Maíz transgénico y reforma agraria amenazan al campo mexicano

Yo soy del merito Valle y vengo a participar
En este evento grandioso, situado en este lugar
Hoy es un día formidable, celebrarlo es buen motivo
Día Estatal y Nacional de nuestro Maíz Nativo
Yo les suplico a toditos, no debemos aceptar
Este maíz transgénico pues nos viene a perjudicar
Pero antes de despedirme, yo les vuelvo a suplicar
Que nuestro Maíz Nativo lo debemos de conservar
Ya con esta me despido para regresar feliz
Cuidemos el Maíz Nativo que es nuestro mejor Maíz!

 Daniel Aragón, campesino-poeta
de San Felipe Apóstol, Oaxaca

A las 8 de la mañana del lunes 29 de septiembre –Día Nacional del Maíz–, la explanada municipal de Santiago Apóstol ya estaba llena de gente, listos los puestos de comida tradicional a base de maíz criollo, afinados los detalles del escenario, preparadas las autoridades para recibir a los huéspedes. La comunidad estaba lista para el Festival del Maíz Nativo, organizado por el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Francisco Toledo, reconocido pintor oaxaqueño e impulsor de la campaña México dice no al maíz transgénico, llegó en calidad de invitado e inauguró frente a las cámaras una semana de eventos en Oaxaca relacionados con el maíz, que se extenderían hasta el 4 de octubre con el Día del Amaranto.

Después de la ceremonia tradicional empezaron las actividades. Si algún despistado pensaba hasta ese momento estar en una feria de productos típicos, al escuchar la primera intervención no cupo la menor duda de que se trataba de un acto político en el qué se reafirmaría el valor de una cultura en aras de luchar contra quien la quiere desaparecer.

La defensa del maíz nativo en Oaxaca ha sido un referente nacional para la lucha por los derechos campesinos y la defensa de las semillas criollas. Por eso no es de sorprender que los comentarios y preguntas de los representantes comunitarios que asistieron al evento, hayan transformado muy rápidamente las ponencias de los expertos en debates abiertos. Iván Hernández Baltazar, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) y Ángel Alberto Hernández Rivera, defensor de Derechos Humanos e integrante de la Asociación Civil Tequio Jurídico, se encontraron muy pronto involucrados en una charla colectiva que fue más allá de los transgénicos, abarcando temáticas fundamentales como la soberanía alimentaria y la autonomía misma de las comunidades. Y eso porque en Oaxaca, como en muchas otras parte de México, el maíz no es una planta, una semilla o un simple alimento: el maíz es la vida.

Fotografía: Edith Morales Sánchez

Los alimentos transgénicos y los riesgos para la salud

Con este título arrancó la ponencia de Iván Hernández Baltazar, quien empezó por recordar lo que es el maíz transgénico: un maíz modificado al cual le transfieren genes de otros organismos como virus o bacterias a través de técnicas de laboratorio, con el fin de producir algo que naturalmente no podría existir. Desde luego, la transgénesis produce efectos inesperados e incontrolables. Por ejemplo, el investigador citó los experimentos de inserción de una proteína en forma de cristal capaz de matar las larvas del gusano cogollero que daría como resultado un maíz ya dotado en su interior de un insecticida. La otra cara de la moneda, de lo que podría parecer un avance de la tecnología agrícola, es que esta proteína se sintetiza en todas las partes de la planta: en el tallo, haciéndolo más leñoso y no apto para el consumo del ganado; en el polen, provocando contaminación en los insectos polinizadores y las nuevas plantas polinizadas; en los granos de la mazorca, afectando por medio de toxinas los órganos filtradores del cuerpo humano.

Científicos de diferentes partes del mundo, de hecho, han demostrado que el maíz y la soya transgénicos dañan riñón, hígado y estómago, relacionando el consumo de alimentos genéticamente modificados con el surgimiento de malformaciones y enfermedades crónicas. Sin embargo, existen otras publicaciones que niegan estos efectos dañinos, y Hernández Baltazar recomienda que se tenga cuidado con estas informaciones falsas porque «se trata de estudios científicos financiados por las empresas agroindustriales y utilizados por las mismas, para la promoción de sus productos, que no toman en cuenta las consecuencias a largo plazo del consumo de dichos alimentos». Por lo contrario, es fundamental que los estudios realizados sean a largo plazo, y que no consideren sólo el material transgénico sino también la combinación entre el transgénico y los agroquímicos asociados como el glifosato, el herbicida más difundido y cuya estructura molecular se comporta como una esponja, absorbiendo elementos químicos responsables de modificaciones en varias funciones del cuerpo humano.

Según Hernández Baltazar, la mala fe de los gobiernos y las empresas es evidente no sólo porque utilizan estos estudios incompletos con fines propagandísticos y legaloides, sino también porque no quieren aplicar el principio precautorio, un concepto plasmado en el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología (2000), firmado por el Estado mexicano, que respalda la adopción de medidas protectoras y que permite prohibir productos o tecnologías que puedan perjudicar la salud pública o el medio ambiente.

En la Unión Europea, por ejemplo, sólo está permitida una variedad de maíz transgénico, la Mon810, que se siembra principalmente en España. En muchos otros países europeos, la siembra de transgénicos se encuentra totalmente prohibida (así es en Francia, Italia y Polonia, donde la protesta vino de los apicultores que se dieron cuenta que el polen transgénico estaba matando las abejas). Y eso, a pesar de que ninguno de estos territorios sea centro de origen del maíz, característica que en cambio tiene México, donde absurdamente las variedades de transgénicos aceptadas son 20.

Fotografía: Edith Morales Sánchez

La zona que actualmente enfrenta la amenaza de siembra de maíz transgénico a gran escala, se ubica en los estados del norte de México, en virtud de que no son reconocidos como centros de origen y diversidad. Sin embargo, no queda claro cómo el gobierno y las empresas piensan detener la contaminación que derivará de la siembra de los 5 millones 973 mil hectáreas en Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa y Baja California Sur que Monsanto, Dow AgroSciences, PHI México y Syngenta Agro han pedido entre el 7 de septiembre de 2012 y el 3 de septiembre de 2013, según el semanario Proceso.[1]

La imposibilidad de frenar la contaminación transgénica, sirvió como argumento para la suspensión en la entrega de autorizaciones dictada el 17 de septiembre 2013 por el Juzgado XII en Materia Civil del Distrito Federal, en el juicio de demanda colectiva que interpusieron organizaciones civiles contra la Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y contra sociedades productoras de maíz transgénico. Hasta la fecha, como lo ha documentado SubVersiones, los amparos solicitados por las empresas para cancelar esta medida precautoria han fracasado por fallos judiciales pero sería muy ingenuo pensar que las instituciones involucradas no seguirán en su intento. La fuerza de la sociedad sigue siendo la información y la denuncia colectiva. Una colectividad que estorba al gobierno y a las multinacionales y cuya desaparición constituye de hecho, el núcleo de la reforma a la Ley Agraria.

La nueva reforma a la ley Agraria y su impacto en la difusión de los transgénicos

La segunda ponencia fue la del abogado y defensor de los Derechos Humanos Ángel Alberto Hernández Rivera, quien resumió la iniciativa de reforma a la Ley Agraria. Con esta reforma se pretende otorgar a los campesinos el dominio pleno sobre sus ejidos y comunidades. Dicho de otro modo, se quiere privatizar la tierra, dividir las instituciones comunitarias y desaparecer los bienes comunales.

Cabe recordar que la propiedad colectiva ha sido hasta ahora –y a pesar de la reforma al artículo 27 de 1992– lo que ha protegido a los pueblos contra el despojo, siendo sus ejidos y comunidades inalienables, imprescriptibles e inembargables (o sea que no se pueden vender, que nadie adquiere derechos de propiedad privada por el sólo transcurso de tiempo y que no se pueden embargar por ninguna deuda). Quitar estas tres garantías establecidas gracias al empuje revolucionario de principios del siglo XX podría suscitar intensas movilizaciones sociales. En cambio, otorgar el dominio pleno de las parcelas significa destruir la condición comunal de la tierra, quitándole de esta manera la protección de la ley sin la necesidad de eliminar los derechos reconocidos. Esta medida, junto con la eliminación de lo que se conoce como derecho del tanto y que regula la compra de las parcelas según el orden jerárquico que la ley establece (cónyuge, concubina/o, hijos, ascendientes, pobladores de la misma comunidad), permitirá a quien detenta el dominio pleno de una parcela de enajenarla a otros ejidatarios o avecindados o bien a personas extrañas al ejido. Además, en la nueva redacción de la ley la asamblea ejidal y comunitaria estará obligada a otorgar el dominio pleno al ejidatario sobre su parcela en el plazo de un año y en caso de que no lo haga, un grupo de ciudadanos podrá dar cuenta a la Procuraduría Agraria, para que ésta expida constancias de no reunión de asamblea en plazos de 30 días.

Fotografía: Edith Morales Sánchez

La violencia de estas medidas “reformadoras” es evidente. Privatizar las tierras comunales significa violar los derechos a la consulta previa libre e informada, a la libre determinación, y a todos los derechos territoriales y humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. El abogado Hernández Rivera destacó además que a largo plazo, la reforma debilitará la soberanía alimentaria, acelerará la destrucción de lugares sagrados, la identidad y autonomía de las comunidades, la contaminación del territorio, generando mayor pobreza, migración y desplazamientos.

El paquete económico México Próspero

El 6 de noviembre de 2013, en la XXX Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, Enrique Peña Nieto habló de la reforma a la Ley Agraria como si ya fuera un hecho, describiendo las modificaciones al programa Procampo (ahora Proagro Productivo), como parte de la meta nacional México Próspero que tiene como objetivo capitalizar el campo.[2]

Puesto en marcha el 8 de enero de 2014, con la presentación de 25 programas de la Sagarpa, México Próspero cuenta con un presupuesto de 338 mil millones de pesos afectados a la producción de fertilizantes, la productividad en el sector agroalimentario y la producción de biocombustibles. El 5 de marzo de 2014, el gobierno de la República y el oaxaqueño firmaron un acuerdo para implementar el programa en el estado, con un presupuesto de 14 500 millones de pesos destinados a agricultura, pesca y ganadería.

Cabe destacar que, dentro la meta de México Próspero, los objetivos 3 y 4 hablan de promover la generación y aprovechamiento de energía renovables, la producción de bioenergéticos y biofertilizantes y de impulsar la conservación, caracterización, evaluación, promoción, organización y utilización de los recursos genéticos agrícolas, pecuarios y avícolas. La referencia a los transgénicos es evidente, no sólo en lo referente al maíz sino a todas las semillas originarias que constituyen el patrimonio genético del campo mexicano.

Fotografía: Edith Morales Sánchez

En conclusión, el abogado lamentó la falta información que hubo alrededor de los llamados foros nacionales temáticos sobre sanidad y biotecnología, consistentes en 7 encuentros regionales con vocación territorial y 32 foros estatales para los cuales no se hizo ninguna propaganda. En Oaxaca el encuentro se realizó el 26 de mayo de 2014, pero pasó desapercibido. Los comuneros presentes en el Festival del Maíz Nativo aseguraron no haber tenido conocimiento de dicho ejercicio «participativo».

De acuerdo con Ángel Hernández Rivera, la nueva reforma a la Ley Agraria fue diseñada el día 5 de junio de 2014, cuando se reunieron las secretarios de Desarrollo Social, de Hacienda, de Medio Ambiente, de Economía, de Educación Pública, de Comunicaciones y Transportes, de Salud, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Agricultura, la Comisión Nacional del Agua y Pemex, y la fecha para la presentación definitiva de las modificaciones fue fijada para el día 31 de julio de 2014. Sin embargo, la nueva reforma todavía no ha sido promulgada. «¿Qué estarán esperando?» —se preguntó abiertamente el abogado.

Al difundirse en agosto de 2014 la noticia que este año no habrá reforma profunda para el campo, el secretario de Sagarpa Enrique Martínez y Martínez aseguró que la reforma está en proceso y que se harán las modificaciones cuando la agenda legislativa lo permita. Hernández Rivera recuerda que el mismo secretario, el día 3 de noviembre de 2013, durante la presentación del programa «Un nuevo campo para México», dijo que Procampo estaba destinado a fertilizantes y semilla mejorada y que Pemex y Sagarpa estaban dando cumplimiento al programa para lograr que el 80% de fertilizantes empleados en el campo mexicano sea de producción nacional. Desde luego, todos estos recursos tienen un destino clave: atender las demandas campesinas con la distribución de más productos químicos e industriales, esperando la aprobación de una reforma que abra paso al agronegocio y a la siembra de transgénicos.

A pesar de las protestas y las demandas de la sociedad civil ante organismos internacionales, el campo mexicano sigue amenazado por una política de despojo y explotación. En noviembre de 2014 el Tribunal Permanente de los Pueblos emitirá su sentencia pronunciándose, entre otros asuntos, contra los atropellos y el daño al maíz nativo. En la espera de esta resolución de valor internacional, la resistencia sigue.

Materiales consultados

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 – IV. México Próspero, Gobierno de la República
• Análisis Iniciativa de Reforma a la Ley Agraria, Tequio Jurídico

[1] Datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)
[2] «El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) es un programa nacido en 1993 con el objetivo de complementar el ingreso económico de los productores del campo mexicano, para contribuir a su crecimiento económico individual y al del país para incentivar la producción de cultivos lícitos, mediante el otorgamiento de apoyos monetarios por superficie inscrita al Programa.» Sagarpa.