COP20, La otra realidad: Tribunal «José Tendetza» por los derechos de la naturaleza

Estas entregas forman parte de un análisis de la Caravana Climática para sumar un pequeño esfuerzo en la gran cadena de la resistencia contra la crisis climática, las causas que la originan y la demanda por justicia. El extractivismo voraz, la exponencial industrialización y urbanización salvaje aunadas a la exacerbada producción energética para sostener estos procesos, se configuran para construir escenarios presentes y futuros de inminentes catástrofes para la vida humana. Voces, rostros, pies que caminan en América Latina cuentan la historia desde la otra realidad.

Video por Zuiri Méndez:

Negocios. Destrucción. Muerte. Impunidad. ¿Injusticia? Durante el ámbito de las negociaciones entre representantes de naciones, ONG’s serviles y corporaciones transnacionales –para perpetuar el depredador sistema económico dentro del marco de la vigésima Conferencia de las Partes convocada por la ONU– se realizó paralelamente el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza «José Tendetza» en el centro de la ciudad de Lima.

El 5 y 6 de diciembre se realizó el Tribunal con participación de denunciantes y jurados de todo el mundo. La exhibición de atrocidades, impulsadas por capitales de todos los colores y legitimadas desde los gobiernos, pasan por megaproyectos de minería a cielo abierto, expansión de la frontera petrólera, imposición de megahidroeléctricas y mecanismos de lavado verde, programas de conservación con miras a privatizar bosques, geoingeniería y con ello todas las violaciones cometidas bajo el dogma del desarrollo que van desde el asesinato de activistas y defensores de territorios amenazados hasta la compra-venta y devastación de la naturaleza.

Cabe destacar que uno de los testigos en el caso de Cóndor-Mirador, quien fuera síndico de la comunidad Shuar de Yanúa en Ecuador, José Tendetza, fue encontrado muerto en el Río Zamora, después de que saliera el 28 de noviembre hacia una asamblea para después viajar a Perú para denunciar la devastación minera en la cordillera del Cóndor, territorio entre Ecuador y Perú.

A su vez se denunció el asesinato de cuatro líderes del Pueblo Asháninka, ocurrido el 1 de septiembre, a manos de la mafia que controla la tala ilegal que opera ipunemente en la Amazonia peruana. Durante la intervención en el Tribunal, la delegación asháninka de la comunidad de Saweto exigió la titulación de sus tierras así como el cumplimiento de justicia en el asesinato de Edwin Chota, Leonicio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos.

Además se reprogramó el caso del Yasuní en Ecuador para el segundo día de sesiones, después de que lxs integrantes de la Caravana Climática fueran retenidos y criminalizados por el gobierno de Rafael Correa lo que impidió que llegaran a tiempo a Lima. Pese a los obstáculos, lxs integrantes de la caravana arribaron alrededor de las 14:30 y fueron recibidos con alegría por los participantes en el Tribunal. No obstante el Chebús desapareció desde la mañana y se recibió un informe de la aduana de Guayaquil donde se formaliza la acusación contra lxs ambientalistas.

Cuando los gobiernos callan

«Este tribunal ético permanente es un llamado a la humanidad para encontrarnos con la Naturaleza. Esta instancia surge cuando los Estados no cumplen con su obligación de preservar la vida de los seres humanos» comparte Alberto Acosta, presidente del Tribunal, y ex-presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, aquélla en la cual se establecieron los derechos de la Naturaleza en la normativa nacional.

Los casos presentados

Conga: Perú

«Yanacocha es una herida profunda en la Madre Tierra, en Cajamarca», lamentó Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional Celendín. Sánchez relató durante la audiencia toda la trayectoria de contaminación de la empresa Yanacocha, propiedad de la minera Newmont. Asimismo, el ambientalista denunció que este proyecto destruiría las fuentes hídricas de la región. «Se verterían 85 mil toneladas diarias de relaves tóxicos durante 17 años», afirmó. Milton quien recordó que el presidente Humala no cumplió con su promesa de velar por el derecho al agua de las comunidades.

José de Echave, director de CooperAcción, manifestó que no se realizó una consulta previa, libre e informada a la población, a pesar de la vigencia de la Ley de Consulta. Además, resaltó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que se presentó era «inconsistente, incompleto y violaba normas nacionales».

Cóndor Mirador: Ecuador

La cordillera del Cóndor está atravesada por proyectos mineros a gran escala, como es el caso del Mirador. «Si no hubiera mineria en nuestras tierras, José seguiría vivo» afirmó el dirigente achuar Domingo Ankuash quien también condenó el asesinato de Tendetza por la persistencia para implementar este proyecto.
«La Naturaleza y los seres humanos somos aliados, si uno desaparece, el otro también» reflexionó Ankuash quien pidió recordar y mantener la lucha de José Tendetza. Por su parte, Narcisa Aucay, habitante de la región, manifestó: «No nos van a callar. Nos han enseñado a vivir libremente, con honor y con dignidad».

British Petroleum: Golfo de México

Esperanza Matínez, de la organización Oil Watch, presentó el caso de la explosión, en 2010, de la plataforma petrolífera ubicada en el Golfo de México que causó el derrame de aproximadamente 5 millones de barriles de crudo y la muerte de 11 trabajadores. Martínez calificó este derrame como «el más grave de la humanidad» y denunció la afectación de las especies que habitan en el mar. Asimismo, puso en conocimiento del Tribunal que el sistema de limpieza que empleó la empresa BP provocó que las partículas de petróleo se hicieran más pequeñas, lo que facilitó que fueran absorbidas por las especies. Las nuevas evidencias posibilitan la reapertura de este caso que fue juzgado anteriormente en la primera sesión del Tribunal.

Belo Monte: Brasil

El Tribunal también escuchó el caso de Belo Monte, la megarepresa que está construida al 50% y que se convertirá en la tercera más grande del mundo. Es la primera de una serie de proyectos que serán realizados sin respetar el convenio 169 de la OIT, que prevee la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas. Sonia Guajajara, la presentadora del caso, llama la atención sobre los afectados que se sitúan en los cauces de los ríos a los cuales les alterarán el curso, quienes no fueron considerados durante el proceso de implementación de Belo Monte. Sonia afirma que una vez más los pueblos se ven sometidos a lógicas que provocan la destrucción y despojo de sus territorios y afirma que este concepto de desarrollo y modelo no corresponde al suyo. «Para nosotros vivir bien es vivir en nuestras tierras con libertad, pero este modelo expulsa a las personas y altera el modo de vida originario». Ellos luchan ahora por la no repetición de proyectos como éste y para impedir que propuestas como la enmienda a la constitución PEC 215 sean aprobados. La PEC 215 autoriza que grandes construcciones sean realizados sin respetar el derecho a la consulta, autoriza revertir la titularidad de las tierras indígenas y designa al Congreso Nacional como el responsable para asignar las tierras indígenas. Aún sigue la amenaza pero hasta ahora el movimiento de los pueblos organizados ha logrado retrasar la aprobación. En Brasil, durante los últimos 3 años, el movimiento indígena ha intensificado la lucha contra las hidroeléctricas.

Pluspetrol: Perú

Respecto al caso del Lote 192 en la selva loretana, se apersonó José Fachín de la cuenca del Pastaza. Relató al Tribunal que hace un año fue encarcelado, torturado y judicializado. Afirma que «desde hace más de cuarenta años la actividad petrolera ha generado muerte humana y animal». A pesar de que el Estado ha declarado un «estado de emergencia» denuncia la inacción del gobierno y de la empresa Pluspetrol. Exigen sancionar a la empresa y que se determinen las responsabilidades del gobierno peruano por no proteger sus derechos y los de la naturaleza.

Chevron-Texaco: Ecuador

También se expuso en el Tribunal el caso de la empresa Chevron-Texaco la cual explotó petróleo desde el año 1967 en plena amazonía ecuatoriana. La corporación construyó 860 piscinas donde se arrojaron los desechos tóxicos para así elevar sus ganacias sin importarles los daños al ecosistema. En la actualidad, existen más de dos mil casos de cáncer atribuibles a los tóxicos desechados por la actividad petrolífera. Pablo Fajardo, abogado de las víctimas de Chevron concluye que «se ganó el caso, pero no se limpia la amazonía ecuatoriana»; además informó que Chevron no acepta las sentencias de remediación del ambiente, por lo que se genera una afectación a los derechos internacionales donde se debe regular la actuación de las corporaciones para frenar sus voracidad.

Baguazo: Perú

El domingo el Tribunal abrió una audiencia al caso de Bagua, por el cual después de cinco años, 52 líderes indígenas tienen juicios en su contra. Ismael Vega, antropólogo del Centro Amazónico de Antropología y Ampliación Práctica (CAAAP) calificó el Baguazo de «caso emblemático», pues según el experto, este caso podría volver a repetirse de no modificarse las actuales políticas y condiciones. «Bagua visibiliza el desencuentro entre la población indígena y el Estado. Esta falta de diálogo sigue vigente», sentencia Vega.

Miguel Jugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hizo mención al contexto que motivó las protestas. La «Ley de la Selva» se refiere a la aplicación de diez decretos legislativos y leyes en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y EE.UU. que tratan sobre la vida de los pueblos indígenas. A raíz de ello, en 2008 comenzaron las protestas de pueblos indígenas amazónicos, las cuales fueron confrontadas por las fuerzas gubernamentales. Jugo denunció las irregularidades que rodean el proceso judicial contra los indígenas, «el juicio es contrario al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la etapa de instrucción se realizó sin traductores». Añadió que «no existen pruebas que comprometan a los 52 procesados».

Fracking: Estados unidos, Bolivia

«No se puede hacer fractura hidraúlica de manera segura. Nunca debió inventarse esta técnica. Es una de las formas más destructivas del ambiente que jamás se haya visto», afirmó contundente Shannon Biggs, directora de Movement Rights. La especialista estadounidense afirma que en este país existen 800,000 pozos activos de gas y petróleo, y se producen unos 300 mil barriles al día de gas natural. Biggs alerta de la contaminación del agua, debido a los químicos que se emplean, como consecuencia del uso de esta técnica. También alerta que el fracking causa terremotos en zonas que nunca habían experimentado este tipo de fenómenos. Cassey Camp, indígena estadounidense de Oklahoma, lamenta: «Morimos por el uso del fracking. La población se enferma de cáncer, mi hermana también ha muerto. El agua está contaminada, no podemos pescar. Estamos en peligro de extinción».

Desde Bolivia también se denunciaron los planes de desarrollar a gran escala la fractura hidráulica sobre sus suelos. En los últimos años se ha incrementado la producción y exportación de gas natural; durante los años 2000 a 2012 se incrementó en un 382.6%. Sin embargo, exportan el 82.4% de su producción. La exportación de este hidrocarburo genera más de 6 mil millones de dólares al año, como informó el especialista Martín Vilela, de la Plataforma Reacción Climática.

Bolivia tiene 8.23 trillones de pies cúbicos de gas, e YPFB planea invertir 40,670 millones entre 2013 y 2015. Vilela explicó que en 2013 esta corporación firmó un convenio para realizar fracking en la zona del Chaco, un área escasa de agua. De ponerse en marcha, la extracción de 48 trillones de pies cúbicos de gas de esquisto consumiría entre 112 y 335 mil millones de litros de agua.

Falsas soluciones al cambio climático y REDD

El Tribunal escuchó dos casos relacionados, uno sobre cambio climático y sus falsas soluciones y el otro sobre los mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+). Dentro del caso del cambio climático, se expuso el caso de contaminación y aumento de temperatura que afecta a Nigeria. Este continente está atravesado por yacimientos petroleros y gasoductos que han provocado una profunda degradación ambiental, deforestación, innumerables derrames de crudo, entre otros. Unas deplorables condiciones de vida que han provocado que la esperanza de vida en esta zona sea de 44 años.

Aunado a ello, los estragos del cambio climático pueden tener consecuencias catastróficas. El activista Nnimmo Bassey afirma: «Por cada grado que aumente la temperatura a nivel global, en África, se incrementaría un 50% más». En 2012 se produjeron unas inundaciones en Nigeria que provocaron la reubicación de 6 millones de habitantes. El activista afirma que en 2030 se incrementarán en África un 54% más  los conflictos violentos por la falta de acceso a recursos naturales.

En la audiencia contra las falsas soluciones, se denunciaron técnicas como geoingeniería que busca manipular el clima sin cambiar las condiciones que provocan el cambio climático.

Asimismo, se sometieron a juicio los REDD. En Brasil la existencia de este mecanismo está muy presente. El apu Ninawá denuncia a los mismos: «Los REDD presentan una propuesta mentirosa. No aceptamos que se comercialice con la naturaleza porque es nuestra alma y espíritu. No tiene precio, es nuestra voz». Ruth Nyambura, ecologista de la organización Red de Biodiversidad de África, afirma que en Kenia como consecuencia del mecanismo REDD se producen desalojos: «Cuatro indígenas fueron arrestados y una mujer fue golpeada por los servicios forestales por estar en su tierra».

El Gran Arrecife de Coral australiano

Este arrecife es el sistema de corales más grande del mundo. Es la estructura conformada por organismos vivos más grandes que puede ser vista desde el espacio. Es considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO, institución que advirtió, en 2011, al gobierno de Australia por ver amenazada esta estructura debido a la expansión de puertos, especialmente para la exportación de carbón, el dragado, los sedimentos agrícolas y los desarrollos industriales cercanos al mismo. Erin Fitz, de Alianza Nacional, condenó la violación de derechos del arrecife de coral, y destacó la gran biodiversidad que podría destruirse: «Este arrecife está compuesto de más de 600 tipos de corales y por más de 100 especies». El Tribunal dictó sentencia condenatoria para este caso.

La explotación petrolera del Yasuní

Desde el 2013 el gobierno ecuatoriano permitió la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad en el mundo, que alberga a dos naciones indígenas en aislamiento voluntario.

El hecho provocó que un grupo de jóvenes (Yasunidos) se uniera en protesta y defensa por los derechos de la naturaleza –que están contemplados en la Constitución de Ecuador-. Yasunidos juntó más de 800 mil firmas para someter a consulta popular la explotación petrolífera en el Yasuní; sin embargo el pedido fue rechazado puesto que las instituciones electorales invalidaron el 60% de las rúbricas de manera fraudulenta.

Por todos estos sucesos, Yasunidos ha demandado al gobierno ecuatoriano, al mando del presidente Rafael Correa, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y están a la espera de que su denuncia llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.