Texto y fotos de Cacomixtle, Doo y José Aureliano Buendía
43 sillas escolares se mantienen al fondo de la explanada central en la normal de Ayotzinapa, las llamas de las veladoras encendidas desde hace tres meses se renuevan todos los días. A un costado, las fotos de Alexis, Gabriel, Julio, Cesar, Daniel y Alexander –asesinados por armas del Estado mexicano. La cancha de basquetbol se ha convertido en comedor, sala de lectura, salón de clases y altar en donde los padres de los estudiantes desaparecidos y asesinados, todos los días en la mañana, se detienen para levantar una oración, las palabras que don Mario dirige frente a la silla de César Manuel González solo él y el viento las conocen, sin embargo, es seguro que de ellas nace la esperanza de encontrar con vida a su hijo.
Días hostiles se viven en el estado de Guerrero, luego de los actos de violencia desatados por la policía federal el pasado 14 de diciembre por la madrugada, el movimiento por la aparición con vida de los 42 normalistas ha entrado en una nueva etapa. Las acciones emprendidas por la policía federal en contra de los normalistas y organizaciones sociales tratan de infundir miedo y volver a la paz que los empresarios y políticos exigen, aquella paz en donde se asesina y se desaparecen estudiantes con total impunidad.
Fotografía: Juan Manuel García
En Guerrero, una sociedad convulsa no deja de palpitar. Las constantes movilizaciones son la respuesta a un gobierno sordo, intransigente y carente de capacidad para atender las exigencias de un pueblo enardecido por las acciones y omisiones que han cubierto de sangre a todo el estado.
El día miércoles 17, alrededor de las 15 hrs, al menos 5 autobuses con normalistas y padres de familia arribaron al municipio de Ayutla de los Libres –región de Costa Chica– en donde marcharon junto a 4 mil habitantes provenientes de las comunidades mixtecas y tlapanecas de esta demarcación. Las exigencias eran la aparición con vida de los 42 normalistas y el retiro del ejército, apostado en las inmediaciones del puente El Ranchito, en la carretera Tierra Colorada–Cruz Grande.
Dicha acción fue acordada en una asamblea en la que participaron los comisarios de más de 70 comunidades, miembros del Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), así como policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG). La exigencia del retiro inmediato del ejército del cuartel municipal, ocupado desde hace año y medio por la tropa, surge ante el constante hostigamiento que los militares ejercen en contra de las organizaciones sociales que apoyan a los padres de familia de los normalistas desaparecidos por el narco gobierno estatal.
Antes de llegar a Ayutla pudo observarse a varios cientos de militares con equipo antimotín flanqueando la carretera en las inmediaciones de El Pericón, comunidad que vio nacer a Alexander Mora Venancio, normalista de quien recientemente se identificaron sus restos.
«Venimos ante usted para solicitar que elementos a su cargo respeten el libre tránsito de las personas y quiten los retenes que mantienen en el municipio de Ayutla, ya que los mismos lejos de brindar seguridad, causan actos de violencia y vulneran los derechos humanos de las personas de este municipio» señala uno de los maestros ante el mando militar que salió al frente del bloqueo, mismo que el ejército mantuvo sobre la carretera para impedir el paso del nutrido contingente hacia el cuartel municipal. Los soldados portaban fusiles de asalto que al acercarse el contingente colgaron a sus espaldas.
El maestro que daba lectura al documento señaló que la labor de la tropa en tareas de seguridad pública es inconstitucional y que además no es requerida, pues el pueblo es protegido por los policías comunitarios y ciudadanos que operan en la región, y que éstos son hostigados constantemente por los retenes militares.
«Aquí no los queremos» grita una de las madres de familia, «aquí se siembra maíz no amapola, si quieren agarrar a los narcos suban a la sierra, ustedes saben dónde se siembra. Aquí no los queremos, váyanse a Acapulco».
Ante la incompetencia declarada por el militar que salió al paso de la marcha, se tuvo que esperar a que llegara Mario Lucio González Cortes, comandante de la 27 zona militar, con sede en Acapulco, a quien fue entregado el oficio para solicitar la salida inmediata del ejército de las comunidades de este municipio, el cual, desde el 18 de noviembre inauguró los trabajos del Consejo Popular Municipal.
Iguala de la Independencia
Padres y madres de familia de los 42 normalistas también se manifestaron pacíficamente en la entrada del cuartel militar en la ciudad de Iguala el día 18 de diciembre. En esta protesta se le hizo un reclamo a la institución castrense por la omisión y la probable colusión en la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de los estudiantes; además se les señaló por estar coludidos con los grupos del narcotráfico.
Presentes en todo momento, la rabia y el dolor de los padres de familia, al grito de «ustedes los tienen» y «vivos los queremos» se pudieron observar en rostros de jóvenes soldados, correr lágrimas. Exigieron una reunión pública con las autoridades de dicho cuartel, para que ésta extienda una explicación de su actuación.
La actividad duró aproximadamente 4 horas y en todo momento se tuvo hostigamiento e intimidación por parte del ejército hacía los participantes; se dedicaron a fotografiar los rostros de quienes coreaban las consignas «no has muerto camarada, tu muerte será vengada», además, se presentó un grupo de alrededor de 250 militares con equipo antimotín, algo tal vez nuca se había visto en el país.
Estas acciones, emprendidas por los padres de familia, demuestran que están dispuestos a todo con tal de encontrar a sus hijos, las lágrimas y el sufrimiento de no saber en dónde están impulsa los puños en la lucha. Todo esta rabia organizada se da en un ambiente hostil creado por la ola de ejecuciones que ronda en el estado, en particular en la costa de Acapulco, en donde en los últimos días ha habido más de 30 ejecuciones extrajudiciales.
Aunado a esto, se encuentra el clima de represión y criminalización hacia la protesta social en todo el país, el terrorismo de Estado presente en las manifestaciones ha dejado una cadena de presxs políticxs y heridos de gravedad, desaparecidos y homicidios, todo bajo el discurso de «progreso» y «paz social».
Solidaridad incondicional entre estudiantes
En toda la jornada de lucha –emprendida desde hace ya 90 días, al igual que la búsqueda incansable de los normalistas– la solidaridad entre estudiantes de todo el país ha sido de acompañamiento, moral y económica (dinero y víveres), dejando claro que la lucha social no tiene vacaciones ni días festivos. Siguiendo este principio, varios estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, entregaron un apoyo económico de aproximadamente $30,000 a al comité de padres y normalitas de Ayotzinapa.
En el mismo sentido, una caravana de unos 40 jóvenes provenientes de diferentes universidades y colectivos estudiantiles llegaron para apoyar en las guardias de la Normal; a bordo de un camión pintado como cebra, los estudiantes del Comité de Solidaridad con Ayotzinapa acudieron a entregar acopio y a solidarizarse con los normalistas que aún en días festivos continúan en búsqueda de justicia y de sus 42 compañeros desaparecidos por el Estado mexicano.
En mi tercera edad avanzada, me conmuevo y desde Panamá, siento que estoy allí. Los 43 normalistas tocan con fuerza el corazón. Está más vivos que nunca. GRACIAS a SubVersiones por hacer docencia y mantenernos al día del dolor que vive nuestro México. VIVAN LOS PIES Y LAS VOCES que nos están enseñando lo que es la verdadera solidaridad ante el dolor.
Estoy de acuerdo los estos padres de familias, que han perdidos a sus hijos, que hagan presion para que les entreguen a sus hijos, segun ellos los tienen los militiares, pero no con violencia.