Autoridades migratorias mexicanas impiden ayuda humanitaria a migrantes centroamericanos

Por Martha Pskowski

 

Aunque los activistas por los derechos de las personas migrantes son cada vez más directos al demandar tratos justos y conforme a la ley para los migrantes en México, en meses recientes se han registrado ataques y demandas a dichos activistas que tratan de dar este apoyo a los migrantes.

El Plan Frontera Sur ha militarizado las instituciones de seguridad pública responsables de los asuntos de migración en el sur de México que vulneran a los «transmigrantes» centroamericanos. Ante ello los defensores de los derechos de los migrantes han adoptado nuevas estrategias, como la documentación de irregularidades en las instituciones migratorias y enfrentando directamente detenciones ilegales o injustas. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha violado los derechos de nacionales y extranjeros que trabajan con migrantes en los estados de Oaxaca y Tabasco, dejando sin resolver las contradicciones en el sistema migratorio, y la corrupción de los oficiales de migración. Los activistas cuestionan si esos ataques se deben a la exigencia de rendición de cuentas de los oficiales de migración.

La ley contra la práctica

La Ley de Migración –reformada en 2011– es innovadora en muchos sentidos, pues extiende mayores protecciones a los migrantes en el país, incluyendo a los numerosos migrantes centroamericanos que atraviesan México en su camino a Estados Unidos, referidos éstos como «transmigrantes». Sin embargo, los oficiales del INM violan sistemáticamente la ley, imposibilitando las protecciones que merecen conforme a la misma.

Wilson Alexi Stothard, nacido en Honduras, es ahora residente mexicano y trabaja en el albergue para migrantes Hermanos en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. En una entrevista describió la situación como «la ley contra la práctica». Los defensores de los derechos de los migrantes han trabajado para llenar los vacíos que han hecho que el Estado falle al llevar el lenguaje de los derechos a la realidad.

Una importante función del albergue de Ixtepec es proveer ayuda legal a los migrantes y un lugar físico mientras completan el proceso de regularización. La Ley de Migración de 2011 afirma el derecho de los migrantes –que sufren un crimen en México– de recibir una visa humanitaria para permanecer en el país. Sin embargo, este proceso tarda varios meses, pues el solicitante debe hacer varias visitas a la oficina central de migración para firmar papeles y hacer declaraciones. El albergue tiene las instalaciones para alojar centroamericanos que buscan visas de trabajo o humanitarias.

Stothard mismo recibió una visa humanitaria después de ser víctima de un ataque violento en Oaxaca. Asegura que «aunque tenemos el derecho a recibir visas si somos víctimas, Migración está tratando de que la menor cantidad de extranjeros reciban papeles en México».

Críticos al Plan Frontera Sur han sido atacados recientemente

El Plan Frontera Sur –anunciado en julio por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto– entró en vigor en agosto pasado y está diseñado para reducir el flujo de migrantes hacia la frontera entre México y Estados Unidos. El Plan recibirá $86 millones de parte del gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida y está formulado con un lenguaje que protege a los migrantes, pero quienes trabajan directamente con ellos en Centroamérica, han criticado fuertemente la estrategia porque pone en riesgo a los migrantes al incrementar el número de operativos para detener a migrantes en la Bestia, táctica que había prácticamente desaparecido debido a la protesta de los grupos de derechos humanos. Para evitar los operativos y la deportación, muchos migrantes tratan de saltar del tren, causándose lesiones o la muerte.

El Plan Frontera Sur también incrementa la velocidad del tren para desanimar a los migrantes de subir en él. Sin embargo, Fray Tomás González Castillo del Albergue Migrante de Tenosique, Tabasco dice que «ignorancia es pensar que modernizando el ferrocarril se solucionará el tema de la migración» pues «la Bestia es el transporte obligado».

Un grupo de defensores de los derechos de los migrantes asociados con Hermanos en el Camino –algunos de ellos centroamericanos– tomaron la tarea de documentar las actividades de oficiales de migración a través de la ruta del tren. Armados con videocámaras y teléfonos celulares, abordaron La Bestia en Ixtepec el pasado 18 de Septiembre con la intención de llegar a Medias Aguas, Veracruz. Sin embargo, cerca de Chivela, Oaxaca, los cuatro activistas fueron atacados por oficiales del INM y sus equipos fueron confiscados sin explicación alguna.

Desde el inicio del Plan Frontera Sur y el incidente en Chivela en septiembre, Hermanos en el Camino ha documentado 57 crímenes contra migrantes que llegan al albergue, que un coordinador describió como un incremento del 90%.

Respondiendo a estas circunstancias, un nuevo albergue abrió en Chahuites, Oaxaca, donde muchos más migrantes están abordando el tren porque no pudieron hacerlo en Arriaga, Chiapas. Stothart también ha trabajado en Chahuites dando ayuda humanitaria directa y comenta al respecto que los migrantes que llegan ahí han tenido que caminar durante varios días en áreas desoladas donde miembros del crimen organizado les esperan para asaltarlos y dejarles abandonados. También destaca que muchas mujeres son víctimas de violación en el trayecto, y que todo esto pasa bajo la mira del gobierno y los medios de comunicación.

El INM criminaliza el trabajo humanitario

El 5 de Noviembre el albergue ubicado en Tenosique, Tabasco –el punto de entrada a la ruta norte, o del «Golfo»– denunció acciones por parte del INM para difamar a Fray Tomás González Castillo, fundador y director del recinto. El comunicado asegura que un oficial del INM llamado Marvin Agustín Tapia Nava, hizo declaraciones diciendo que el 29 de Septiembre de 2014, mientras recibía a Fray Tomás –quien estaba supuestamente a bordo de su camioneta pick-up– lo tomó de la mano e hizo andar el vehículo en reversa, arrastrándolo por más de cien metros y causándole heridas graves.

En una visita al albergue de Tenosique, SubVersiones observó un grupo bien organizado y motivado de voluntarios bajo el liderazgo efectivo de Fray Tomás, quien fue muy correcto con la policía local que monitoreaba el albergue. El comunicado del 5 de Noviembre continúa diciendo que la imputación es bastante improbable y falsa y que es parte del incremento alarmante en la persecución y la criminalización de parte del INM contra los migrantes en el albergue y contra aquellos que dan ayuda humanitaria en dicho espacio. Se enumeran cinco incidentes durante 2014 en que agentes del INM violaron los derechos humanos de los migrantes o de activistas humanitarios.

Más tarde, a fines de noviembre de 2014, un extraño incidente se suscitó en Tapanatepec, Oaxaca cuando activistas mexicanos y centroamericanos sufrieron directamente la aplicación selectiva de las leyes migratorias por parte de oficiales de migración, quienes les impidieron hacer su trabajo humanitario. Stothard, Jessica Cárdenas, coordinadora del albergue de Ixtepec, e Irineo Mújica Arzate, coordinador del albergue de Chahuites, acompañaban a un grupo de diez migrantes centroamericanos a las oficinas de migración de Salina Cruz. Todos los migrantes habían llegado al albergue de Chahuites y habían sido víctimas de diferentes delitos desde su cruce a México, como ya lo habían denunciado en el punto de inspección de migración en Tapanatepec, cerca de Chahuites. Sin embargo, para continuar el proceso tenían que trasladarse a Salina Cruz, una de las dos oficinas en el estado autorizadas para emitir visas. Para llegar a Salina Cruz tuvieron que viajar a través de un área sumamente monitoreada por agentes de migración.

Aunque el grupo ya había completado el papeleo necesario para probar su situación legal en México y podían pasar por los puntos de revisión de migración, Stothard, Cárdenas y Mújica Arzate decidieron quedarse a acompañar a los migrantes. Stothard explica que, «tenían todo lo necesario para presentar su caso conforme a la ley, pero nos quedamos con ellos porque ya sabemos cómo operan las autoridades migratorias».

Esta decisión fue acertada, pues el autobús fue detenido en Tapanatepec por oficiales de migración que pedían ver sus papeles. Stothard, Cárdenas y Mújica Arzate se rehusaron a permitir que los oficiales bajaran al grupo de migrantes del autobús. Mientas Stothard filmaba, los otros dos explicaban detalladamente a los oficiales el proceso legal ya iniciado y mostraron el papeleo como evidencia.

Ni los oficiales de migración ni los activistas cedían. Mientras unos evitaban que los oficiales bajaran a los migrantes del autobús, los otros se rehusaban a permitir que el autobús siguiera su camino en tanto los migrantes estuvieran abordo, a pesar de los papeles que habían sido presentados. Sin embargo, permitieron que el resto de los pasajeros se bajaran del autobús, pues, en palabras de Stothard: «el chofer se bajó del autobús y lo dejó abandonado ahí». Sólo los migrantes, los activistas y el INM permanecían en el lugar.

Doce horas después llegaron a un acuerdo, sobre todo después de que los activistas hicieran público el caso en las redes sociales. Stothard afirmó «ahora tienen miedo porque saben que estamos filmando todo, no pueden salirse con la suya». Al final, Migración transportó al grupo de centroamericanos a Ixtepec, donde continuaron con su proceso legal y nadie fue detenido para ser deportado. Aceptaron expandir los servicios legales disponibles para migrantes en Tapanatepec, para que no tengan que viajar a Salina Cruz para los servicios legales.

Exponiendo la duplicidad del INM

El hilo conductor de los tres incidentes –los de Chivela, Tenosique y Tapanatepec– es la intimidación hacia defensores de los derechos humanos que han expuesto irregularidades y violaciones a los derechos humanos por parte de oficiales del INM. Estos incidentes son de particular preocupación porque algunos de los actores involucrados, como Fray Tomás, son parte del programa federal de medidas cautelares para garantizar la seguridad de los defensores. Otros, como Stothard o como el guatemalteco Gonzalo González, presente en Chivela, son residentes legales en México con visas humanitarias.

La protección a los «transmigrantes» en México, imperativa en la Ley de Migración y el Plan Frontera Sur, son de especial preocupación para activistas en Chahuites. Stothard explica que el albergue en Chahuites no tiene seguridad adecuada y teniendo en cuenta que varios migrantes han sido víctimas del delito en los alrededores, quedarse ahí significa estar «en el ombligo de la bestia». Quedarse en Ixtepec representa tener más seguridad y estar más cerca de las oficinas de migración. Empero, oficiales de migración actuaron explícitamente en contra del grupo de «transmigrantes», quienes llevaban consigo la documentación necesaria para ir a Ixtepec. Estos activistas mostraron cómo el lenguaje de derechos y protección en la ley de migración sólo son palabras que enmascaran la política de detención y deportación.

Activistas planean desarrollar estrategias que respondan a realidades actuales de políticas de migración según el Plan Frontera Sur. Stothard asegura que la confrontación en Tapanatepec «no fue planeada, pero ahí estábamos y no podíamos retroceder». Dice que «el Estado y sus oficiales, junto con el crimen organizado, trabajan en contra de los intereses de los migrantes». Pero como las acciones recientes muestran, los «transmigrantes» en México tienen fuertes defensores en la sociedad civil que no tienen miedo de exponer la corrupción y las contradicciones en las políticas de migración.

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