantes de la asamblea comunitaria, la SEGEGO llama a las partes al diálogo para una supuesta «integración y toma de acuerdos que permitan dar fin al conflicto post-electoral», pero todo es un montaje para sofocar el movimiento de la asamblea. El falso diálogo deviene en la liberación de órdenes de aprehensión contra integrantes de la Asamblea Comunitaria y la detención de Jaime Betanzos Fuentes, integrante de la comisión negociadora, quien es trasladado al penal de alta seguridad de Miahuatlán. Esto conlleva un rompimiento total del diálogo entre la Asamblea Comunitaria y el gobierno del estado.

Un gobierno represivo

Una semana después de la detención de Jaime Betanzos y el rompimiento del diálogo, un operativo policial de los tres niveles de gobierno ingresa a la comunidad para «reestablecer el orden». En este operativo se realizan cateos ilegales en casa de algunos integrantes de la asamblea comunitaria.

Pero esto no basta para frenar la la exigencia de liberación de Jaime Betanzos; tampoco la organización. Por ejemplo, los trabajos comunitarios conocidos como tequios o faenas –la limpia de caminos y carreteras y la delimitación de territorios entre municipios vecinos, entre otras cosas–. El 13 de febrero del año 2011 después de haber realizado labores informativas en la comunidad, invitando al tequio del día 14 por la libertad de Betanzos, un grupo de aproximadamente diez integrantes de la asamblea comunitaria fueron interceptados, golpeados y amenazados por el presidente municipal Manuel Zepeda junto con un grupo de choque apoyado por policías municipales.

A la mañana siguiente durante los trabajos de la faena, decenas de integrantes de la asamblea que limpiaban la carretera a Santa Cruz, son golpeados brutalmente por un grupo de choque encabezado nuevamente por Manuel Zepeda y su hijo, con el claro objetivo de desarticular la organización para eliminar cualquier obstáculo a su gobierno.

Heridos :

Unos días después, apenas el 25 de febrero, es liberado Jaime Betanzos debido a las irregularidades en el proceso y la falta de pruebas que pudieran relacionarlo con algún ilícito.

El 20 de marzo siguiente, la asamblea comunitaria se reúne nuevamente con el objetivo de poner fin al conflicto post-electoral. Piden al presidente municipal una integración en el cabildo que tome en cuenta a la mayoría de la población. La respuesta a su petición vuelve a ser la represión por parte de Manuel Zepeda y su grupo de choque, quienes armados con palos, tubos, piedras y armas de fuego atacan a la gente de la asamblea dejando nuevamente varios heridos.

En medio del ambiente de represión y violencia desatado por el presidente municipal y su grupo de golpeadores, el día 8 de abril es incendiada una unidad de transporte de carga utilizada por los agremiados de la organización Unión de Comunidades Campesinas Marginadas (UCOCAM) generada en la asamblea comunitaria

El día 30 de mayo, después de volver de un tequio, integrantes de la asamblea fueron interceptados por el mismo sujeto y sus golpeadores a la altura del paraje Agua de Máscara. Genáro Gómez González, Daniel Romero Pérez y Roberto Pineda Monfil fueron detenidos, golpeados y torturados por el simple hecho de ser miembros activos de la asamblea, lo cual queda asentado en una queja ante el Ministerio Público y la comisión de la Oficina Regional mixta de derechos humanos de Huautla de Jiménez. Dicha queja nunca prosperó.

El saqueo de recursos y el nepotismo

El periodo en que ese presidente y sus cercanos ejercen el poder con autoritarismo y represión, es también el periodo en que inicia el desvío de recursos naturales y económicos del municipio. Zepeda favorece el saqueo de arena, grava y piedra de río para beneficiar a sus propias empresas y las de sus allegados, como la constructora que se encuentra a nombre de su yerno David Tello, otra de materiales pétreos a nombre de su esposa y una más a nombre de su hermano Vicente Zepeda. También concede cargos públicos a toda su familia, designando a su hijo Manuel como director de logística y mantenimiento del municipio, y a su hija Elisa Zepeda como directora del DIF y asesora de desarrollo municipal. Sin licitación de por medio, asigna obras a sus propias empresas –práctica contaria las formas tradicionales del pueblo pero muy cercana a la manera de actuar de los partidos políticos.

En junio del 2011 el huracán Beatriz azotó con fuerza el estado de Oaxaca causando graves daños en la sierra mazateca y en la comunidad de Eloxochitlán. Hubo decenas de damnificados y enormes daños a las siembras y al ganado de la comunidad. Algunos pobladores consideran que los daños causados fueron consecuencia de las obras en el río, ya que su cauce  fue modificado debido al saqueo de piedra y arena que anteriormente sirviera como protección natural de su cauce.

Ante la tragedia, Protección Civil hace acto de presencia en la comunidad y realiza un mapeo de los daños junto con el presidente municipal, a quien entrega recursos para ayudar a las familias damnificadas. Estos recursos sólo fueron entregados a sus seguidores, quedando excluidos del reparto los miembros de la asamblea comunitaria.

La cacería de brujas

Durante el 2012 se desata una cacería de brujas contra integrantes de la asamblea, decenas de delitos fabricados son usados para liberar órdenes de aprehensión en contra de ellos. Algunos huyen de la comunidad mientras otros se amparan.

Unos meses después, el huracán Ernesto pega en la Sierra Mazateca. En medio de las labores de reconocimiento de los daños, integrantes de la asamblea Comunitaria son emboscados por un grupo de al menos 30 hombres encabezados por el presidente municipal y acompañados por policías municipales que, sin mediar palabra, inician una agresión contra los pobladores, derivando en la detención de Pedro Peralta, quien luego de ser incomunicado y torturado por mas de siete horas, es trasladado al penal de Cuicatlán por los delitos de «portación de arma de uso exclusivo del ejército» (de fuero federal), sustentado con un arma que pertenecía al grupo agresor y «daños y lesiones» (de fuero común).

Actualmente continúa preso en el penal de Cuicatlán y su proceso se encuentra plagado de irregularidades. Cabe destacar que el policía municipal Feliciano Margarito Suárez, que fungía como comandante cuando Pedro fue detenido, alegó en la diligencia del 13 de octubre, que fue forzado a firmar el parte informativo y que el arma con la que fue presentado Pedro Peralta fue sembrada. Las conclusiones de esas diligencias no han llegado al juzgado 8 donde se lleva el proceso y dichas requisitorias son necesarias para cerrar la instrucción o proceso y que el juez dicte sentencia.

El juez del juzgado mixto de Huautla de Jiménez, Modesto Isaías Santiago Martínez, reclasificó el delito de tortura y lesiones contra Pedro, pero a la vez reactivó las órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nunca emitió medidas cautelares a pesar de la evidencia de tortura que se dictaminó en el peritaje realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el que concluye que en el proceso de Pedro, fue violado el Protocolo de Estambul.

Las movilizaciones por la liberación de Pedro no se hacen esperar, integrantes de la Asamblea Comunitaria ponen en marcha una campaña política y mediática para denunciar el caso y exigir su liberación. Movilizaciones sociales, información en medios libres y alternativos, volanteos y pintas, son sólo algunas de las acciones realizadas a las cuales la policía responde nuevamente con represión, como el día 20 de noviembre de 2012 cuando, previo al desfile cívico deportivo, Manuel Zepeda al frente de un grupo de policías agrede a la señora Leonides Fernández quien no permitió que retiraran la propaganda que se encontraba pegada afuera de su tienda, que exigía la liberación de Pedro Peralta y culpaba al presidente municipal de los hechos violentos ocurridos en los últimos meses en la comunidad.

Esa misma noche estaba planeada la salida de una caravana rumbo a la Ciudad de México para conmemorar el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, pero antes de salir, la caravana es interceptada por el grupo de choque, policías municipales y Manuel Zepeda, dando como resultado decenas de heridos, entre ellos niños, mujeres, ancianos y el periodista Fernando Palacios, como queda asentado en la alerta emitida por la organización Artículo 19 (dedicada a la protección y defensa de periodistas y de la libertad de expresión). Cabe destacar que a pesar de las evidencias, la delegada de la PGR en Oaxaca no ha girado órdenes de aprehensión contra los responsables del ataque. En los días siguientes la defensoría de derechos humanos de los pueblos de Oaxaca emite recomendaciones hacia el presidente municipal y medidas cautelares a favor los heridos. Días después se instalan mesas de diálogo entre el gobierno de Oaxaca, el presidente municipal y los afectados de la asamblea comunitaria.

Sin embargo este diálogo nunca prosperó; no se tomaron en cuenta las medidas cautelares ni mucho menos se hizo justicia.

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